El coste de la electricidad vuelve a dispararse, el pasado 21 de Julio alcanzó un precio medio de 106,57 €/MWh, llegando a su máximo histórico en España y poniéndose a la cabeza, junto con Portugal, en los precios más elevados de toda Europa.
Otra vez se vuelve a poner sobre la mesa la barbarie de este sistema capitalista y patriarcal, que no podría mantenerse en pie sin las diferentes formas de opresión, entre las que sin duda se encuentra la que sufre a diario el colectivo LGTBI.
Han pasado 16 meses desde que se declaró el Estado de alarma en el Estado Español, y las penurias sufridas por los obreros y los más pobres no son un secreto para nadie, los trabajadores son los que más han padecido durante la pandemia, teniendo que convivir en ocasiones en casas diminutas con gran número de familiares y arriesgándose a contraer el virus para que la rueda del capitalismo no se detuviera y los beneficios privados no parasen.
Las manifestaciones del 1 de mayo tuvieron como lema más importante la derogación de la reforma laboral que, vigente desde 2012, sigue precarizando y dificultando la vida, condenando a la supervivencia y a la pobreza a millones de trabajadores, con mayor intensidad a mujeres y jóvenes.
En la tarde del 10 de junio conocimos dos sucesos que han llenado de dolor e indignación cada rincón del Estado Español. Hoy más que nunca debemos recordar que esta violencia tiene un claro origen: el sistema capitalista y patriarcal que domina nuestras vidas.
Catorce organizaciones de la izquierda malagueña demandan la nacionalización del sistema eléctrico - A raíz de la aprobación de la nueva factura de la luz por el Consejo de Ministros y de la celebración de diferentes manifestaciones en algunas ciudades del Estado, compañeros de diferentes organizaciones de la izquierda malagueña contactamos para realizar una convocatoria de movilizaciones unitaria, contra el Tarifazo eléctrico, y demandando la Nacionalización del sistema eléctrico.
El gobierno de coalición, dominado por el PSOE, y con Unidas Podemos de cómplice, tiene que acometer reformas que vienen impuestas directamente de la Unión Europea. La ministra Montoro lo deja claro al decir que “no puede ir a Europa a pedir 140.000 millones”, el dinero que le corresponde del fondo de recuperación comunitario, sin acometer reformas o queriendo bajar impuestos.
