Corrupción y capitalismo van de la mano – ¡Hay que echarlos!

Escrito por David Rey Jueves 18 de Mayo de 2017
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La corrupción extrema que exhala el Partido Popular se ha convertido en un elemento principal de la crisis de régimen que atraviesa el Estado español. La última trama que ha saltado a la luz –la llamada “operación Lezo”– ha golpeado de lleno en el aparato judicial, al desvelar los mecanismos utilizados por el gobierno para influir en el nombramiento de jueces y fiscales a fin de limitar, ocultar o paralizar las investigaciones de las tramas corruptas en que está implicado el PP.

tramabus podemosPuede decirse que la corrupción se ha revelado como el modus operandi de un partido dirigido y compuesto por truhanes, golfos y canallas. Cierto. Pero también lo es que el fin de este partido es actuar al servicio de los truhanes, golfos y canallas aún mayores que dirigen la banca y las grandes empresas de la construcción, del comercio, de las telecomunicaciones, del campo y de la industria. Y esto no sólo en lo que se refiere a la política económica y social general del gobierno, sino en cómo éste favorece que los grandes grupos económicos privados asalten los recursos públicos a través de contratos lucrativos, con la recepción de subvenciones y exenciones de impuestos; o entregándoselos directamente, a través de las privatizaciones de empresas y servicios públicos rentables que costaron generaciones poner en pie. Este tipo de corrupción “legal” no es menos perniciosa ni costosa que la “ilegal”.

En un sistema –como el capitalismo– basado en el lucro, la corrupción es parte integrante y existencial del sistema capitalista mismo.

El caso “Lezo”

La “Operación Blas de Lezo”, cuya instrucción está siendo llevada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, es el nombre de la investigación dirigida por la Guardia Civil sobre la trama de corrupción que rodea al Canal de Isabel II. Esta es la empresa pública de aguas y saneamiento propiedad de la Comunidad de Madrid, la más importante del país en el sector, que genera beneficios anuales de 200 millones de euros.

La “Operación Blas de Lezo” hace referencia al almirante español del siglo XVIII, Blas de Lezo, que dirigió la defensa de Cartagena de Indias (en la actual Colombia) contra los ingleses. Dado que los negocios corruptos del Canal investigados tienen como epicentro Colombia, la unidad de la Guardia Civil encargada de la investigación acuñó ese nombre para denominar esta operación.

La pieza más importante de este caso es la compra en 2013 por el Canal de Isabel II –cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid– de la compañía brasileña Emissao por 21,5 millones de euros, pese a que su valor real era de 5,1 millones. Se estima que el sobreprecio fue a las manos de la trama corrupta coordinada por Ignacio González, y una cantidad indeterminada fue a la caja B del Partido Popular. Hay que destacar que la corrupción en el Canal de Isabel II se había iniciado una década antes, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruíz Gallardón. Así, en 2001 el Canal de Isabel II compró la empresa de aguas Inassa, de Barranquilla (Colombia) por 83 millones de euros, cuando estaba valorada solamente en 8 millones de euros.

Con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003, tras comprar a dos parlamentarios autonómicos del PSOE (el “Tamayazo”), los chanchullos y corruptelas en los negocios latinoamericanos del Canal prosiguieron, ya de la mano de Ignacio González, como Vicepresidente de la Comunidad y Presidente del Canal.

En todos estos negocios y tramas corruptas tuvo también un papel el grupo constructor OHL, del exministro franquista Villar Mir, íntimo de la familia real, que fue nombrado marqués por Juan Carlos en 2011. Cuando su yerno, Javier López-Madrid, también implicado y detenido en la “operación Lezo”, fue imputado (y luego condenado) por el caso de las llamadas “tarjetas black” de Bankia, recibió un mensaje personal de la reina Letizia dándole ánimos y se despidió de él con las ya inmortales palabras  “compi yogui”, ya que ambos compartían clases de yoga.

Se estima que OHL, a través de López-Madrid, entregó 1,4 millones de euros a la trama, destinados a pagarle comisiones a Ignacio González por una adjudicación ferroviaria.

En toda esa trama de corrupción hay imputadas 52 personas y 12 detenidas, entre ellas Ignacio González y su hermano Pablo, y Javier López-Madrid.

