Tragedia ferroviaria en Argentina. Por la reestatización del sistema ferroviario

La tragedia de la estación de ONCE es una tragedia de clase, porque somos principalmente los trabajadores y nuestras familias los usuarios de la línea Sarmiento así como del resto de ramales ferroviarios del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, por eso fueron trabajadores y trabajadoras casi todos los fallecidos y heridos en el accidente. Si se ha cometido un crimen acá, por negligencia e indiferencia hacia los problemas del sistema ferroviario nacional, este es un crimen cometido contra la clase obrera.

Este accidente y la envergadura de sus consecuencias ha abierto un enorme debate en el país sobre el modelo ferroviario argentino y las alternativas que se presentan para mejorarlo.

Aparentemente, la locomotora implicada en el accidente recién había superado una revisión de su sistema de frenado, cuya rotura en la parte final del trayecto, según todas las fuentes testigos del hecho, fue lo que provocó el choque de la formación con el paragolpes del andén. En palabras del delegado de la Línea Sarmiento, Rubén “Pollo” Sobrero “fue un accidente extraño”. En sus primeras declaraciones, el guarda del tren que viajaba en el último vagón del tren siniestrado afirmó que no hubo nada raro durante el trayecto hasta el momento del choque.

La empresa TBA, concesionaria del servicio, no ha perdido el tiempo para eludir su responsabilidad y culpar del accidente al maquinista del tren, que resultó herido grave, hablando de un posible “error humano”. 

A la espera del resultado de la investigación que está en marcha, alguien podría decir que se trató de una fatalidad. Sí, pero este tipo de fatalidades suelen darse en algunos países cada 30 ó 40 años; sin embargo, en la Línea Sarmiento, “fatalidades” de mucho menos calibre que ésta se suceden sin interrupción desde hace años. La última conocida antes de esta tragedia fue en septiembre de 2011 en un paso a nivel con una barrera inoperante, en el barrio de Flores de la Capital, donde un tren arrolló a un colectivo dejando 11 muertos y decenas de heridos. Los descarrilamientos de formaciones se repiten con monótona regularidad, no sólo en la Línea Sarmiento sino en otras del sistema ferroviario metropolitano de la Capital y del resto del país. Por no hablar de las continuas averías que provocan retrasos constantes y desatan la furia popular como en los conocidos incidentes de la Estación de Haedo, y en otras. Los trenes supermasificados son moneda corriente.

Las causas son, invariablemente, las mismas: la falta de inversiones necesarias y el material obsoleto, desde los vagones y locomotoras hasta las vías y los sistemas de señalizaciones.

Y todo esto agravado por el mantenimiento de una infraestructura anticuada que hace de la ciudad de Buenos Aires una de las pocas grandes capitales del mundo que mantiene el viejísimo y peligrosísimo sistema de los pasos a nivel de peatones y de automóviles para cruzar las vías.

Durante años, los delegados sindicales de la Línea Sarmiento, enfrentados a la burocracia sindical de José Pedraza y Omar Maturano – que apoyó en su momento la privatización del servicio y gestiona empresas tercerizadas que lucra con el mismo – han venido denunciando las deficiencias del servicio que siempre fueron negadas por la empresa TBA y desoídas por los funcionarios del gobierno.

No es casual, por lo tanto, que el instinto popular, y la experiencia anterior, señalen en primer lugar la responsabilidad de la empresa TBA en este accidente. 

La experiencia de la privatización del sistema ferroviario argentino, impulsada por el menemismo, ha sido desastrosa. Hoy, el Estado argentino gasta el mismo dinero en subsidios al ferrocarril que antes de su privatización, pero con un servicio muchísimo más deficiente. Se calcula que entre 2007 y 2011 el Estado aportó $15.400 millones en subsidios, $4.204 millones solamente el año pasado. Y TBA recibe 76,7 millones mensuales por las Líneas Mitre y Sarmiento. Casi todo el monto de los subsidios va directamente al bolsillo de las empresas concesionarias y el Estado es el que se responsabiliza de las limitadas inversiones realizadas en estos años para mantener en funcionamiento el servicio y pagar los aumentos salariales de los trabajadores. Ni TBA ni las demás empresas concesionarias ponen un peso en arreglar las vías, mejorar las instalaciones o comprar nuevas formaciones, todo corre a cargo del Estado.

Ningún servicio público, y menos aún el ferrocarril, debe estar en manos privadas especulando con la calidad del servicio y con la seguridad de los usuarios a expensas de que deje ganancias en los bolsillos de empresarios, sino que debe ser atendido por el Estado, bajo el control de los trabajadores y usuarios, para satisfacer una necesidad social esencial.

