Movimiento Obrero
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ExtelEl pasado 23 de junio, más de doce mil trabajadores de ATENTO y EXTEL, subcontratas de Telefónica, fuimos llamados a la huelga. Una convocatoria de esta magnitud, que afectó a la totalidad de las plataformas de atención que Movistar tiene repartidas por el Estado, tiene, se mire como se mire, un carácter político-social, que va más allá de las reivindicaciones meramente laborales y pone en cuestión el modelo de telecomunicaciones imperante e impuesto a los ciudadanos tras décadas de privatizaciones y ataques al sector.

ExtelNuestra lucha, además, se está desenvolviendo en un contexto general de toma de conciencia de amplios sectores de la sociedad y los trabajadores, que están sacando conclusiones anticapitalistas, poniendo en tela de juicio las bases económicas del sistema y el modelo de Estado.

Balance de la jornada

En A Coruña, los trabajadores recorrimos las principales calles de la ciudad, agitando banderas roji-negras, coreando consignas contra la reforma laboral, por la readmisión de los compañeros despedidos y la unidad de los trabajadores. En Zaragoza la protesta se desarrolló en el Paseo Independencia. Los compañeros de Madrid, delante de la lujosa tienda que Movistar tiene en Gran Vía, gritando sus proclamas, revelaron un vergonzoso contraste entre la precariedad que sufrimos los empleados y las fastuosidad con la que pretenden atraer a los clientes. En Lleida, humo rojo y banderas tricolores flanqueaban una pancarta con un lema conciso y rotundo: -“Atento explotador-”. Podríamos continuar con los centros de Jaén, Toledo, Valencia, Cáceres, Bilbao, Sevilla y otras ciudades, en una jornada de lucha que, con una participación muy elevada, el 90 % en algunas plataformas, supuso mucho más que una reivindicación particular, convirtiéndose en una huelga del sector que sienta un precedente.

El resultado de la huelga puede abordarse desde muchas perspectivas. Pero la lectura más precisa y contundente la sintetizó la sección sindical CGT Extel-Coruña en un comunicado posterior, el día 25, en el que dice: “los trabajadores tenemos problemas, pero ahora estas empresas tienen uno mayor: no tenemos miedo”. Por encima de todo, la huelga del día 23 supuso una demostración del verdadero potencial que existe para desarrollar una lucha sindical profunda y acorde con las demandas sociales existentes.

¿En qué marco social se desarrolla el conflicto?

El resultado de las elecciones al Parlamente Europeo ha inquietado al poder. El ascenso de las fuerzas de izquierdas, aquellas que rebasan un discurso socialdemócrata incapaz de ofrecer una alternativa a los trabajadores, ha hecho saltar las alarmas en los despachos de los capitalistas. Consciente de que la monarquía es identificada con la corrupción, la desigualdad y los excesos de los sectores más reaccionarios del Estado, la burguesía, ha decidido mover ficha y promover la abdicación del rey Juan Carlos. La medida trata de dar un tenue “barniz democrático” a la realidad. Pretende ser un bálsamo que atenúe las aspiraciones de lucha de los sectores populares. Un cambio de rostro para que nada cambie. Sin embargo, la caída del viejo monarca ha provocado un efecto rebote, intensificando las protestas en las calles. Surgiendo de forma espontánea multitud de manifestaciones y concentraciones. Reiterando la disposición de las masas a pasar a la acción, en defensa de un cambio social profundo, que garantice los derechos sociales y contra los recortes.

Esta lucha también se produce en plena ofensiva contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Estamos sufriendo niveles de represión no conocidos desde los años 70, durante la “transición”. También en aquel momento, muchos de nuestros padres participaron en las luchas sociales que tumbaron el régimen franquista. Gracias a ellos y pese a las políticas del “consenso” ejercida por los principales dirigentes de la izquierda (Carrillo y González), se consiguieron avances significativos en cuestiones civiles y sociales. Eso sí, a cambio de mantener intacta la organización capitalista de la economía. Hoy, al igual que entonces, existen representantes socialdemócratas y sindicales que ponen el énfasis en la recuperación del “Estado del bienestar” sin cuestionar los cimientos económicos que lo imposibilitan.