Aparte de esto, Ignacio González y su hermano están imputados en otra serie de corruptelas, como haber aportado 1 millón de euros al PP con dinero de la Comunidad de Madrid, el saqueo de la empresa pública Mercasa, que gestiona los mercados madrileños, o la compra-venta de favores para otorgar la licencia para la edificación del campo de golf de Chamberí en terrenos del Canal, entre otros. Además, la mayoría de estos 52 imputados aparecen también implicados en las llamadas Operaciones Púnica y Gürtel, consistentes en el pago de comisiones de empresarios a políticos y cargos del PP, y al mismo partido, a cambio de concesiones y contratos públicos.

Lo significativo del caso Lezo es que nos proporciona una serie de hechos que hacen ver a las claras el engranaje, o la trama, que vincula la corrupción política con el aparato del Estado y las grandes empresas.

De la instrucción del proceso ha quedado claro cómo dirigentes del PP (Ignacio González,  Eduardo Zaplana, entre otros), empresarios (como Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid), o jueces (como Enrique Arnaldo Alcubilla) maniobraban en y alrededor del gobierno, y concretamente con el ministro de justicia Rafael Catalá, para favorecer el nombramiento del actual Fiscal General del Estado, José Manuel Maza; y de Manuel Moix como actual Fiscal Anticorrupción, o el traslado de jueces, para torpedear, archivar u obstruir casos de corrupción del PP, como los que afectaban a Ignacio González en el proceso que se le sigue por el ático de Estepona, que supuestamente le regaló la constructora Martinsa tras la recalificación de unos terrenos a su favor en Arganda del Rey.

Por su parte, el Fiscal “Anticorrupción”, Manuel Moix, está utilizando su cargo para obstaculizar las diversas investigaciones de corrupción que llevan subordinados suyos, no sólo en el “caso Lezo”, también lo hizo en el caso de corrupción del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, donde cesó a fiscales anticorrupción de la región, entre otros.

Salvar a la soldado Cifuentes

En todo esto, se ha querido convertir en una heroína a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que fue delegada del gobierno en Madrid desde 2012 a 2015, desde donde dirigió la represión policial de la protesta social de las movilizaciones de masas de 2012-2014 en Madrid. Se pretende instalar la idea que fue ella quien provocó el inicio del proceso de la “Operación Lezo” al pedir a la fiscalía que investigara la gestión del Canal. Eso es falso. Las pesquisas judiciales ya se habían iniciado, e incluso las primeras denuncias de irregularidades habían partido de los propios trabajadores del Canal en 2008. La Asamblea de Madrid, a instancias de la izquierda, ya había constituido comisiones de investigación con el propósito de iniciar la denuncia judicial, una vez que Cifuentes tuvo que destituir al anterior presidente del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino, por estar implicado en los Papeles de Panamá. Fue el miedo a quedar salpicada por el caso y ser acusada de complicidad con la trama, una vez que el proceso judicial era inevitable, cuando solicitó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

Nada cambia el hecho de que en el período que va desde el cese de Rodríguez Sobrino hasta la presentación de su denuncia en la fiscalía, Cifuentes sufriera el acoso de un sector del PP  asustado porque se destapara la trama. En esto intervino el grupo Atresmedia (propietario de La Razón, Antena 3 y La Sexta), uno de cuyos directivos está implicado en la trama de la “Operación Lezo”. Esto se hizo a través del diario La Razón, leído mayoritariamente por votantes del PP, con la participación directa de Francisco Marhuenda y Mauricio Canals, director y presidente respectivamente del diario. Ellos utilizaron varios artículos de La Razón para desacreditar a Cifuentes.  Ésta intervino contra sus compañeros de partido, por tanto, no por amor a la justicia, sino para salvar su carrera política.

Ahora los investigadores de la Guardia Civil han encontrado evidencias penales muy claras de un caso de prevaricación por parte de Cristina Cifuentes, vinculado a la corrupción del PP. Tal parece ser la concesión de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario corrupto Arturo Fernández (actualmente en prisión) tras haber donado éste 160.000 euros a la fundación del PP de Madrid, Fundescam, que presidía Cifuentes. En aquel momento, Cifuentes también presidía la comisión que otorgó la concesión a Arturo Fernández, en lo que parece un claro tratamiento a favor en pago a su donación, pese a que la propuesta de Fernández no cumplía los requisitos del concurso. Se sabe que esta donación fue a la caja B del PP, un acto de financiación ilegal.

