Editoriales
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portadaldcn37El rey Felipe de Borbón inauguró solemnemente la XII legislatura con un discurso donde pidió a las fuerzas políticas "diálogo y respeto a las instituciones democráticas", agradeciendo además la “generosidad” que ha permitido la formación del gobierno, en referencia explícita al PSOE. Erigido en portavoz del régimen, el rey fue aclamado por la mayoría del Congreso, pero encontró la respuesta del silencio, en un gesto desafiante, de cerca de un centenar de diputados, fundamentalmente de Unidos Podemos, quienes también rehusaron posteriormente estrechar la mano de sus majestades.

portadaldcn37Este gesto “jacobino” muestra el escenario que van a encontrarse en esta legislatura que amenaza con ser corta, no sólo el ciudadano Borbón, sino el ejecutivo del PP.

El gobierno es mucho más débil que antes, pero está obligado a enfrentarse a las familias trabajadoras ante un contexto económico lleno de nubarrones, si quiere mantener los beneficios de los ricachones y la competitividad de sus empresas. Pero, ¿qué escenario económico y social tenemos por delante?

El entorno económico

Hay un estancamiento económico internacional, empezando por la propia Unión Europea (UE), que crecerá un raquítico 1,6% del PIB en 2017. Y se prevé que la economía española reducirá su crecimiento del 3,2% al 2,3% del PIB.

A la menor actividad económica mundial, hay que añadir los efectos de la salida británica de la UE (el Brexit) y las políticas proteccionistas de paralizar los tratados comerciales que plantea el nuevo presidente de los EEUU, Donald Trump. Esto anuncia una reducción del comercio mundial que afectará al crecimiento económico, con consecuencias negativas adicionales para la UE y el Estado español.

La tarea inmediata del gobierno es aprobar unos presupuestos para 2017 que consagren nuevamente el ajuste, dada la enorme deuda pública existente de más del 100% de la riqueza creada anualmente (el PIB). Se espera que en 2016 los gastos del Estado superen a los ingresos (déficit público) en 50.500 millones de euros, el 4,6% del PIB. Pero la Unión Europea exige que en 2017 este déficit público se reduzca hasta los 35.000 millones, un 3,1% del PIB. Así, el déficit público debe reducirse en 15.500 millones de euros.

El gobierno espera que el 2,3% que crezca la economía reporte 10.000 millones de euros más en impuestos, para atajar ese déficit. Pero seguirían faltando 5.500 millones. La alternativa es aumentar los impuestos o reducir los gastos, o ambas cosas a la vez.

El gobierno dice que subirá impuestos, y no recortará el gasto. Hablan de reformar el impuesto de sociedades a los grandes empresarios. Y anuncian  subidas de impuestos en combustibles, bebidas, tabaco y alcohol, que tienen una incidencia directa en el consumo de la población. Pero si la desaceleración económica es más pronunciada de lo esperado, y cae la recaudación de impuestos prevista, no podrían descartarse reducciones del gasto. Lo cierto es que no habrá un incremento del gasto social que revierta los ajustes anteriores, y se subirán impuestos al consumo. Ningún truco contable cambiará el carácter ajustador de este gobierno.

La clave del gasto público son las pensiones, que suponen 135.000 millones anuales. Con un déficit anual de la Seguridad Social de 17.000 millones, en 2017 se agotará el fondo acumulado en la llamada “hucha de las pensiones”, que permitía cubrir ese desfase. Dicen que a partir de 2018 las pensiones no contributivas (invalidez, viudedad, asistenciales, etc.) podrían financiarse con los presupuestos y no con las cotizaciones sociales. Pero en un contexto de ajuste del gasto público, será complicado hacerlo. Así,  una reducción de las pensiones está planteada en el horizonte.

El PSOE, clave en la estabilidad

Rajoy dice que intentará aprobar los presupuestos de 2017 pactando con Ciudadanos, PNV y PSOE. Los dirigentes socialistas dicen que no apoyarán los presupuestos, pero también dicen ser un partido de orden comprometido con la estabilidad presupuestaria que exige Bruselas. Estarán sometidos a la presión de dos piedras de molino: la del PP, como garante de las políticas económicas y sociales que emanan de los grandes empresarios y de Bruselas; y la de Unidos Podemos que les señalarán con el dedo cada componenda que pacten con el PP.

