El ataúd de lo Público

Escrito por Félix Manuel Porras García – IU Puerto de la Torre (Málaga) Sábado 25 de Diciembre de 2010
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En el contexto de los planes de ajuste del Gobierno de Zapatero, desde mayo de 2010 diferentes gobiernos regionales han desarrollado planes de ajuste propios en la línea del gobierno central. El jueves 23 de diciembre publicamos un enlace a la noticia de una manifestación masiva de miles de trabajadores murcianos contra los ajustes del gobierno regional del PP. En este caso, un compañero de IU da su punto de vista acerca de los decretos que, en esencia con la misma filosofía de fondo, ha sacado la Junta de Andalucía, dirigida por el PSOE. Dicho gobierno desde hace ya tiempo viene aplicando una política de segregación de empresas públicas, que funcionan con criterios meramente empresariales. Ahora, con la excusa del ajuste, se estabiliza aún más esta situación.

Los Decretos 5/2010 y 6/2010 de Reordenación de la Junta de Andalucía dicen que pretenden flexibilizar la congestionada carga burocrática y agilizar el funcionamiento de la Administración Pública. Para esto se crean una serie de “entes”, llamados “instrumentales”, que dicen responder a la especificidad de cada uno de los sectores a los que atiende. De esta manera se crean Agencias, Empresas Públicas y Fundaciones.

Detrás de todas estas, aparentemente, inocuas expresiones a las que el capitalismo salvaje nos tiene acostumbrado, se esconde el objetivo de abaratar los salarios, introducir en el sector público la omnipresente precariedad y temporalidad existente en el sector privado, además de externalizar servicios públicos, utilizando diferentes figuras jurídicas. A grosso modo explicaremos que:

  1. Privatiza servicios, bien pagando a una empresa para que preste esos servicios, lo que conllevaría el pago también de una plusvalía para el empleador a cargo del heraldo público, con lo que no se reducirían costes. Y con un importante riesgo de fraude en las licitaciones, a través de conciertos, convenios, contratos de prestación de servicio, de obras y hasta los llamados contratos menores de los que dice la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en su artículo 122:

Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación … Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos”.

  1. Creación de los llamados “entes instrumentales”, donde el trabajador pasaría a ser personal laboral, regido por el Estatuto de los Trabajadores, y se universaliza la precariedad imperante en el sector privado. Estas instituciones, a su vez, también pueden celebrar contratos públicos con otras empresas privadas para externalizar servicios como pueden ser la selección de personal, con el importante riesgo que conlleva este tipo practicas como explicaremos más adelante.

Con este decreto se han creado una serie de Agencias que sustituyen a otros entes públicos. En este sentido se incurre en fallo de forma, pues como dice la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía en el Artículo 56: “La creación de las agencias administrativas y públicas empresariales se efectuará por ley, que establecerá:

  1. El tipo de entidad que se crea, con indicación de sus fines.
  2. Las peculiaridades de sus recursos económicos, de su régimen personal y fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley.”

Primero se ha legislado mediante un Decreto-Ley (no con una Ley) para aprobar, "de forma urgente", la reordenación del sector público; y, segundo, todos estos cambios se centran en precarizar las condiciones de sus trabajadores e introducir cambios fiscales.

Utilizaré de ejemplo una agencia recientemente creada que por su sector de actividad se acerca más a mi práctica diaria. La agencia empresarial pública de servicios sociales se define en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía de la siguiente forma:

Las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se atribuyen la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público sean o no susceptibles de contraprestación, y que aplican técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias”.

Todo esto supone un retroceso en los avances hacia un sistema público que atienda a las personas dependientes y que mercantiliza el dolor ajeno. Pues deja la puerta abierta a la contraprestación y al concepto en boga del “copago”, en lo que supone un avance notable hacia el copago.

Creo que es importante analizar los cambios que hacia esta materia se están dando por ejemplo en Salud. En el hospital “público” Costa del Sol, en Marbella (digo público, entre comillas, pues se trata de una entidad pública pero con gestión privada), es la avanzadilla andaluza en la privatización del sector sanitario. Sorprende ver cómo cuando se es atendido por un servicio de especialidad en dicho hospital, desde hace poco, junto con el alta se hace entrega de una factura, dicen que testimonial, para que el usuario “vislumbre los gastos de los maltrechos Sistemas de Protección Social y así prevenir un uso incorrecto e insolidario del sistema público de salud”. ¿Acaso alguien se somete a una operación de cataratas porque no tenga nada mejor que hacer?

Regresamos de nuevo a la palabra licitación, para explicar cómo se agilizan la externalización de servicios, que llega incluso a interferir en los procesos selectivos de estos “entes públicos”. Si una empresa persigue como objetivo el lucro e intereses privados ¿Qué garantías de imparcialidad existen en estos procesos de selección? Estos procesos no son nada nuevos, ya se vienen desarrollando por empresas especializadas en recursos humanos y empresas prestadoras de servicios, todas estas provenientes de las ETTs. Es curioso comprobar cómo tras la última reforma laboral no necesitarán clonarse estas empresas, pues sin cambiar de denominación podrán campar a sus anchas en las Administraciones Públicas y celebrar contratos con éstas.

Ya un sistema público que modere y suavice las contradicciones del capitalismo (la tercera vía del Keynesianismo) no tiene sentido desde la lógica neoliberal cuando entienden que la amenaza del comunismo se ha disipado. Ante estos ataques a los trabajadores y la traición de los dirigentes sindicales “de clase” en Andalucía han surgido una serie de sindicatos profesionales que se enfrentan a la Junta de Andalucía, CCOO y UGT.

El discurso de los poderes fácticos pretende que impere el libre mercado, que los especuladores campen a sus anchas y los trabajadores nos encontremos divididos. Así nos encontramos con el problema de cómo se nos ha sectorizado a los trabajadores, se nos ha separado de los maestros, de los médicos, de los enfermeros, de los extranjeros, de los obreros y se nos ha enfrentado. Nos han dicho quiénes son los privilegiados y contra quién debemos indignarnos por tener estabilidad laboral pero ¿Es que acaso no debemos tener todos salarios dignos y estabilidad laboral? Más bien pretenden que todos los trabajadores tengamos precariedad, salarios bajos, despotismo empresarial y alta temporalidad.

Ahora más que nunca hacen falta unos verdaderos sindicatos de clase que prioricen los intereses de la colectividad, pero cohesionados, impulsados y fiscalizados desde las bases. ¡Proletarios de todos los países, uníos!