Curiosamente, tanto la fiscalía "anticorrupción", de Manuel Moix; como el juez Eloy Velasco han desestimado la denuncia de la Guardia Civil y han exonerado de delito alguno a Cifuente”. Está claro que hay un interés político de los mandamases del régimen en preservar a Cifuentes, quién sabe si para un futuro recambio de Rajoy, en medio de la crisis política que azota al Estado español.

La “policía patriótica”

La podredumbre del aparato del Estado alcanza también, sobra decirlo, al aparato policial. Estos años funcionó dentro de la Policía, lo que se ha conocido como la “policía patriótica”, una trama policial interna de altos jefes y exjefes policiales, con vínculos con el anterior equipo del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, utilizada para fabricar informes y dossieres falsos contra enemigos políticos del PP, como Pablo Iglesias, políticos nacionalistas catalanes, etc. En ella, destaca el excomisario José Manuel Villarejo, un oscuro personaje procedente de la policía franquista, activo durante décadas en las sucias tramas de las cloacas del Estado. Esta banda ha desarrollado al mismo tiempo todo tipo de negocios turbios (de seguridad, vigilancia, estafas, inmobiliarios, etc.), utilizando el aparato policial y recursos públicos de fondos reservados, etc. Uno de los casos más conocidos es el llamado “pequeño Nicolás”, que utilizó a este joven arribista sin escrúpulos, procedente de una familia franquista y del PP, para estafar a empresarios haciéndose pasar por representante y comisionista de altos cargos del gobierno.

Esta “policía patriótica” tiene vínculos directos con el héroe del periodismo amarillo más desvergonzado y mafioso, Eduardo Inda, quien recibía de esta trama las informaciones falsas contra Pablo Iglesias para que las propagara, y a quien le han facilitado –y aún siguen haciéndolo– “primicias” de casos de corrupción obtenidos de investigaciones policiales que le filtran, y que Inda promociona en su portal de “noticias”, OKDiario. Al atraer la atención pública hacia su página por estas “primicias”, obtiene con ello cuantiosos beneficios de los ingresos publicitarios que le proporciona dicho portal de “noticias, quién sabe si para compartirlos con su compadre Villarejo. De hecho, Inda también está implicado en la trama del “pequeño Nicolás”. Como reacción, Inda divulgó en febrero varios audios íntimos del rey Juan Carlos de principios de los 90 e informaciones de su vida lujuriosa –incluida la financiación con dinero público del alto tren de vida de sus amantes– como una manera de chantajear al Estado para que cesara el acoso judicial contra él y Villarejo. Lo cierto es que desde el mes de marzo nada más se ha vuelto a saber del tema.

Para que no falte nada, esta trama policial también tiene vínculos con el “caso Lezo”. Villarejo y sus muchachos actúan de guardaespaldas y realizan “trabajos” para varios de los encausados, que integran el llamado “círculo de Gstaad”, llamado así porque sus integrantes residen por temporadas en esta zona exclusiva de Suiza, en sus casas de lujo. Uno de ellos, el amigo personal de los reyes, López-Madrid, ha sido acusado por su expareja, la doctora Pinto, de haber sido apuñalada en 2014 por Villarejo, por encargo de López-Madrid, por un litigio que tenía la expareja.

Pero esto no es todo. Existe una trama de intercambio de favores entre  periodistas, policías, jueces, fiscales y expolicías que trabajan en grandes empresas. Muchos de estos jueces y fiscales dan conferencias bien pagadas en Schola Iuris, un instituto de práctica jurídica del que forma parte Villarejo.

¿Puede haber una Justicia “independiente”?

Vista toda esta podredumbre y corrupción que engulle al aparato del Estado, ¿cabe hablar de la posibilidad de una justicia “independiente”? Suele representarse a los jueces y fiscales como gente que está por encima del bien y del mal, como seres dotados de un don superior para impartir justicia basándose en criterios de una objetividad inapelable. Esto no es así. Si la “justicia” fuera una cosa objetiva, inapelable, sin espacio alguno para ser sometida a interpretaciones personales, los jueces serían superfluos. Bastaría entonces con disponer de una supercomputadora que contuviera toda la legislación y el código penal, a la que simplemente se aportara los datos particulares demostrados de cada caso judicial, y darle a un botón para que nos diera automáticamente el resultado sobre la culpabilidad del acusado, y la pena que debiera corresponderle.

