Análisis Político
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En los últimos días de marzo y los primeros de abril han sido aprobados por el Gobierno varios paquetes de medidas encaminadas a ampliar el llamado “Escudo Social”, las más relevantes se enmarcan dentro del ámbito de la vivienda y del empleo. Pero ¿son realmente estas medidas el escudo que necesita la clase trabajadora?

Empleo y prestaciones

La medida estrella del Gobierno en materia de empleo fue “la prohibición de los despidos”. Sin embargo, por mucho que se repita, la realidad es que sólo se prohíbe un tipo de despido: el que se realiza por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción, es decir, el despido objetivo.

Sin embargo no se ha prohibido el despido disciplinario ni el despido improcedente. Un trabajador puede quedarse sin empleo y lo único que cambiará es que la indemnización en lugar de 20 días por año trabajado será de 33. Teniendo en cuenta la duración de los contratos en este país, la diferencia es casi inapreciable. Además, los procedimientos judiciales están paralizados, por lo que si un empresario se salta las restricciones ¿cuándo se resolverá la readmisión o no del trabajador?. Mucho nos tememos que esta medida, la que más enorgullece a los ministros de Unidas Podemos, va a estar en la lista de las más ineficaces.

Algo parecido pasa con la prórroga de los contratos temporales. Es cierto que muchos trabajadores no podían acceder a los subsidios de desempleo extraordinarios porque no eran despedidos. Simplemente el empresario dejaba vencer el contrato temporal del trabajador, lo que provocaba que este último no tuviera forma de demostrar que se había quedado sin trabajo por causa del coronavirus y se quedara fuera de las prestaciones. Con la prorrogación automática de los contratos temporales se obliga al empresario a despedir, si realmente quiere extinguir la relación laboral y de esta forma el trabajador sí que tendrá acceso al subsidio por desempleo. Una medida útil para no dejar completamente sin ingresos a las familias, pero que no garantiza al mantenimiento de los puestos de trabajo.

Pocos días después de la puesta en marcha de estas dos medidas, el Gobierno también aprobó un subsidio extraordinario para trabajadoras y trabajadores temporales cuyo contrato terminó después de la declaración del Estado de Alarma y que en su día no pudieron acceder a otra prestación o subsidio. Este subsidio es de 430€ y se mantendrá hasta el fin del Estado de Alarma pero para acceder a él es necesario que los contratos temporales tengan una duración mínima de dos meses, por lo que se deja fuera a todos esos trabajadores que encadenan contratos semanales y mensuales, que no son precisamente pocos.

Al mismo tiempo se anunció la creación de un subsidio de desempleo para empleadas y empleados de hogar que se quedan en el paro o que ven reducidas sus horas de trabajo. La cuantía de esta prestación será del 70% de la base reguladora y será compatible con otra actividad, por lo que la trabajadora o trabajador podría mantener algunos de sus trabajos. Pero la realidad es bien distinta ¿Cuántas empleadas domésticas están dadas de alta? ¿Cómo van a poder a acceder a estas prestaciones?

Vivienda y Suministros básicos

Las medidas más importantes en cuanto a la vivienda son la moratoria de las hipotecas, la  suspensión de los desahucios y los cortes de suministros básicos (agua, luz, gas, telecomunicaciones) en la vivienda habitual. Estas medidas suponen un gran alivio para las familias trabajadoras que en estos meses van a tener serias dificultades para hacer frente a todos estos gastos, porque no van a tener que preocuparse por quedarse sin suministros o de que el banco los eche de sus casas.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la moratoria en estos pagos no significa la cancelación de los mismos y muchas familias van a ver cómo se les acumulan pagos pendientes de facturas y recibos. lo que puede dar lugar a situaciones dramáticas una vez finalizado el Estado de Alarma, si no se toman las medidas oportunas.

En cuanto a las medidas con respecto al alquiler, debemos decir que es acertada la decisión del Gobierno de prorrogar de los contratos de alquiler de vivienda habitual durante 6 meses, lo cual permitirá que las familias no vean incrementados los precios de sus alquileres como consecuencia de la crisis.

Sin embargo, para las familias gravemente golpeadas por despidos, ERTES o reducciones de jornadas, la situación es mucho más complicada, y aun manteniendo los precios de sus alquileres, van a tener enormes dificultades para atender los pagos.

