Libertad sin cargos para Carles Puigdemont. Movilización para evitar su extradición. Amnistía a los condenados por el Procés

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La detención del expresident Carles Puigdemont por la justicia italiana es un nuevo episodio de persecución judicial y política contra el movimiento independentista catalán. El aparato del Estado español no perdona ni olvida el desafío que supuso la movilización por la independencia catalana del otoño de 2017. Aunque Puigdemont ha sido finalmente liberado deberá presentarse el 4 de octubre en el juzgado de Sassari (Cerdeña), donde fue detenido.

Pese a los recientes indultos, que fueron conseguidos por la movilización popular, el Estado mantiene las órdenes de detención contra los exiliados y otros cientos de causas contra los miembros de los CDR y otros ciudadanos que participaron en aquellos acontecimientos. Esta actitud punitiva del Estado y del Tribunal Supremo contrasta vivamente con su negligencia escandalosa en la persecución de los delitos de fraude a la Hacienda Pública, evasión de capitales y cobro de comisiones ilegales por parte del anterior Jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, contra quien no se ha cursado ninguna orden internacional de captura para que dé cuenta de sus corruptelas ante el pueblo español.

Es nuestro deber recordar que, independientemente de que se esté o no de acuerdo con las ideas y las políticas de Carles Puigdemont, éste era en otoño de 2017 el legítimo President de la Generalitat de Catalunya, elegido por el Parlament de Catalunya surgido de las elecciones de septiembre de 2015. Y que sólo fue destituido de su cargo, junto con todo el Govern, y forzado al exilio, por el asalto del Estado español a las instituciones catalanas en la orgía represiva que éste desató como respuesta al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. La suspensión de la autonomía catalana y el encarcelamiento y exilio de miembros del Govern y de los dirigentes de la ANC y Òmnium fue un acto ilegítimo y antidemocrático que desde la Corriente Marxista Internacional (CMI) denunciamos en su día y cuyas consecuencias llegan hasta hoy.

Hay que señalar que el Tribunal Europeo de Justicia retiró la inmunidad parlamentaria de Puigdemont aduciendo que no corría peligro de ser detenido en ningún país de la Unión Europea que no fuera el Estado español, porque supuestamente la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo español carecía ya de validez. Sin embargo, Puigdemont ha sido detenido en Italia en cumplimiento de esa euroorden, que ha sido remitida hoy por el Supremo al juzgado de Sassari. En el momento de escribir estas líneas, Puigdemont ha sido puesto en libertad por dicho juzgado aunque con la obligación de volver a presentarse allí nuevamente el 4 de octubre, donde el juez decidira finalmente sobre su extradición a España.

La reacción del gobierno a esta detención demuestra su sumisión al aparato del Estado, evitando cualquier crítica y limitándose a esperar que estos hechos no interfieran en el desarrollo de la mesa de diálogo con la Generalitat ni con la negociación de los próximos presupuestos. El hecho de que se mantengan las euroórdenes de extradición contra Puigdemont y otros dirigentes exiliados es una amenaza constante tanto para la libertad y seguridad de estos como para los intentos declarados por el gobierno de “desjudicializar” el conflicto catalán.

El gobierno es, además, rehén del propio ala derecha del PSOE, uno de cuyos máximos exponentes, el presidente aragonés Javier Lambán, ha expresado su satisfacción por la detención del expresident en términos similares a los de Ciudadanos, PP y Vox.

En la mañana de hoy ha tenido lugar una concentración frente al consulado italiano en Barcelona que ha reunido a más de mil personas. Desde la CMI hacemos un llamamiento a la movilización en el Estado español y en Italia en contra del ataque a los derechos democráticos que supondría la extradición y entrada en prisión del expresident de la Generalitat de Catalunya por el sólo delito de haber convocado un referéndum de autodeterminación. Como marxistas, desde la CMI defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y nos oponemos a cualquier acto del Estado español o la Unión Europea que pretenda impedirlo por la fuerza.

Reclamamos asimismo una amnistía general para todos los procesados y exiliados por los acontecimientos del otoño de 2017 y la completa depuración del aparato judicial y represivo del Estado español responsable de la represión en aquellas jornadas. Denunciamos también a los sectores supuestamente progresistas, e incluso comunistas, que niegan la existencia de la opresión nacional en el Estado español y hacen causa común con la monarquía, el aparato del Estado y el gran capital en su defensa de la unidad de España. Es a esos intereses a los que sirven en la práctica, y no a los de la clase obrera. Ningún pueblo que oprima a otro puede ser libre.

Imagen de portada: Puigdemont, en el momento de abandonar la prisión (Foto: @KRLS)

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