La empresa Majorel ofrece de cara a sus clientes una publicidad en la que se jacta de ofrecer soluciones tecnológicas en las que el factor humano juega un papel central frente a la robotización, pero la realidad es que en el proyecto “Bytedance” de su sede en Barcelona, el trato a sus trabajadores es más propio de un esclavista que de alguien que se declara “driven by people”.

El juicio del Procés toca a su fin. A falta de las conclusiones de las defensas, que tendrán lugar la semana del 10 de junio, las conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como el propio desarrollo del juicio, son una demostración precisa del carácter político de este juicio. Los nueve presos políticos catalanes y el resto de encausados, (hasta dieciocho) se enfrentan a penas que van de siete a veinticinco años de prisión por rebelión, malversación y desobediencia (de acuerdo con el escrito de la fiscalía basado en la escandalosa instrucción del juez Llarena). Estamos ante un juicio político con consecuencias potencialmente explosivas para la cuestión nacional catalana, que sin duda va a marcar la legislatura que comienza.

La cuestión nacional permanece como una úlcera sangrante en la historia política española, y así permanecerá hasta que la clase obrera no se proponga abiertamente luchar por su emancipación como clase, resolviendo de paso los problemas democráticos pendientes, tales como la mencionada cuestión nacional catalana, vasca y gallega, y la consecución de una república democrática.

Sectores de la burguesía española están empeñados en forzar un cambio político en Ciudadanos para que se adapte a las necesidades de sus intereses de clase actuales; esto es, reconstruir el “centro político” con un acuerdo PSOE-C’s. Pretenden así frenar la polarización izquierda-derecha y el conflicto democrático y de clase que subyace en la misma. Además de la cúpula del PSOE, la burguesía parece haber encontrado también para esta jugada un aliado inesperado, Íñigo Errejón y su nuevo movimiento político.

El Estado español, tras una década sumido en la mayor crisis económica global de toda la historia, ha sufrido una recesión económica sin precedentes, cuyas consecuencias seguimos padeciendo. Esto ha afectado y ha tenido resultados graves en todo tipo de sectores. Dentro de ellos, sectores como la sanidad o la educación pública son los que más han sufrido tanto la recesión económica en sí como las políticas de recortes de los diferentes gobiernos, principalmente del Partido Popular.

El pasado día 4 de junio, atendiendo al recurso planteado por la familia del dictador, los magistrados del Tribunal Supremo decidieron parar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos para evitar, según sus propias palabras, "el perjuicio que se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado”. Este hecho representa toda una declaración de principios de un órgano judicial que muestra sin ningún tipo de pudor el carácter franquista y de clase que recorre las instituciones del Estado.