Análisis Político
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La revelación de que Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal del PP del año 2012 para hacer aflorar legalmente su capital oculto, ha dado una nueva vuelta de tuerca al tema de la corrupción en España. Nadie duda que el capital “blanqueado” por Rato proviene de la evasión de impuestos y divisas, y del saqueo de Bankia. Esto añade el insulto a la injuria contra quienes venimos sufriendo la delincuencia económica y social del gobierno del PP y de sus políticos. Precisamente, ha sido la sospecha de la procedencia ilícita de este dinero, lo que llevó la semana pasada a la detención de Rato durante 7 horas, y a la apertura de nuevas causas judiciales en su contra.

Para arrojar más sal a la herida, también se conoció que otros 714 grandes evasores –“nombres de rancio abolengo y mucho tronío”, según el periodista Iñaki Gabilondo– están siendo investigados por blanqueo de dinero. La posible revelación de sus identidades ante la opinión pública, ha desatado el pánico entre la clase dominante, como luego veremos.

Las nuevas acusaciones contra Rato

Hasta su breve detención el pasado jueves 16 de abril, Rato tenía dos causas abiertas en la Audiencia Nacional, por hechos sucedidos cuando era el presidente de Bankia. La primera, por la utilización de las tarjetas de crédito 'black” proporcionadas por el directorio de Bankia –es decir, por él mismo– a través de las cuales se apropió de cerca de 100.000 euros. La segunda causa es por la quiebra de Bankia, que tuvo lugar tras un fraude contable de 3.500 millones de euros. Bankia fue posteriormente rescatada por los contribuyentes con más de 22.000 millones de euros.

Ahora, Rato añade tres delitos más a su currículum: blanqueo de capitales, alzamiento de bienes (ocultar la titularidad de bienes bajo el nombre de testaferros) y fraude fiscal.

En concreto, al señor Rato se le han encontrado 78 cuentas bancarias en 13 bancos y se le han acreditado hasta 5,3 millones de euros sin declarar al fisco y sin justificar su procedencia; es decir, evasión fiscal. Hay informaciones del diario El Mundo que otorgan a Rato una fortuna personal de 27 millones de euros, que éste niega.

Esta es la persona que fue ministro de economía y Vicepresidente del gobierno de José María Aznar, Jefe del FMI de 2004 a 2007, y Presidente de Bankia. Hasta la semana pasada, Rato fue miembro de los consejos asesores de Telefónica y del Banco de Santander, y miembro de los consejos de administración de Servihábitat, la inmobiliaria de La Caixa, y del fondo de inversión norteamericano, TPG. Su bisabuelo, Faustino Rodríguez-San Pedro Díaz-Argüelles, fue ministro de Alfonso XIII y alcalde de Madrid. Su padre, también condenado en época de Franco por delitos fiscales, fue poseedor de diversas industrias y de la empresa de radíodifusión Cadena Rato, antecesora de Onda Cero. En suma, Rato no es un pelagatos cualquiera, es uno de ellos; un representante cualificado de la clase dominante, de la oligarquía española. Un vástago ejemplar, digno de esta clase capitalista parasitaria y degenerada, que tiene a su cargo los destinos del país y de la sociedad española.

Por supuesto, el gobierno está maniobrando para tratar de frenar cualquier investigación seria en el caso Rato. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción –una agencia bajo control directo del gobierno– ha reclamado la responsabilidad de dicha investigación para sí, a fin de evitar que el caso pase a la Audiencia Nacional, donde la influencia del gobierno es más débil y los jueces están sometidos a una mayor presión de la opinión pública.

Corrupción: un problema de clase

El caso Rato no es un hecho aislado, sino una moneda corriente entre los de su clase. Y la realidad es que es imposible terminar con la corrupción sin terminar con el capitalismo. La razón es simple. El fin declarado de la economía de mercado es el lucro, el enriquecimiento, lo cual es inseparable de la apropiación de trabajo ajeno. El empresario se enriquece explotando a los trabajadores, apropiándose de una parte del tiempo de trabajo que emplean en el desempeño de su labor, y que no se les paga.