Por eso mismo, el gobierno nacional tiene también su parte de responsabilidad en lo ocurrido. Desde el Argentinazo hasta la fecha ha sido un clamor popular la reivindicación de la reestatización del servicio, reivindicación que ha sido resistida por los gobiernos kirchneristas hasta el momento. Mientras que el gobierno nacional demostró en otros aspectos de su política audacia y valentía, en el caso particular de la política ferroviaria mostró una dosis desconcertante de cobardía que sólo puede explicarse por su intento estéril de apuntalar una clase empresarial corrupta y parásita para que impulse el desarrollo industrial y tecnológico del país.

Una clase empresarial que históricamente ha permanecido colgada de la teta del Estado y del esfuerzo colectivo de la clase obrera argentina para enriquecerse y apropiarse de los recursos de la nación. Así armaron sus fortunas los Cirigliano (TBA), los Rocca (Techint), los Eskenazi (YPF), los Roggio (Metrovías), los Eurnekian (Aeropuertos 2000), y tutti quanti.

Un aspecto especialmente repulsivo que ha dejado la tragedia de la estación de ONCE es la campaña de “denuncia”, hipócrita y demagógica, que están haciendo de este tema la oposición de derecha y los medios de comunicación burgueses (Clarín, La Nación, Perfil, C5N, TN, Canal 13, Radio 10, Radio Mitre, entre otros). Esta es la misma gente que responde a los intereses de clase de los Cirigliano, de los Rocca, de los Roggio y de la Sociedad Rural. Lo mismo que con respecto a nuestras condiciones de vida y de trabajo, esta gente “respetable” ha mostrado siempre una indiferencia completa hacia las condiciones en que nos vemos obligados a viajar diariamente en tren los millones de trabajadores y miembros de nuestras familias que somos los usuarios principales del sistema ferroviario metropolitano de la Capital. Es ahora cuando estas damas y caballeros “descubren” horrorizados que la Línea Sarmiento todavía utiliza vías y vagones de hace 50 años, que los controles oficiales son insuficientes, que la gestión de TBA es un desastre y, por supuesto, que todo es culpa del gobierno.

No seremos nosotros los que disminuyamos las responsabilidades de los funcionarios, como ya hemos señalado claramente, pero es una vergüenza que esta gente se cuelgue de las personas fallecidas en el accidente y del dolor de sus familias para cargar contra el gobierno cuando siempre fueron los opositores más recalcitrantes a cualquier insinuación de reestatización del sistema ferroviario y del resto de empresas privatizadas durante el menemismo, cuando han permanecido mudos en el parlamento y en sus medios en la denuncia del desastre de la privatización del sistema ferroviario, y cuando han calificado de “extremistas” y de “zurdos” a los delegados gremiales de la Línea Sarmiento que sistemáticamente han venido denunciando las fallas del servicio.

Es ahora el gobierno quien tiene la pelota en su tejado. Como primer paso, y de manera inmediata, debe anunciar la rescisión de la concesión de la Línea Sarmiento a la empresa TBA – como también lo ha exigido la dirección de la CGT – e incautarle por vía judicial sus balances para investigar a fondo qué se hizo hasta con el último peso de los subsidios estatales recibidos en todos estos años. Hay que exigirle al gobierno que se esclarezcan qué tipo de vínculos hay o ha habido entre los funcionarios del área de transporte y la empresa TBA para que sean cesados inmediatamente. Demás está decir que TBA, como responsable directo del servicio que presta, debe pagar todos los gastos, multas e indemnizaciones que se deriven del accidente, y sus ejecutivos pagar en la cárcel las responsabilidades criminales que se deriven de las denuncias judiciales presentadas.

En segundo lugar, el gobierno debe proceder a la reestatización de todo el sistema ferroviario nacional y comprometerse a un plan quinquenal de inversiones para adecentar el servicio, modernizarlo y ampliar el extendido de los ramales. Este plan debe incluir de una vez por todas el soterramiento de la Línea Sarmiento en su recorrido por la ciudad de Buenos Aires, demorado durante años. Dinero hay para acometer este plan, una parte del cual puede venir de los miles de millones de pesos que se ahorraría el estado en todo ese tiempo con los subsidios a las concesionarias privadas, y otra parte de un aumento de los impuestos a las grandes empresas, bancos y monopolios privados del país.

Un gobierno que ha sido elegido, principalmente, con los votos de los trabajadores debe atender las demandas de la clase trabajadora.

Pero no debemos esperar de brazos cruzados a ver qué hace el gobierno. Las centrales sindicales, como la CGT y la CTA, que han expresado públicamente la demanda de la caída de la concesión de la Línea Sarmiento a TBA, deben extender esta reivindicación a la completa reestatización del sistema ferroviario, y organizar una movilización popular para exigirle al gobierno que lo lleve a cabo y que sirva también para denunciar la campaña demagógica de la derecha y de sus medios de comunicación afines sobre la tragedia de la estación de ONCE, que sólo persigue llevar agua para su molino.