Es verdad que el aparato judicial tiene un cierto automatismo y muchos jueces y fiscales, honestamente, se consideran comprometidos con lo que ellos suponen que es la justicia. Las denuncias se presentan en los juzgados o la policía, y los jueces y fiscales están obligados a tramitarlas (o desecharlas), siguiendo el curso establecido en una serie de normas. En este sentido, que el aparato judicial puede adquirir cierta “independencia”  en su actuación.

Pero los jueces y fiscales son personas comunes que viven en un determinado medio, proceden de clases sociales concretas, tienen relaciones sociales y familiares específicas, e interpretan la ley (más allá de que ésta sea reaccionaria o progresista) atendiendo a sus propios prejuicios personales y políticos, y a sus visiones de la realidad, bien para encontrar atenuantes en la comisión de un supuesto delito o, al contrario, para encontrar agravantes. Los jueces y fiscales también tienen aspiraciones personales; cargos, sueldos, destinos, tribunales, prestigio; cuya consecución también están determinadas por sus propias relaciones sociales, y en una gran cantidad de veces, por sus relaciones con el poder político y la llamada “opinión pública”; esto es, los medios de comunicación.

La realidad muestra que la inmensa mayoría de los jueces procede de las clases altas, de la burguesía y de la pequeña burguesía adinerada. Hay un filtro de clase innegable en la carrera judicial. Esta gente incorpora a su labor sus prejuicios y su visión de clase, se relacionan familiar y socialmente con la gente de su clase, concurren a los mismos clubes, restaurantes, lugares de ocio, etc.

Es cierto que hay excepciones a esta regla. A veces, los pocos jueces y fiscales procedentes de las capas bajas de la clase media y, más excepcionalmente aún, de la clase trabajadora, o los que han asimilado en su juventud ideas progresistas y democráticas avanzadas, pueden llegar a instancias elevadas de la carrera judicial. Pero no es la norma. Sucede también que jueces conservadores, por miedo a la presión social para no quedar desacreditados ante la opinión pública en casos claros y sangrantes de delitos cometidos por los ricos o políticos burgueses, están obligados a conducirse con cierto criterio de independencia de su clase y de sus presiones.

Una de las funciones del aparato judicial es amortiguar las tensiones y los choques sociales, y velar por el “interés general” burgués, para evitar, en palabras de Engels, “que la sociedad se devore a sí misma”. Por eso, el aparato judicial juega el papel, de manera regular, de amputar y reprimir determinadas prácticas “corruptas” que implican a burgueses individuales o grupos empresariales determinados y a sus alcahuetes políticos, que puedan poner en peligro la estabilidad del sistema en general.

Pero todo lo anterior, simplemente subraya el carácter de clase del sistema judicial, y que la defensa del interés de los ricos y privilegiados en el aparato judicial sólo puede ser contrarrestada por la movilización y la presión social de la clase trabajadora y de los sectores progresistas de la sociedad.

El juez Eloy Velasco que instruye el “caso Lezo” no es ningún héroe progresista. Pertenece a la fracción derechista de la casta judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura. Fue cargo público del PP en la Comunidad de Valencia de 1995 a 2003. El PP ha sugerido, con base o sin ella, que este juez ha mostrado celo en la instrucción de los casos Púnica y Lezo por sus desavenencias con el gobierno al no haber conseguido un destino mejor pagado dentro de la Audiencia Nacional. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial, dominado por el PP, cuando los casos Púnica y Lezo están a medio instruir, le acaba de conceder a Velasco un puesto que había solicitado en otra instancia de la Audiencia Nacional, el tribunal de Apelaciones, lo que le obliga a apartarse de la instrucción de ambos casos, Púnica y Lezo. Sólo un día antes, Velasco exoneró a Cristina Cifuentes del delito de prevaricación que antes mencionamos, pese a las pruebas abrumadoras que ha presentado la Guardia Civil contra ella. Todos estos vaivenes alrededor del “caso Lezo” demuestra lo que decimos sobre el carácter “imparcial” del sistema judicial.

