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Colombia: 2011 – Un año incierto

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En la coyuntura de una crisis económica de dimensiones internacionales, el 2010 prometió desde el principio ser un año difícil para Colombia. Una de las pocas noticias positivas que recibimos fue la inexequibilidad del referendo reeleccionista que buscaba un tercer período de gobierno para Álvaro Uribe Vélez. Ese 26 de febrero sentimos el alivio de saber fuera del solio de Bolívar a un personaje nefando para la historia de Colombia. No fue simplemente el resultado de una eficiente democracia burguesa, ni siquiera de la sapiencia de las altas cortes1; más bien una maniobra necesaria para la oligarquía colombiana que contó con el apoyo, a veces inconsciente, de diferentes sectores del proletariado afectados por el régimen uribista.

 

Uribe centró su programa en tres ejes fundamentales: la Seguridad Democrática, la Cohesión Social y la Confianza Inversionista. En la práctica estos “conceptos” se tradujeron en aliar las Fuerzas Armadas al paramilitarismo desde las altas esferas del poder político y ponerlos al servicio de la oligarquía terrateniente; reprimir el accionar de cualquier tipo de oposición política y brindarle absolutas libertades y garantías a los intereses del imperialismo. El fracaso de esta política es evidente: Altas cifras en desplazamiento, víctimas de la violencia, concentración de la propiedad, indigencia y desempleo; disminución de los salarios reales, crisis en el sistema de salud, deficiencia en la educación y un etcétera tan extenso como lamentable.

 

 

Sin embargo, no fue este estado de cosas el que llevó a un importante sector de la oligarquía a buscar un relevo en la Casa de Nariño. Una práctica tradicional de la burguesía  colombiana desde sus orígenes ha sido su carácter endogámico: el poder se ha repartido entre miembros de unos pocos clanes desde hace casi dos siglos. Empero, en algunos casos, se ha visto obligada a valerse de personajes espurios para enfrentar problemas coyunturales. Un ejemplo claro de esto fue la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), a quien la burguesía otorgó el poder para frenar el régimen de Laureano Gómez que significó la fase más sangrienta del período histórico conocido como La Violencia. Igualmente, los jefes liberales necesitaban arrebatarle a las guerrillas que ellos mismos fundaron el poder político conquistado entre diversos sectores del campesinado. 

 

 

Rojas no era un hijo de la oligarquía, sino de las capas privilegiadas del campesinado. Empero, tan pronto el dictador conquistó poder político entre algunos sectores populares, fue reemplazado por una Junta Militar que haría la transición al Frente Nacional2. De manera similar, Uribe suponía ser la persona idónea para ejecutar el Plan Colombia3, y asestar un golpe definitivo al movimiento obrero y campesino que empezaba a levantar cabeza a pesar del exterminio de la Unión Patriótica (UP), inspirado por la Revolución Bolivariana en la vecina Venezuela y necesitado de alternativas ante el fracaso del modelo neoliberal. 

 

 

A diferencia del actual presidente, Uribe no es hijo de la oligarquía sino de la pequeña burguesía antioqueña que a finales de los setenta y principios de los ochenta, aliada con el lumpenproletariado, logró acumular poder económico y ascender socialmente gracias al narcotráfico y otras economías subterráneas. Esta coyuntura permitió que sectores lumpen accedieran a las altas esferas del poder y quedó demostrado en julio de 2004 cuando los principales jefes narcoparamilitares presentaron su programa en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes y aseguraron contar con el apoyo del 35% del Congreso. El escándalo de la Parapolítica demostraría lo cierto de esta declaración. Ciertamente la presencia de “indeseables” en las altas esferas del poder motivó a la oligarquía a buscar una solución que incluyera devolver la presidencia a uno de sus hijos legítimos y de paso lograr una purga de sus filas. Por otra parte, las preocupantes violaciones a los Derechos Humanos incrementadas bajo el gobierno de Uribe implicaban un obstáculo para la aprobación de Tratados de Libre Comercio. Como lo demuestran los cables filtrados por WikiLeaks, escándalos como “las chuzaDAS”, los “falsos positivos” y los ataques contra Chávez, preocupaban a Estados Unidos que, ahora más que nunca, precisa de una careta democrática para su aliado más fiel en el hemisferio. 

 

 

A pesar de los resultados iniciales en términos macroeconómicos, el advenimiento de la crisis económica intensificó la crisis política que generó una administración que sólo fue eficiente en apariencia. Al final, Uribe resultó ser el ejecutor de los designios de los sectores ideológicamente más atrasados de la oligarquía. En las condiciones de crecimiento económico de su primera administración esto no implicaba problemas. Al fin y al cabo, había plata. Pero la crisis ha demostrado el carácter real de ese crecimiento y ante las contradicciones surgidas de la misma, los diferentes sectores han tenido que acomodar sus estrategias a un juego sin reglas en el que siempre pierden los trabajadores.