La estabilidad del gobierno dependerá en última instancia del PSOE, donde la gestora que controla el partido lo quiere tener "atado y bien atado". El núcleo dirigente ha demostrado ser una agencia de la burguesía. No está claro cuándo convocará un Congreso para elegir su dirección. Necesita arrinconar antes toda oposición en las bases y en las direcciones locales y regionales. Tratará de asegurar que la oposición que pretende encabezar Pedro Sánchez fracase. Ha insinuado un cambio en los Estatutos que prohíba las corrientes internas, como Izquierda Socialista. También insinúa con separar a su organización catalana, el PSC, de los organismos dirigentes del PSOE, por su apoyo a Sánchez y su No a la investidura de Rajoy. Salga lo que salga de esto, será un PSOE más derechista, comprometido con el nacionalismo españolista de la derecha, y más venenoso en sus ataques contra Unidos Podemos. En estas condiciones, se desacreditará aún más y profundizará su declive.

Un cambio en el ambiente 

La economía española está a punto de alcanzar el nivel de producción previo a la crisis, con dos millones de asalariados menos. Esto da un indicio del grado de sobreexplotación de los trabajadores y de la precariedad laboral. El INE desveló recientemente que los salarios perdieron más de un 11% de poder adquisitivo desde 2008. Los accidentes laborales han crecido un 12,3% desde 2012. Todo tiene un límite. Los obreros ven que aumentan las carteras de pedidos y los beneficios de los empresarios, mientras sus condiciones siguen empeorando.

Estamos viendo por primera vez luchas ofensivas por recuperar conquistas perdidas y mejores condiciones laborales y salariales. Este ha sido el caso en varias subcontratas de Michelín-Vitoria, de los trabajadores de Call Centers y Telemárketing, de la huelga victoriosa de las bodegas del marco de Jerez, que recuperó un aspecto clave como la antigüedad, y hubo más diez días de huelga total. En Nissan (Barcelona) los trabajadores lograron mejoras parciales con la sola amenaza de la huelga. En el Comercio de Málaga hay convocados dos días de huelga para la temporada navideña. Son todavía casos poco numerosos, pero marcan una tendencia que, en el horizonte, pone también las bases para una recomposición del movimiento sindical. El surgimiento de una nueva capa de luchadores de base debe encontrar, tarde o temprano, una expresión en una oposición genuina de masas a una burocracia sindical desprestigiada y completamente alejada de los trabajadores.

Luchar para derrotar al PP

Una anciana de 81 años murió en un incendio en su piso en Reus, causado por una vela. Dos meses antes, Gas Natural le había cortado el suministro al no poder pagarlo. Este trágico incidente revela la barbarie de un sistema que pone el beneficio privado por encima de la vida de las personas. La convocatoria inmediata de Unidos Podemos de concentraciones de protesta ante las sedes de Gas Natural supuso una gran iniciativa.

La actual situación es una oportunidad para que Unidos Podemos sitúe el eje de su acción política en la calle. La mera oposición parlamentaria es insuficiente para desacreditar completamente a la actual dirección del PSOE y las políticas del PP. Hay que hacerles sentir la máxima presión social para que nuestra denuncia sea creíble, y para que las capas más explotadas y también las vacilantes, nos vean que somos su gente. Sólo la lucha puede abrir fisuras y divisiones en la débil mayoría parlamentaria del PP y derrotar sus políticas.

Por su parte, los “Ayuntamientos del cambio” (Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, etc.) deben dejar sus lamentaciones contra los chantajes del ministro Montoro y de los partidos opositores, y organizar también la movilización popular en sus ciudades a favor de sus políticas de incremento del gasto social, por la vivienda y por la municipalización de los servicios públicos.

Tan importante como lo anterior, es el programa que Unidos Podemos debe agitar para galvanizar un apoyo popular masivo. Además de las demandas parciales por empleo y salarios dignos, por la derogación de las leyes reaccionarias del PP, etc. hay que insistir en que el dominio de la oligarquía económica de las 200 familias es incompatible con la vida digna y el progreso social de millones. El caso de las compañías eléctricas es claro, pero ¿no lo es también el de las grandes constructoras, el de los bancos, el de las grandes superficies comerciales, el de las empresas del IBEX35, la mitad de las cuales no pagan impuesto de sociedades? Deben ser nacionalizadas bajo el control de los trabajadores, sin indemnización salvo a los pequeños accionistas, y puestas a funcionar para atender las necesidades de la mayoría de la población. El único programa realista es un programa socialista. No hay otro camino, pongamos manos a la obra.