Es por eso, que todo estallido de indignación moral contra la corrupción por parte de aquéllos que defienden el capitalismo, incluso uno de “rostro humano”, es pura pantomima e hipocresía. Lo moralmente bueno, en el capitalismo, es enriquecerse. Los empresarios que consideran “bajo” el nivel de beneficios que obtienen explotando a sus trabajadores utilizan los vericuetos del sistema para no pagar impuestos, evadirlos, etc. Y recurren, corrientemente, a la compra ý corrupción de políticos para que les ayuden en esta tarea o, utilicen su influencia, para que les favorezcan con jugosos contratos públicos en ayuntamientos, diputaciones, comunidades o con el gobierno estatal.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo público, ha fijado en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública (equivalente al 4,5% del PIB), que es el 25% del dinero destinado a licitaciones: obras públicas, infraestructuras, adquisición de mobiliario, etc.

Por su parte, la Comisión Europea –el gobierno de la Unión Europea– ha estimado entre 60.000 y 80.000 millones de euros la cuantía anual defraudada en España.

Estamos hablando de que si existiera un sistema de control y de organización verdaderamente honesto y popular, ajeno a los trapicheos de políticos venales y empresarios, y que simplemente se ajustara a la ley actual, podrían recuperarse anualmente muchas decenas de miles de millones de euros -en cifras oficiales- lo que supondría no sólo eliminar todos los recortes sociales aplicados cada año al Estado del Bienestar, sino que el gasto social podría incluso ser mayor al existente en los años previos a la crisis.

El nivel de corrupción de la política oficial y de las grandes fortunas españolas ha adquirido un carácter epidémico. Esto expresa el enorme grado de degeneración que ha alcanzando esta codicia desenfrenada y el deseo de darse "la gran vida padre" por parte de la clase dominante y de sus políticos a sueldo. El año 2014 se cerró con más de 2.000 imputados por corrupción. Lo llamativo es que muchos de ellos se habían acogido a la amnistía fiscal del gobierno del PP en 2012. Entre los casos trascendidos están, además de Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario Fernando Martín, ambos implicados también en el caso Gürtel. También están dos hijos de Jordi Pujol (Josep y Oleguer) y el exsocio de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, Diego Torres.

Conviene saber que, en aquel momento, se acogieron a la amnistía fiscal del PP 31.484 contribuyentes que tenían dinero oculto sin declarar. Eso hizo aflorar unos 40.000 millones de euros, lo que supuso una recaudación de 1.200 millones para las arcas del Estado. Así, esta gente pagó un miserable 3% en impuestos –pese a haber cometido un delito– cuando un asalariado medio paga en IRPF el 28% de su renta.

Si a la cifra anterior le sumamos los contribuyentes que declararon sus bienes en el extranjero en 2013 y 2014, eso quiere decir –según la Agencia Tributaria– que hay 195.000 declarantes que han tenido 124.000 millones de euros ocultos al fisco (equivalente al 11,8% de la riqueza anual, el PIB) y sin pagar impuestos. Y estas son las cifras oficiales y declaradas de dinero oculto o en el extranjero. Nadie sabe cuánto dinero realmente tienen los grandes y medianos empresarios españoles ocultos en el extranjero, en paraísos fiscales y en fondos de inversión, como las llamadas Sicavs, que apenas tributan.

Todo el escándalo de Rato ha surgido precisamente porque se filtró que él era uno de los 715 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 y que estaban siendo sometidos a una investigación específica por la Agencia Tributaria al existir “indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales”.

¿Quién está detrás del escándalo Rato?