Es por esta razón, que las familias trabajadoras y lo sectores progresistas de la sociedad no podemos dar ningún tipo de aval ni confianza al sistema judicial, sino que debemos basarnos en nuestra propia agitación, propaganda y movilización para contrarrestar los intereses y presiones de las clases sociales enemigas dentro y alrededor del aparato judicial.

La Audiencia Nacional, un tribual de excepción creado en la dictadura

Mucha gente desconoce que la Audiencia Nacional, que es pintada como el paladín de la justicia y el garrote de los políticos corruptos, fue un órgano creado al final de la dictadura, en enero de 1977, cuando aún permanecían ilegalizados los partidos políticos y sindicatos obreros, así como las manifestaciones, y no existía la libertad de expresión. En realidad, la Audiencia Nacional vino a sustituir a un icono de la dictadura franquista, el Tribunal de Orden Público (TOP), encargado de reprimir la oposición política y las luchas obreras y estudiantiles.

La creación de la Audiencia Nacional tenía como cometido asegurarse un tribunal de excepción dotados de poderes especiales, ante el inevitable cambio político que se veía venir debido al empuje irresistible de las luchas obreras que habían tomado un carácter insurreccional y socialista creciente. La excusa era centralizar en un tribunal estatal delitos que supuestamente tuvieran un ámbito superior al provincial o regional, como ciertos delitos económicos, falsificación de moneda, “difusión de pornografía”, “peligrosidad social”, etc., a los que después se añadió los de terrorismo.

De lo que se trataba era de quitarle competencias a los tribunales territoriales inferiores a los que se suponía más expuestos a sufrir la creciente presión social del medio, particularmente de las luchas obreras y populares contra la dictadura. De hecho, tribunales excepcionales del carácter de la Audiencia Nacional, no existen en Europa ni en la mayoría de los países “democráticos”. En la mayoría de los países, los delitos, sean cuales sean, son juzgados por los tribunales del lugar donde se producen aquéllos. La Audiencia Nacional, por ejemplo, tiene prerrogativas de instrucción de las que carecen tribunales inferiores, como la prisión preventiva incomunicada, y tiene un carácter de cuasi tribunal militar por la dureza de los interrogatorios y la libertad de interpretar el carácter de determinados delitos, como el de terrorismo, para el que ya no basta cometer una acción armada para ser acusado de tal, sino que vale la simple propagación de determinadas ideas políticas defendidas por grupos terroristas, o cualesquiera otras que contravengan la ideología o los prejuicios políticos del juez de turno de la Audiencia Nacional. Los hemos visto en el “caso de los titiriteros” en Madrid hace un año, o los juicios y condenas por tuits, comentarios en facebook o chistes y canciones por parte de artistas de izquierdas, a los que se acusaba de exaltación del terrorismo o de “injurias a la Corona”. Vergonzosamente, el mantenimiento de la  Audiencia Nacional fue otra de las concesiones aceptadas por los dirigentes del PCE y del PSOE en la Transición a favor de los herederos del régimen franquista. Una democratización de la justicia en nuestro país, pasa necesariamente por la supresión y desmantelamiento de la Audiencia Nacional y la transferencia de sus atribuciones a los tribunales territoriales ordinarios.

El carácter de clase de la justicia

Por todo lo anterior, debemos oponernos al actual sistema judicial, por antidemocrático y  clasista, y por tener mil y un vínculos con los grandes empresarios y los políticos del sistema. Es imposible “democratizar” la justicia sin eliminar el poder económico y político de la burguesía en la sociedad, mientras los cargos de juez y fiscal estén monopolizados por miembros de las clases privilegiadas, mientras el núcleo de la legislación sea la protección de la propiedad privada de los medios de producción y la explotación social.

