Movimiento Obrero
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La privatización de los aeropuertos supone en sí misma un expolio al Estado, un regalo para los empresarios privados. Pero, además, la forma en que se anunciado, el conflicto con los controladores y la respuesta del gobierno decretando el estado de alarma supone un serio aviso para el conjunto de la clase trabajadora.

El conflicto estalló justo antes del “Puente de la Constitución”, al anunciarse la privatización de los aeropuertos y de la imposición de un cómputo anual de horas trabajadas para los controladores que no incluía las horas perdidas por enfermedad, permisos, etc. No fue casualidad: el gobierno aprovechó que los controladores aparecían ante la opinión pública como privilegiados y que éstos nunca se han vinculado al conjunto de los trabajadores, para demostrar su fuerza y sus intenciones. Éstos, simplemente, mordieron el anzuelo y abandonaron su puesto de trabajo y entonces el gobierno decretó el estado de alarma.

Independientemente de los errores de los controladores y de sus salarios, muy por encima de la media de los trabajadores, no podemos olvidar el contexto en que se produce: un periodo de recortes y privatizaciones.

El decreto de estado de alarma

La argumentación del decreto se podría aplicar a cualquier huelga: se causa un gran prejuicio al lesionar el “derecho de libre circulación” a  un gran número de personas. Pero lo cierto es que, visto en perspectiva, no era necesario cerrar todo el espacio aéreo por el número de controladores que abandonaron su puesto - en Madrid, en el momento del cierre, solo dos controladores habían abandonado su puesto -  ni se llamó a otros controladores para que sustituyeran a los que se declaraba no estar en condiciones. Simplemente, se cerró el espacio en busca de la hecatombe.

A continuación, tanto el ministro Blanco como Rubalcaba, se lanzaron al ataque: “quien echa un pulso al Estado, lo pierde.” Es un grave precedente. Ya, durante la huelga de trabajadores del metro de Madrid, Rubalcaba amenazó con utilizar a la policía para acabar con la huelga. Se avecina un periodo en que los sindicatos se verán obligados a contestar a las contrarreformas previstas por el gobierno, y la burguesía empezó a tomar medidas que pretende sistematizar en el futuro.

¿Qué garantía tenemos de que la misma argumentación no sea utilizada contra los trabajadores del metro o autobuses para garantizar el “derecho constitucional a la libre circulación”? ¿O para prohibir una huelga de profesores para “garantizar el derecho a la educación”?

El periódico Cinco Días aplaudió la actuación del gobierno en un editorial titulado “Un ejemplo de lo que se debe de hacer y evitar”. Más claro que el agua.

“La huelga encubierta y desmedida de los controladores aéreos del pasado fin de semana ha sido uno de los mejores ensayos de resistencia para las instituciones administrativas y gubernamentales, para la legislación (…)

“Pero no puede, ni el Gobierno ni el país, dejar pasar uno de los episodios más graves de desobediencia civil y presión laboral que se recuerda, sin resolver de una vez por todas las lagunas que en la legislación del derecho de huelga dan alas a este tipo de comportamientos. No es posible que el juego de dos de los derechos más sagrados que tienen los trabajadores, como son el de hacer huelga o el de acudir al trabajo si así se desea cuando hay huelga, sigan regulados por un simple decreto remendado reiteradas veces por sentencias judiciales.

“Este último brote de conflictividad (…) ha abierto el proceso de privatización parcial de los servicios aeroportuarios. En ningún caso debe frenarlo, y si fuere posible, debe ampliar el foco para dar pasos más firmes hacia la gestión privada tan común en Europa.” (El énfasis es nuestro) Cinco Días (6-12-10).

En resumen: aplauden al gobierno por haber impuesto sus condiciones, haber iniciado la privatización, y por la mano dura. Además, subrayan que no se puede dejar pasar la ocasión para imponer una ley de huelga. Y, de paso, recuerdan las “reformas pendientes” que ningún colectivo puede frenar.

En algo estamos de acuerdo: en el sagrado derecho al trabajo. El problema es que estos empresarios sólo lo recuerdan cuando hay huelga, no cuando destruyen empleo.

Lástima también que la contundencia demostrada “contra los que echan un pulso al Estado” no sea empleada contra “los mercados”, que hipotecan al propio Estado, obligándole a sanear los balances de los bancos con los recursos de todos.