La nueva imputación de Rato ha levantado todo tipo de rumores y opiniones sobre la “mano negra” que está detrás de ella. Algunos dicen que ha sido el propio gobierno del PP, a fin de transmitir una imagen de mano dura contra la corrupción “caiga quien caiga” y así mejorar sus opciones electorales para las elecciones locales y regionales de mayo y para las legislativas de noviembre. Pero esto no tiene ningún sentido. El PP no gana nada con este escándalo a falta de unas semanas para las elecciones del 24 de mayo; al contrario, se desprestigia aún más e incrementa las posibilidades electorales de los demagogos reaccionarios de Ciudadanos de seguir creciendo a costa suya. Tampoco la dirección del PSOE está especialmente interesada en airear casos de corrupción del PP, ya que a estas alturas la opinión pública no separa los casos de corrupción de unos y de otros, y sabe que también paga un precio por ello.

En realidad, la crisis social y política está tan exacerbada y ha provocado tal dislocación en las estructuras e instituciones del régimen, y sienten todas ellas de tal manera su desprestigio popular, que los viejos mecanismos de control, sujeción y vinculación entre el aparato judicial, el gobierno, los partidos, y los grandes medios de comunicación privados, están seriamente resentidos. Algunos jueces a quienes les cae un caso “sensible” en las manos sienten el escrutinio de decenas y centenares de ojos, y tienen miedo a quedar expuestos y ser acusados de encubrir la corrupción si no actúan con cierta pose de “independencia” y diligencia. Los periodistas venales compiten entre sí para sacar a la luz casos de corrupción y así incrementar las ventas de sus diarios y sacar pingües beneficios con ello porque, a fin de cuentas, si no lo airean ellos, mañana lo aireará la competencia. Dentro del aparato judicial, y de ministerios como los de Hacienda, debe haber no pocas personas –empleados, secretarios, funcionarios, y hasta fiscales y jueces aislados- asqueadas y hastiadas con el medio que les rodea y que sienten la presión social circundante; de manera que, bien por convicción moral, bien por interés material y soborno, filtran a los medios tales o cuales casos que consideran relevantes. El estallido del caso Rato puede haber seguido perfectamente alguno de estos vericuetos.

¿Por qué ocultan la Lista de los 715 grandes defraudadores?

Todas las evidencias parecen demostrar que el Establishment, los sectores más determinantes de la clase dominante, fue tomado por sorpresa en el estallido del nuevo “Caso Rato”, y temen sus consecuencias. Esto puede observarse en la actitud adoptada por el diario El País: el más perspicaz de los diarios burgueses españoles, vinculado a la gran banca española y extranjera, y que disfraza su defensa de los intereses fundamentales de la clase dominante con un progresismo superficial. Llama particularmente la atención la contundencia con la que El País se opone a que se revele la identidad de los 714 grandes evasores, acusados de blanquear dinero conseguido ilícitamente. Así, en su Editorial del miércoles 22 de abril (“Una lista peligrosa”), se dice:

“La lista [de los 715 defraudadores] se convierte en un arma arrojadiza muy peligrosa con efectos políticos potencialmente devastadores”. Y más adelante dice: “Se hace imprescindible evitar, con cualquier decisión política razonable —quizá un compromiso parlamentario con una relación estricta de las personas que disponen de esa lista— que los nombres salgan a la luz” (las negritas son nuestras) ¿Qué teme El País?

La enternecedora preocupación de los dueños de El País por salvaguardar el honor y la integridad moral de los componentes de esa lista -confesos defraudadores de miles de millones de euros- contrasta fuertemente con la desvergüenza que mostró este diario hacia el dirigente de PODEMOS, Juan Carlos Monedero, dedicándole incontables editoriales y artículos en los meses pasados, para tratar de desacreditarlo por el cobro de los 425.000 euros por un trabajo de asesoría para el bloque del ALBA, pese a que nadie pudo señalarle ni denunciarle delito alguno por ello.