En el caso de familias cuyos arrendadores sean grandes tenedores de viviendas en alquiler (8 viviendas o más), se da a elegir al propietario entre realizar una quita del 50% del precio o una reestructuración de la deuda en 2 o 3 años. Esta medida es a todas luces insuficiente para tantas familias que no van a tener capacidad ni para pagar la mitad del alquiler y que pueden verse obligadas a asumir una deuda con los propietarios cuyas condiciones de reestructuración no están reguladas. Una cosa queda clara: los grandes propietarios que hacen negocio de la especulación de viviendas tampoco van a pagar esta nueva crisis.

Para inquilinos cuyos arrendadores no son grandes tenedores se ofrecen créditos del ICO al 0% de interés y con posibilidad de devolverse en 6 años, ampliable hasta 10 años. Poco se conoce de estos microcréditos. Las entidades bancarias, que deben comercializar este producto, no ofrecen información pública ¿qué atractivo tiene para una entidad financiera privada comercializar un crédito al 0% de interés? pues ya estamos conociendo las artimañas de los bancos para aprovecharse de esta situación, poniendo como condición para acceder a estos créditos la adquisición de productos de seguros.

¿Qué puede hacer ante esto una familia a la que le urge buscar una solución? En el decreto aparece de una forma sutil que estos créditos no deben de ser comercializados buscando el beneficio de las entidades bancarias, pero tampoco lo prohibe expresamente por lo que a las familias solo les queda denunciar esta situación pero sin saber cuándo se resolverá la situación, de ahí que en la mayoría de casos se verán obligadas a aceptar las condiciones que imponga el banco.

Es necesario abordar el problema de la vivienda de forma drástica y cancelar de manera inmediata las deudas hipotecarias y los pagos de alquileres para las personas desempleadas hasta que encuentren trabajo. Además, se debe poner a disposición del Estado todo el parque de viviendas del SAREB y expropiar a los fondos de vivienda acumulados por los fondos buitres y los bancos.

¿Dónde está el ingreso mínimo vital?

Todas las limitaciones que se han evidenciado en las medidas de corte social adoptadas por el Gobierno, han dado lugar a que se reabra el debate sobre la renta básica.

Hace semanas que se empezó a filtrar a la prensa la posibilidad de que se apruebe un ingreso mínimo vital, una prestación para desempleados cuyos ingresos no superen unos límites establecidos por el propio Gobierno.

Sin embargo, en los últimos días estamos viendo cómo esta posibilidad no está nada clara. En la última comparecencia de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmaba que este ingreso mínimo podría estar listo “en unos meses” muy lejos de la pretensión de los ministros de Unidas Podemos de aprobarlo de forma inminente.

Las tensiones en el seno del Gobierno son cada día más evidentes. Pablo Iglesias no ha hecho declaraciones desde que se anunciara la vuelta a la actividad de sectores no esenciales. Los ministros de Unidas Podemos ven cómo cada día están más arrastrados por el ala derecha del Gobierno, que antepone los beneficios empresariales al interés general. Por mucho que se empeñen en repetir que no se va a “dejar a nadie atrás” la realidad se impone día tras días, y la credibilidad de los ministros de Unidas Podemos pueden estar cada vez más en entredicho.

Los trabajadores y las trabajadoras sabemos perfectamente qué significa pagar una crisis y no queremos volver a pasar por esta experiencia. Mientras las empresas reciben miles de millones en ayudas directas e indirectas, las familias trabajadoras están volviendo a hacer malabares para priorizar unos gastos frente a otros, confinadas en casa sin poder salir a ganarse la vida, recibiendo migajas que se pagarán a precio de oro en cuanto acabe el Estado de Alarma.

Si queremos resolver las necesidades fundamentales que tiene la clase trabajadora no hay más opción que llevar a cabo medidas socialistas: expropiación de la banca, las eléctricas y las 100 mayores empresas del país sin indemnización. De esta manera, el Gobierno controlaría el 70% del PIB y podría llevar a cabo una planificación económica que atendiera a las necesidades básicas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras: vivienda, suministros básicos, empleo, sanidad, educación…

Pero esto sólo será posible si el Gobierno rompe con la burguesía. De lo contrario, le estará dejando la puerta abierta de par en par a una derecha que sólo tiene que esperar a que se sucedan los acontecimientos que los alcen hasta la Moncloa.

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