Las revelaciones del periodista de investigación Carlos Enrique Bayo en Público.es arrojan luz sobre las estrechas relaciones entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, cabecilla del grupo yihadista que perpetró los atentados de las Ramblas de Barcelona. Esta investigación apunta, en el mejor de los casos, a una escandalosa negligencia, pues, habida cuenta de la abundante información recabada sobre este personaje, tendrían que haber saltado todas las alarmas tras la explosión del laboratorio de explosivos de Es Satty en Alcanar. Pero también abre interrogantes mucho más siniestros sobre las posibles motivaciones políticas del CNI en esconder sus vínculos con el imán. Este escándalo no cae del cielo, ya que el Estado español y sus cloacas tienen una larga trayectoria de conspiración, intriga y manipulación.

El atípico Tribunal de Orden Público, hoy llamado Audiencia Nacional, está acelerando mientras tiene metida la marcha atrás de la palanca de cambio. Está usando, silenciosamente, puntos de apoyo legales para introducir elementos de carácter reaccionario en el ordenamiento jurídico. En concreto, ha confirmado penas de hasta 13 años para los 8 jóvenes envueltos en una pelea de bar en Altsasu (Navarra), en la que estuvieron implicados dos guardias civiles y sus parejas. Hasta aquí lo que llama la atención es la dureza de la condena, una exageración propia de regímenes en los que cualquier razón circunstancial activa los mecanismos más duros del código penal. No obstante esto ni siquiera es lo más grave.