De lo poco que ha trascendido de esa lista, se habla de que hay políticos, jueces, fiscales, embajadores y, por supuesto, empresarios. Llamativas eran las palabras utilizadas por el periodista Iñaki Gabilondo, y que reprodujimos al comienzo de este artículo, cuando dijo que “hay nombres de rancio abolengo y de mucho tronío”. Cabe inferir de todo esto que los integrantes de la lista 715 son gente muy importante con responsabilidades muy serias en la política, el aparato del Estado y en el ámbito empresarial. El País es consciente de que la filtración de sus nombres incrementaría la indignación popular a niveles insostenibles, desgarraría irremediablemente cualquier autoridad política, moral o social de esas personas para seguir jugando un papel público relevante; fortalecería las corrientes políticas en la izquierda, como PODEMOS, más vinculadas con un cambio radical de la situación. El País sabe que, bajo el anonimato, esa famosa lista terminaría por olvidarse y los problemas fiscales de sus integrantes se arreglarían a la vieja usanza, sin castigo alguno y un apretón de manos; en cambio, una vez expuestos públicamente no podrían escurrir el bulto tan fácilmente.

Es por eso que la exigencia de la publicación íntegra de la lista 715 debe ser una consigna central e irrenunciable –de un carácter democrático elemental– que la izquierda y los movimientos sociales tienen que agitar con fuerza y determinación. El secretario general socialista, Pedro Sánchez, se sumó a este pedido al inicio de esta semana, pero repentinamente se mandó a guardar silencio, quizás por orden directa de sus amos en los consejos de administración de las grandes empresas.

Necesitamos un programa de clase contra la corrupción

Junto a la demana anterior, hay que dotarse de una serie de demandas claras y justas sobre la corrupción que galvanicen a la opinión pública y, particularmente, a la clase trabajadoras y a las familias obreras.

El compañero Pablo Iglesias anunció días pasados que propondrá la creación de un "servicio de inteligencia financiera" con el que se pueda conocer "el origen e itinerarios" del fraude fiscal y con el que además se pueda "proteger como es debido a los informantes". Nosotros tenemos algunas reservas hacia esto. Esta propuesta se limita a incrementar el poder represivo y fiscalizador del aparato del Estado que, bajo un gobierno reaccionario o de derechas, sería utilizado contra las organizaciones obreras, sociales y de izquierda.

Creemos que hay una alternativa a esto, y mucho más eficaz y democrática. Y es el establecimiento del control y la inspección obrera en todas las empresas y compañías –incluidos los bancos– a partir de 50 trabajadores. Este control obrero, ejercido a través de un comité de miembros elegidos en asambleas de trabajadores de cada empresa, tendría como cometido fiscalizar los libros de balance de las empresas y la producción. Esto establecería un conocimiento preciso y exacto de la producción y del movimiento de cuentas de las empresas que son responsables de mover el 90% de la riqueza del país. El control obrero en los bancos permitiría conocer inmediatamente cualquier movimiento anómalo o transferencia de divisas y dinero fuera del país o a paraísos fiscales.

Otra demanda central debe ser que los condenados por delitos fiscales, además de pagar con la cárcel, deben devolver íntegramente lo robado o estafado, y responder en caso de no satisfacer la suma defraudada, con sus propiedades y bienes, a través de la expropiación sin indemnización de las mismas, declarando como fraudulento cualquier alzamiento de bienes desde la fecha en que inició su actividad delictiva para frustrar cualquier intento de ocultar sus propiedades en familiares o testaferros.

Hay que exigir en el caso de las empresas implicadas en sobornos y comisiones a políticos para conseguir contratos públicos, que sus directivos sean encausados penalmente, que devuelvan todo el dinero recibido del Estado, y prohibír su participación en cualquier concurso público futuro.

