La polémica existente estos días en Catalunya, más allá de los presupuestos, es el conflicto lingüístico alrededor de una familia que ha pedido que en la escuela pública de primaria (en Canet de Mar, provincia de Barcelona) donde asisten sus hijos se impartan el 25% de las clases en castellano.

Con la inhabilitación efectiva de Quim Torra, el Estado español vuelve a pisotear desvergonzadamente los derechos democráticos del pueblo catalán. Todos los demócratas en general y los revolucionarios en particular tenemos la obligación de responder a este ataque movilizándonos en las calles.

La semana del 25-30 de noviembre presenciamos uno de los ciclos de lucha económica y contra la austeridad más intensos de los últimos años. La clase obrera ha salido a la palestra marcando el curso de los acontecimientos políticos con su impronta y propiciando un cambio cualitativo en el humor social de Catalunya. Bomberos, profesores, estudiantes, funcionarios y, con un merecido protagonismo, los médicos y el personal de los Centros de Atención Primaria fueron a la huelga y se movilizaron masivamente, confluyendo en una gran manifestación la mañana del jueves 29 de noviembre en Plaça Universitat.

Finalmente, después de casi 5 meses desde las elecciones autonómicas, Cataluña vuelve a tener president de la Generalitat. La voluntad del régimen del 78 de vetar a Puigdemont y de investir un candidato sin problemas judiciales se ha acabado imponiendo, después de 4 investiduras fallidas y más presos políticos. La furiosa oleada represiva del Estado para parar el independentismo ha llevado a la suspensión de la autonomía, ha golpeado la libertad de expresión y ha hecho disminuir los derechos democráticos más fundamentales. Nunca ha quedado tan claro el carácter neofranquista y autoritario del Estado español, heredero directo de la dictadura. La represión también se ha trasladado al plan internacional, con el intento de implicar Escocia, Bélgica, Suiza y Alemania en los casos contra políticos independentistas.