 

 

Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe e importante miembro de su gabinete, es un digno representante de su clase: anglófilo, neoliberal, pragmático e ilustrado. Parecía ser la persona idónea para devolverle a la oligarquía el control absoluto y direccionar la política de una manera estratégica; o mejor dicho, para repartir el poder político y los cargos burocráticos de manera ordenada, en eso consiste su programa de Unidad Nacional. A él se han sumado sus aliados naturales: Cambio Radical (CR), el Partido Conservador (PC) y el Partido Liberal (PL). Mientras, el desprestigiado Partido de Integración Nacional (PIN), formado por parapolíticos, ha sido desdeñado. Personajes como estos han visto en riesgo las plazas conquistadas producto de pescar en la vorágine de corrupción que significó el régimen de Uribe. Esta situación ha generado una serie de calurosos debates en un Congreso en el que la oposición es minoría. Sin embargo, la agenda legislativa propuesta por el Gobierno ha tenido un paso exitoso por ambas cámaras, demostrando que el debate no se origina en verdaderas diferencias políticas sino en un conflicto de intereses económicos entre tiranos y esbirros que ha sabido lidiar con habilidad el Ministro de Interior y Justicia Germán Vargas Lleras, nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). 

 

 

A todo este confuso panorama se suma una intensa temporada de lluvias que azota al país desde abril del año pasado y que a la fecha suma al menos 319 muertos, 62 desaparecidos y más 2,2 millones de damnificados. Esto sin contar la destrucción de más de 5000 viviendas, casi 700.000 hectáreas anegadas y miles de animales muertos4.  

 

 

Ciertamente no podemos acusar al gobierno de los cambios atmosféricos, pero lo que realmente deja ver la avalancha de tragedias que ha arrasado a la casi totalidad del país son los problemas estructurales de un país cuyo destino están en las manos equivocadas. El actual sistema, por un lado, es incapaz de responder a las necesidades de los damnificados pero, de otra parte, muchas de las pérdidas humanas y materiales han sido consecuencia de la falta de vivienda digna y planificación urbana. Tal vez el ejemplo más patético en este sentido sea La Gabriela, un barrio cercano a Medellín en el que han muerto decenas de trabajadores, niños y ancianos. El alud de tierra que los sepultó está directamente relacionado, no con las lluvias, sino con un botadero de escombros y un parqueadero de tractocamiones que, ciertamente, no fueron producto de la iniciativa popular ni de un estudio urbanístico sobre el sector5

 

 

Buena parte de la ayuda recibida por los damnificados viene de la solidaridad de los arruinados trabajadores colombianos, que ya habían hecho lo propio a principios de año respecto a los damnificados de Haití. Los grandes potentados, por otra parte, han hecho algunas donaciones que les significarán beneficios fiscales. Pero el grueso de los fondos provendrá de la venta del 10% de Ecopetrol6, la más grande empresa colombiana que ya sufrió una privatización del 10% durante el gobierno de Uribe. Por otro lado, la corrupción que caracteriza a los ejecutores de los dineros públicos plantea muchas dudas sobre el feliz resultado que puedan tener las obras de reconstrucción.

 

 

Se empeora entonces la situación del país que sigue viéndose afectado por la crisis económica. Si bien el Gobierno ha dicho descarademente que este ha sido un buen año y que el próximo será mejor7, algunos ven con preocupación el futuro próximo. El economista liberal Eduardo Sarmiento lo expresa en términos muy concretos: “La economía crecerá cerca del 4%, la informalidad [laboral] se acentuará y la distribución del ingreso no mejorará8.” 

 

 

No hay más que esperar. La manipulación mediática, no es una solución para las necesidades de la clase obrera. Tal vez se pueda mantener el engaño por unos meses, tal vez un par de años más, pero en algún momento el ruido de las tripas será mayor que el de la TV. Cuando el futuro del proletariado colombiano está marcado por la incertidumbre no hay otra solución que el derrocamiento de la burguesía y la conquista del poder por parte de los trabajadores. Esto sólo será posible a través de un trabajo riguroso y concienzudo, guiado por las ideas más avanzadas que permitan dotar al PDA, principal fuerza política del proletariado colombiano, de un programa socialista. Será un año difícil, pero el trabajo político que hagamos hoy es determinante de la victoria que deberemos conquistar mañana si no queremos vernos condenados a la barbarie antes del 2014.

 

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Notas

 

1. La labor de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha sido sobrevalorada por la prensa liberal. Si bien estos entes han cumplido con su deber, en términos generales, lo que vemos aquí es un sistema político y administrativo que desde su incoherencia demuestra su carácter ineficaz, ya que llegar a este resultado significó un ingente desgaste para el desarrollo de los procesos políticos en el país en los últimos cuatro años.
2. Período de la historia de Colombia en el que liberales y conservadores se alternaron en el poder durante cuatro períodos presidenciales: 1958-1974. El Frente Nacional le negó el acceso al poder político a cualquier fuerza opositora al bipartidismo. Esto llevaría a que la mayoría de organizaciones de izquierda se vieran de una manera u otra ligadas a la lucha armada, situación que empezó a cambiar con la caída del llamado “bloque socialista” y la Constitución de 1991.
3. Plan concebido en 1999 por los Estados Unidos contando con los servicios del entonces presidente Andrés Pastrana Arango. En el papel este plan buscaba combatir a las guerrillas pero en la práctica ha incrementado la violencia y propiciado el accionar de organizaciones narcoparamilitares, así como un significativo aumento de las utilidades para las transnacionales.
5. “El invierno no tiene la culpa”. VOZ. Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2010. p. 15.
8. Eduardo Sarmiento. “Perspectivas 2011”. El Espectador. Comunican S.A.: Bogotá D.C. 2 de enero de 2011. p. 30.