Editoriales
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La caída inesperada del reaccionario gobierno de Rajoy muestra el carácter inestable y turbulento de la situación española e internacional. Pedro Sánchez se enfrenta ahora al desafío de satisfacer, o frustrar, las expectativas que ha despertado en millones de trabajadores, mujeres, jóvenes, desempleados y jubilados.

La razón última de la caída del gobierno del PP no estuvo en las habilidades parlamentarias desplegadas por el PSOE, Unidos Podemos (UP) y los nacionalistas catalanes y vascos en la moción de censura, sino en el ambiente de contestación y malestar social que no les dejó otro margen de actuación, sobre todo al PSOE y al PNV. 

No obstante, UP tuvo un papel clave en detonar el proceso al emplazar al PSOE a presentar la moción de censura, tras conocerse la sentencia de la primera pieza del “caso Gürtel”. El PSOE, estancado en las encuestas y temeroso de dejar en evidencia su falta de iniciativa política, se vio obligado a aceptar el envite. 

La caída del gobierno del PP pone en evidencia la responsabilidad criminal de la dirección socialista en la continuidad de la derecha en el gobierno durante dos años y medio, cuando tras las elecciones del 20D de 2015 –y de nuevo tras el 26J de 2016– se negó a encabezar un gobierno con la excusa entonces de rechazar el voto de los independentistas catalanes para su investidura, los mismos que ahora han ayudado al PSOE a colocarlo al frente del gobierno.

¿Qué perspectivas se abren? 

El gobierno de Sánchez está sustentado en un apoyo parlamentario muy frágil, 85 diputados, y la convocatoria de elecciones anticipadas va a estar rondando a lo largo de los próximos meses. El propio Pedro Sánchez  estableció un objetivo limitado a su acción de gobierno en el debate de investidura: “Propongo un gobierno socialista, paritario y europeísta que cumplirá con la UE y la Constitución. Su hoja de ruta: estabilizar, atender las urgencias sociales y convocar elecciones”. También señaló que abrirá un proceso de diálogo con el Govern catalán de Quim Torra “en el marco de la Constitución y el Estatuto [de autonomía]”. 

Está por ver qué entiende Sánchez por “estabilizar”, “atender las urgencias sociales” y “abrir un proceso de diálogo con Catalunya”. Sí sabemos que cumplir con la UE significa mantener el ajuste y la austeridad, y “el marco de la Constitución” significa mantener proscrito el derecho a decidir del pueblo catalán. También conocemos la composición de su gobierno, plagado de tecnócratas y social-liberales, como la ministra de economía, Nadia Calviño, que despidió a su antecesor en el gobierno de Rajoy como “mi amigo y maestro”.  Hay anti-independentistas furiosos, como Borrell; e incluso gente procedente de la derecha, cómplice de sus políticas represivas, como el ministro del Interior, el juez Grande-Marlaska. También sabemos que este gobierno ha sido saludado por la prensa burguesa, los bancos y la bolsa, los mismos que defendieron a Rajoy y vociferaron contra la moción de censura que llevó a Sánchez al gobierno.

Todo esto son malos indicios y augurios que ponen grandes interrogantes a la voluntad real de Sánchez y del PSOE de terminar con las políticas represivas y antisociales del PP. Cambiar todo para que nadie cambie sería una completa burla y un desprecio a los millones que han saludado esperanzados la caída del odiado gobierno de Rajoy.

La derecha anunció tras la caída de Rajoy una oposición durísima. Controla los medios de comunicación, la mesa del Congreso, y el Senado. El grueso del aparato del Estado sigue en manos de jueces, fiscales y mandos policiales y militares  filofranquistas. Pero ante la política favorable al status quo que anuncia Sánchez está por ver cómo y de qué manera se expresará la embestida de la derecha contra este gobierno.

La burguesía y el gobierno de Sánchez 

Claramente, Pedro Sánchez ha enviado una señal clara a la clase dominante de que no representa ningún peligro para ella. Tras algunos cambios de menor calado necesarios para subir en las encuestas, Sánchez pretende aplicar la política que convenga a los intereses de la burguesía. Ya anunció su apoyo los presupuestos del Estado del PP que se votarán a fines de junio, y mantendrá el objetivo de déficit público que marca la UE. No adquirió ningún compromiso para derogar la reforma laboral del PP. Sólo se comprometió a derogar algunos artículos de la Ley Mordaza, no la ley en su conjunto, y restablecer el derecho a la sanidad pública para los inmigrantes sin papeles. También mencionó frases generales contra la brecha salarial de género. 

