Finalmente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la banca. La sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal ha decidido, por quince votos contra trece, que el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) recaiga, como hasta ahora, en el cliente hipotecado y no en el banco. Esta sentencia vuelve a poner al desnudo el carácter de clase de la justicia y del Estado en su conjunto.