Privatización

¿Cuál es la razón de la privatización de Aena? En primer lugar, hacer caja. En segundo, “mejorar la gestión”. Pero ninguno de los dos argumentos se sostiene.

Esta política es la misma que la empleada por los gobiernos de Aznar cuando se privatizaron las grandes empresas públicas españolas. Para cumplir con los criterios de entrada en el Euro, se redujo el déficit, vendiendo las empresas públicas.

La valoración que hace el gobierno de la empresa Aena oscila entre los 12.272 y los 18.175 millones de Euros. Incluso, desde el punto de vista capitalista, esto es un disparate. Aena publica  en su memoria anual del ejercicio 2009 que tiene unos activos valorados en “más de 300.000 millones de euros”.

Aena es una empresa rentable. Cierto es que acumula una deuda de 12.000 millones de euros. Pero esto es fruto de la política de modernización, por una parte, y del despilfarro por otra. Solamente la famosa terminal  T4 de Barajas ya costó más de 6000 millones de euros. La nueva terminal satélite T1 de El Prat ha costado cerca de los 5.500 millones. Estas obras posicionan a Madrid y Barcelona como aeropuertos de referencia. Pero a estas inversiones hay que sumar otras, como aeropuertos en todas las comunidades autónomas y aeropuertos como el de Ciudad real, con menos de 10.000 pasajeros al año. En Tenerife  Sur se construyó una torre que no ha llegado a funcionar por defectos de construcción. El aeropuerto de Salamanca tiene 4 pasajeros de media por operación y el de Burgos, 8 (46 millones de euros de inversión). A pesar de todo, su deuda se saldaría en el 2014.

Al privatizar Aena, se dividiría la gestión de los aeropuertos y, obviamente, las grandes empresas como Abertis o Ferrovial estarían interesadas en los grandes aeropuertos, dejando los deficitarios al Estado. Esta posibilidad ya se recoge en el Real Decreto de 3 de diciembre de 2010.

A este botín hay que añadir que Aena, a través de sus sociedades filiales, es líder en tecnología. Las empresas de infraestructuras han tenido que asociarse con Aena, como socio tecnológico, porque hasta 2004 no tenían ni un sólo céntimo invertido en aeropuertos.

Está claro que no hay ninguna razón para la privatización. Se podría argumentar que la gestión privada sería mejor. Pero  el ejemplo de los aeropuertos privatizados en Europa no mejora el servicio público. Un solo ejemplo: en el reciente temporal de Navidad, la falta de previsión y de anticongelantes, hizo cerrar varios aeropuertos. La propia UE amenazó entonces a los diferentes aeropuertos con intervenir para regular la navegación.

Una empresa privada tendría solo un objetivo: ganar dinero. Para ello tendría que encarecer las tasas y endurecer las condiciones laborales. Ya se habla claramente de que las empresas que gestionen el aeropuerto podrán subrogar a los trabajadores.

Tampoco los usuarios de vuelo saldrían beneficiados. Las tasas de los aeropuertos españoles están por debajo de la media europea. Y el presidente de Aena, ya anunció que las tasas de los aeropuertos como el de Madrid están un 400% debajo de las de los 5 grandes aeropuertos de Europa, y que hay que subir las tasas gradualmente.

Por tanto, para la clase trabajadora no hay ningún beneficio en la privatización: ni los viajeros se benefician, ni se abarataran costes, ni se mejora las condiciones laborales, ni se mejora las comunicaciones del país, ni se gestiona mejor. Solo se vende a un precio irrisorio el capital público, renunciándose a su control para beneficio de unas grandes empresas.

Los primeros implicados en frenar esta privatización son los trabajadores de los propios aeropuertos, que ya han planteado movilizaciones. Pero esto no es solo una lucha de los trabajadores de Aena. Dentro de los aeropuertos existen ya cientos de trabajadores que trabajan para todo tipo de contratas. Explicar y denunciar sus condiciones sería un paso.

Precisamente, el conflicto de los controladores es una prueba de cómo no podemos caer en determinadas trampas. Un sector aislado, que no gane apoyo en la opinión pública, que no se vincule al resto de reivindicaciones de los trabajadores, puede ser fácilmente derrotado. Ese fue el éxito del gobierno, tejer una cortina de humo con los privilegios de los controladores para ocultar la privatización.