Aun así, la burguesía no perdona a Sánchez haber roto dos de sus tabúes para alcanzar el gobierno. El primero es, por muy poco que se lo haya propuesto, que Sánchez ha despertado expectativas muy amplias en la población sobre un cambio real en sus condiciones de vida, en un contexto de ascenso de la movilización social, una presión de la que no le resultará fácil zafarse. El segundo es haber desgarrado el velo de “apestados” y de “enemigos del pueblo” con que el régimen del 78 había cubierto al independentismo catalán, al pedir Sánchez a ERC y al PDeCat que apoyaran su investidura. La clase dominante teme que mucha gente envenenada con la propaganda chovinista española, muestre ahora una actitud más comprensiva hacia los derechos democrático-nacionales del pueblo catalán y hacia la situación de sus presos políticos y exiliados. Este es un aspecto central. El régimen empeñó mucho tiempo en diseñar un “Frente Nacional” PP-C’s-PSOE contra el independentismo, ante el cual los problemas sociales deberían esperar, y ante el que se justificaba el fortalecimiento del aparato represivo y los ataques continuos contra los derechos democráticos en todo el Estado.

Unidos Podemos y el nuevo gobierno

Pablo Iglesias declaró tras conocer la composición del nuevo gobierno: "Pedro Sánchez ha hecho un Gobierno que le gusta a PP y Ciudadanos, ha sonreído a PP y Ciudadanos y se ha olvidado en 24 horas de quién le hizo presidente. Si se vuelve a equivocar, los ciudadanos le juzgarán en justa medida”. 

Eso es muy correcto, por eso carece de todo sentido la insistencia de Iglesias y de UP en querer integrarse en el gobierno de Sánchez. Una eventual entrada de UP en el gobierno le haría corresponsable de las políticas de ajuste que inevitablemente se verá obligado a mantener, y lo obligaría a justificar ante millones el limitado alcance de dichas políticas. La insatisfacción con la política de un gobierno PSOE-UP y su inevitable desprestigio prepararía el retorno para un gobierno de la derecha. 

La tarea de UP no es gestionar la crisis del sistema y las migajas insuficientes que caen de su mesa, sino ofrecer un programa acabado de transformación social, agitándolo audazmente en la calle y en los centros de trabajo, y organizar a los cientos de miles que desean pelear por una sociedad  sin injusticias ni explotación.

UP debe apoyar cada medida progresista del gobierno de Sánchez, por pequeña que sea, mientras que deja claro la insuficiencia de las mismas. Debe exponer la inconsistencia del gobierno y el fraude político que significaría el mantenimiento de las políticas represivas y antisociales legadas por Rajoy. UP debería demostrar con datos, cifras y argumentos cómo se podría avanzar más a fondo en un programa de reformas avanzadas, sacando los recursos de los que más tienen. Esta será la manera en que UP dé un paso fundamental en el crecimiento de su apoyo social.

Movilizar la calle

La experiencia ha mostrado las limitaciones de la labor parlamentaria. El movimiento del cambio político siempre ha venido de la movilización popular. Por ello, UP debe emplazar a los sindicatos y movimientos sociales a unificar y extender la movilización en la calle para exigir que se atiendan las reivindicaciones y las necesidades sociales que millones esperan materializarse con el nuevo gobierno de Sánchez. Tales son: la subida de las jubilaciones, derogar la reforma laboral y acabar con la precariedad laboral, terminar con la austeridad y las políticas de ajuste, vivienda asequible para todos, gratuidad de la universidad, etc. 

UP debe avanzar sus propias demandas: terminar con los privilegios de la Iglesia y asegurar su completa separación del Estado, limpiar el aparato del Estado de franquistas, derogar íntegramente la Ley Mordaza, liberar los presos políticos catalanes, derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskadi y Galicia, entre otras.

Las condiciones están dadas para desarrollar ese movimiento. Ya hemos visto los millones que salieron a las calles el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, las incontables y masivas movilizaciones de los pensionistas, y el incremento de las luchas obreras.Sobre todo, UP debe denunciar el chantaje de los grandes empresarios y banqueros, que anuncian el caos si un gobierno de izquierdas acometiera un programa de reformas progresistas a favor de la clase trabajadora. Es intolerable que 200 familias de súper-ricos utilicen su poder económico para decidir el destino y la vida de millones de personas.

La conclusión de esto es clara, aprendiendo de la trágica experiencia de Syriza en Grecia. Y es que la única alternativa es nacionalizar las palancas fundamentales de la economía –bancos, grandes empresas y latifundios– bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores. Esto no sólo es necesario para romper el poder de una oligarquía parásita confabulada contra las familias trabajadoras, sino para tener acceso a los recursos indispensables para planificar la economía en beneficio de la inmensa mayoría.

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