Ante el descrédito del sistema judicial, sectores de la derecha, como Ciudadanos, reclaman medidas corporativistas y demagógicas, diciendo que el problema es el control que ejercen los partidos políticos sobre los órganos judiciales superiores, como la elección por el parlamento de los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, o del Consejo General del Poder Judicial. Proponen que sean los mismos jueces y fiscales, a través de sus organizaciones corporativas, quienes elijan los integrantes de estos organismos. Nosotros estamos radicalmente en contra de esto. Lo que esto conseguiría es que la casta judicial fuera aún más “independiente”, sí; pero del pueblo. Antes al contrario, sin control alguno desde abajo, la casta judicial extremaría así su dependencia ideológica y moral de la clase dominante. El sistema actual es malo, pero al menos, indirectamente, es un reflejo distorsionado del balance político de fuerzas del parlamento que, a su vez, es un reflejo distorsionado de la voluntad popular.

No obstante, no podemos quedarnos en una posición meramente negativa, hasta en tanto en cuanto, una verdadera revolución social y política desmantele el sistema capitalista opresor y sus instituciones estatales, para sustituirlas por otras verdaderamente democráticas. Necesitamos plantear medidas y propuestas de transición que debiliten los aspectos más reaccionarios del aparato del Estado y faciliten las condiciones para la futura emancipación social de la clase trabajadora. Unidos Podemos debe abrir este debate en la sociedad y dotarse de las propuestas más avanzadas y progresistas sobre este tema que ayuden a combatir la mistificación del Estado como un órgano situado por encima de la sociedad, más allá del bien y del mal.

Un programa de transición de medidas democráticas y progresistas

Una de estas propuestas debe ser la elección por sufragio universal de los jueces y fiscales, desde las instancias territoriales más pequeñas hasta los jueces del Tribunal Supremo y Constitucional. Además, deberían ser revocables en cualquier momento por quienes los eligieron. Esta medida permitiría a la clase trabajadora y sectores progresistas de la sociedad favorecer la elección de jueces y fiscales más progresistas y sensibles a los intereses de los trabajadores y de las capas más oprimidas de la sociedad, y proponer la revocación de los más reaccionarios y derechistas.

Esto debe completarse con ¡ningún privilegio! para jueces y fiscales. Como funcionarios públicos, deben tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier funcionario medio, con salarios ajustados al nivel correspondiente

Hay que introducir igualmente medidas democratizadoras que limpien en la medida de lo posible el aparato del estado. La principal debe ser la depuración del aparato del Estado de fascistas y reaccionarios, comenzando por aquellos jueces, fiscales, mandos de la policía y de la Guardia Civil que ocuparon puestos en la dictadura. Debería crearse un comité formado por las organizaciones de izquierda, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones progresistas y democráticas de jueces, fiscales, militares, soldados, policías y guardias civiles de base, entre otras, que identifiquen a esos elementos fascistas y reaccionarios para que sean apartados del aparato del estado. Este mismo comité debería encargarse del control de las academias de la policía, de la Guardia Civil y del Ejército y de los idearios con que se forma a sus integrantes. En este sentido, hay que dar plena libertad a los soldados y guardias civiles para que organicen sindicatos, y terminar con el carácter militar de la Guardia Civil para, en determinada etapa, fusionarla con la policía en un único cuerpo.

La sociedad socialista y el aparato judicial

Somos conscientes del carácter limitado y condicional de estas medidas, expuestas a la correlación de fuerzas entre las clases, pero serían un paso adelante. En última instancia, sólo en una nueva sociedad nacida de la propiedad colectiva de los medios de producción claves (la banca, las grandes empresas y los latifundios), bajo el control democrático de los trabajadores, podríamos darnos el equivalente a un nuevo aparato judicial verdaderamente democrático, sin conexión alguna con clases opresoras, en el que participen, no estamentos privilegiados y separados del pueblo como la casta de jueces y fiscales actual, sino el conjunto de la población adulta, por medio de comités elegibles y revocables, que velen por el interés común.

En una sociedad liberada de las lacras del capitalismo, del afán de lucro, donde la explotación y la corrupción serían un mal recuerdo del pasado –una sociedad socialista– la inmensa mayoría de los delitos actuales tenderían a desaparecer y a extinguirse rápidamente, poniendo las bases para que la propia existencia de organismos represores y del Estado mismo sean innecesarios en la sociedad, y la población se habitúe, por la costumbre, a normas de convivencia sociales solidarias y fraternales que hagan innecesario ningún tipo de violencia, coerción ni represión.