Por último, debemos exigir la devolución íntegra del dinero público entregado a la banca para su rescate. Es inaceptable que el gobierno haya reconocido que el Estado jamás recuperará el 70% del rescate bancario y que ha estimado en 40.000 millones de euros. Exigimos esa devolución con la expropiación de los activos de los bancos que recibieron esas ayudas o que adquirieron a precios de saldo las antiguas cajas y sus activos, saneadas con ese dinero.

La corrupción extrema de la oligarquía española y de sus políticos a sueldo, con sus decenas y cientos de miles de millones de euros defraudados al fisco u ocultos en paraísos fiscales, desnuda la hipocresía nauseabunda de su gritos de histeria contra las migajas que, en comparación, suponen el dinero destinado a las ayudas y subsidios sociales (desempleo, dependencia, PER, renta básica o de integración, becas, etc.) y que afectan a cientos de miles de trabajadores, desempleados, mujeres y jóvenes sin recursos.

PODEMOS, Izquierda Unida, las candidaturas municipales de Unidad Popular, movimientos sociales como la PAH, STOP Desahucios y otros, las mareas, los sindicatos y demás organizaciones obreras, sociales y populares deberían poner en pie una campaña estatal contra la corrupción del sistema, acompañada de actos, movilizaciones, charlas y jornadas de lucha. Esta será la mejor manera de concienciar y hacer avanzar la comprensión de la clase trabajadora y demás sectores populares sobre el carácter injusto y degenerado del régimen y del sistema capitalista que lo sustenta, y de preparar una sonora victoria electoral, combinando la movilización política con la movilización social.

Nuestras propuestas

Resumiendo, contra la corrupción capitalista, exigimos:

- Que la Agencia Tributaria publique la lista completa de los 715 grandes defraudadores sospechosos de blanquear dinero. Que paguen todo el dinero defraudado o que sean expropiados.

- Control obrero democrático en todas las empresas y bancos a partir de 50 trabajadores como la medida más efectiva para luchar contra el fraude fiscal y la fuga de capitales

-Expropiación sin indemnización de las empresas y bancos que evadan y fuguen divisas y capitales de manera reiterada.

- Que los condenados por delitos de corrupción devuelvan íntegramente el dinero robado o sean expropiados.

- Cárcel para los empresarios condenados por corromper a funcionarios o pagar comisiones a cambio de contratos públicos. Devolución del dinero recibido por el Estado o expropiación de la empresa.

-Progresivamente, y en el plazo más breve posible, que todas las obras públicas, de infraestructuras, y la provisión de mobiliario sea otorgado a empresas públicas (municipales, regionales o estatales) bajo control obrero y social, para terminar con los sobreprecios, comisiones ilegales, robos y corruptelas inevitables que se dan con las licitaciones a empresas privadas.

-Avanzar hacia la plena democratización de la vida social. Plenos poderes de participación, control y gestión para las asambleas vecinales en cada barrio

Corrupción y socialismo

En última instancia, cualquiera de estas medidas tendrá una eficacia parcial mientras no se ataje la causa principal de la corrupción, como es la propiedad privada de las palancas fundamentales de la economía en manos de un puñado de oligarcas, y la existencia de un aparato estatal no sometido a control alguno y separado del pueblo. Por eso. debemos vincular la lucha contra la corrupción con la lucha por la transformación socialista de la sociedad, en un régimen de auténtica democracia obrera y popular. Un régimen donde cualquier representante público sea elegible y revocable en cualquier momento por quienes lo eligieron; que ningún funcionario o representante público reciba un salario superior al salario promedio de un trabajador cualificado; plena participación popular en el control y la gestión de los asuntos públicos, lo que requiere la disminución inmediata de la jornada laboral a 6 horas, como mínimo, para disponer del tiempo suficiente para dedicarlo a esa tarea; reparto de las tareas de administración y gestión entre todos los miembros adultos de la comunidad, por turnos.

Sólo de esta manera, podremos tener plenamente democracia económica y social; es decir, una democracia socialista.