Proyecto de ley del aborto: un paso adelante, pero faltan más

Los puntos clave de la nueva ley del aborto y salud menstrual, impulsado por el Ministerio de Igualdad y cuyo anteproyecto de ley fue aprobado por el consejo de ministros el pasado 17 de mayo, han desatado la polémica. Presentamos aquí un breve análisis sobre algunos de los puntos clave que contempla este anteproyecto de ley.

Aquellos que luchamos por acabar con el capitalismo debemos alegrarnos por cada ley que proporcione nuevos derechos y, de la misma manera, tenemos que criticar aquellos aspectos que puedan quedar en nada en su aplicación práctica, aquellos en los que la patronal y todo el sistema lucharán para que no se puedan cumplir.

Empecemos con el aspecto más polémico, el derecho a baja por incapacidad temporal, completamente remunerada y cubierta por la Seguridad Social desde el primer día, por reglas incapacitantes (acreditadas de tal forma por un profesional de la salud). Sin duda, el debate que se ha levantado con este aspecto ha sido el más sonoro. Y las peores críticas no han venido sólo de sectores de la patronal, que debería ser lo esperado (aunque ya sabemos que eso sería mucho esperar). La propia vicesecretaria general de la UGT, Cristina Antoñanzas,  decía sobre esta propuesta el 12 de mayo en la Cadena Ser:

«No sé si nos hace un flaco favor a las mujeres (…) hay que hacer algunas matizaciones porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengan esa baja por tener la regla nos parece que es poner otra vez el foco».

No iremos a sorprendernos aquí de esta postura, viniendo de la sección dirigente de UGT (que siempre estará más preocupada por las pérdidas de la burguesía que por los derechos de las trabajadoras). Pero hemos de rebatirlo entre nuestra clase, apelar a la realidad de las trabajadoras, y la realidad es que las trabajadoras ya estamos estigmatizadas, por usar sus suaves palabras, bajo un sistema que necesita de nuestra labor reproductiva al mínimo costo. La realidad es que todos sabemos que tener derecho a baja no suele ir ligado a tenerla de manera real cuando la necesitamos. Lo que conocemos los trabajadores y las trabajadoras es lo común que es acudir al trabajo estando enfermo o no del todo recuperado, el miedo a perderlo por reclamar el derecho a baja. Aquellos que tratan de vendernos que la clase obrera se aprovechará de los pobres empresarios, o aquellos que nos hagan creer que la discriminación laboral de la mujer en el capitalismo es culpa de unas migajas en derechos y no del propio sistema, sólo hablan como representantes de la burguesía.

Y hablemos también del derecho al aborto, la cuestión principal, en el que se dan varios cambios importantes. La baja preparto pasa a ser concedida desde la semana 39 de gestación (sin consumir ningún día del permiso de maternidad), además de la vuelta del derecho a abortar desde los 16 sin autorización de tutores. Una cuestión central que debemos mirar con detalle es el que pase a estar garantizado el poder someterse a un aborto en cualquier hospital público. Es un hecho constatado que en muchas regiones de España resulta imposible acceder a este derecho en hospitales públicos. Y que, por supuesto, hay negocios privados sacando una buena tajada; hasta ahora el 85% de las intervenciones se derivan a la privada por falta de profesionales en la pública dispuestos a practicarlos. Es un primer paso importantísimo que esto quede reflejado como derecho, así como el registro que se creará de objetores de conciencia, que permitirá que aquellos profesionales que se negaban a realizar abortos en la pública no puedan seguir haciéndolo luego en su segunda consulta privada. Un paso más allá pasaría por dejar de permitir que trabajadores del sector público puedan negarse a la realización de su trabajo. Porque además, ¿cómo garantizamos que vaya a haber médicos suficientes si no hacemos más que ver como mengua el número de profesionales de la salud alegando una supuesta objeción de conciencia?. Como con el derecho a la incapacidad temporal por baja dolorosa, la aplicación de esta medida pasará porque, como clase, luchemos. Luchemos por nuestro acceso a una sanidad pública real y porque nadie vea en peligro su futuro laboral por hacer efectivo su derecho a la baja, sea por el motivo que sea.

Otras novedades introducidas en la ley aluden a una menor fiscalización de las mujeres en su derecho a decidir sobre su cuerpo. Aparte de la mencionada vuelta al derecho de abortar desde los 16 sin necesidad de autorización de tutores, se eliminan tanto la obligatoriedad de esperar tres días “de reflexión” para poder someterse a la intervención, como la de recibir un sobre con información sobre ayudas públicas (esta información se dará a toda mujer que lo requiera, pero no será más un requisito obligatorio). Estas medidas contra la infantilización de las mujeres se suman a la reforma del Código Penal, aprobado en abril con los votos en contra de PP y VOX, que pasa a considerar delito la concentración de grupos que se dedican a hostigar mujeres en las clínicas abortistas con la excusa de “rezar para salvar vidas”. Esta última medida pone el foco en una problemática que, en gran medida, es también consecuencia de la derivación extrema que se ha realizado desde la administración pública a clínicas privadas para realizar abortos y que antes comentábamos. Haber asegurado la realización de abortos en hospitales públicos habría impedido en gran medida esta lacra de católicos con demasiado tiempo libre. En cualquier caso, el que se vaya a reducir al menos el hostigamiento a mujeres ejerciendo su derecho a decidir es buena noticia, aunque como mujer y como marxista hubiera preferido ver un movimiento de organizaciones de mujeres, sindicatos y grupos de izquierda luchando esta lacra en las calles, en vez de tener que confiar en que la policía y los jueces mantendrán a raya a estos grupos.

También se incluye en la ley la distribución gratuita de la píldora del día después en los centros de salud y servicios de salud sexual y reproductiva, y de preservativos en servicios sociales, prisiones y centros especializados, aparte de en los centros educativos durante las campañas de educación sexual. En cuanto a esto último,  también se establece que deberá pasar a formar parte del currículo la formación en salud sexual y reproductiva en la educación obligatoria.

Aplaudimos los avances que suponen esta ley. Porque horrible es sufrir dolores insoportables durante días que apenas te permiten tenerte en pie, y horrible es saber que no atender por ello a tu trabajo para mantener la rueda del capital te puede dejar sin sustento a ti y a los que dependen de ti. Porque es nuestro derecho el decidir qué hacemos con nuestro cuerpo y hacerlo en condiciones dignas, en un sistema de salud público con todos los profesionales y equipamientos necesarios, sin tener que sufrir peroratas o acosos moralistas. Esta ley supone un avance que aplaudimos, no sólo por los nuevos derechos sino por su potencial.  Que el que quede escrito en ley nos haga (aún más) conscientes de que su beneficio dejará tarde o temprano de pasar por encima de nuestros cuerpos. Y cuando los menguantes presupuestos para sanidad imposibiliten su implementación real, cuando el hostigamiento a mujeres que quieran abortar busque nuevas formas que sean toleradas por las fuerzas de la derecha, los marxistas deberemos estar ahí para denunciar la imposibilidad del reformismo por cambiar este sistema y dar plenos derechos a las mujeres. Y que en conjunto todo suponga un paso más en la lucha de las mujeres trabajadoras, cuyo potencial revolucionario es inconmensurable como orgullosamente nos muestra la historia, contra esta podredumbre de sistema.

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