El sistema económico es el culpable de nuestra situación

La degradación de nuestras condiciones laborales es consecuencia de la degradación del modelo de telecomunicaciones imperante. Un sistema perverso, incapaz de desempeñar una función social. Dirigido por una camarilla de capitalistas que operan la economía y ejercen gran influencia sobre el aparato del Estado. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Conviene recordar que durante los gobiernos de Felipe González, se inició una senda de privatización de empresas públicas, que afectó a gran parte del tejido industrial existente y también a las telecomunicaciones. Ya en 1993 el Estado poseía menos del 21% de las acciones de Telefónica. El “tiro de gracia” lo asestó el gobierno de Aznar en su primera legislatura. A principios de 1997, siendo Rodrigo Rato ministro de Economía y Hacienda, el Partido Popular privatizó totalmente la compañía. La operadora del Estado pasó a manos privadas, regalando a empresarios especuladores la infraestructura que durante años nuestros padres habían costeado con sus impuestos. La decisión se tomó de forma unilateral, sin tan siquiera consultar al Congreso. Semanas más tarde, dieciséis representantes del Estado pertenecientes al consejo de administración de la entidad, fueron sustituidos por nueve “personas afines a los partidos políticos con mayor representación parlamentaria”. Las consecuencias no se hicieron esperar. En no muchos años la plantilla se vio reducida en más de 50 mil trabajadores. Mientras tanto y hasta la actualidad, han sido numerosos los ex-políticos que han ocupado sillones en los consejos directivos de la compañía, como lo hace, entre otros, Rodrigo Rato, en la actualidad consejero asesor de Telefónica Latam y Telefónica Europe

Todo el proceso de privatización y saqueo descrito, creó un caldo de cultivo óptimo para un conciliábulo de oligarcas explotadores y sus ETTs, que vieron en la externalización de los servicios de la operadora un nicho de negocio fabuloso, en un mercado virgen; susceptible de ser exprimo a través de jóvenes trabajadores con contratos basura y salarios de hambre, desamparados por las sucesivas contrarreformas laborales de gobiernos socialdemócratas y populares.

Las mejoras que demandamos requieren un cambio profundo en nuestro sistema de telecomunicaciones. Actualmente, los principales accionistas de Telefónica son las entidades bancarias BBVA, La Caixa, Banco Santander, o la potentefinanciera estadounidense Blackrock. Resulta curioso que los mismos que desahucian, roban al Pueblo y especulan, sean los propietarios de la mayor operadora del Estado Español y la tercera a nivel mundial. Por su parte, Adecco y su división Extel es una multinacional de la explotación laboral, que condena a contratos temporales y precarios a más de 500 mil jóvenes de toda Europa.

En los últimos meses, en diversos foros, medios de comunicación y prensa, organizaciones políticas de izquierdas (Izquierda Unida y Podemos) han objetado el carácter privado de los sectores estratégicos de la economía. Entre otros, el compañero Pablo Iglesias, ha defendido de forma explícita la necesidad de aplicar el artículo 128 de la Constitución, que faculta al Estado para intervenir empresas privadas para garantizar servicios esenciales en beneficio del interés general. Saludamos esta medida. Sería un gran paso adelante, fundamental, aunque no es definitiva. No nos conformamos con empresas de titularidad pública gestionas como si de empresas privadas se tratasen, bajo el monopolio de los burócratas del Estado, no. Los trabajadores queremos participar de manera consciente en la gestión de la producción y sus servicios.

¿Hacia dónde continuar?

Luchar contra Extel, Adecco y Telefónica es luchar contra el Sistema Capitalista. Durante los últimos meses hemos visto numerosos ejemplos de luchas que, a medida que se iban desarrollando adquirían una expresión más amplia, transcendiendo en contenidos y objetivos las reivindicaciones iniciales, dejando ver un trasfondo político y social profundo, cuestionando abiertamente los fundamentos del sistema. Algunos de estos ejemplos los encontramos en las protestas del barrio de Gamonal, en Burgos, donde la oposición de los vecinos a unas obras innecesarias, desembocó en una protesta vecinal contra el modelo de administración local existente. Los Trabajadores de la sanidad y los usuarios de los barrios obreros de Madrid, organizados en una marea blanca, consiguieron frenar la privatización de la sanidad pública madrileña. Previamente, los trabajadores de limpieza viaria y jardinería de la ciudad, consiguieron una victoria que siembra precedente, al paralizar un ERE con el que la empresa concesionaria pretendía despedir a 146 trabajadores. Las marchas mineras, la marea verde por la educación, las reivindicaciones contra la ley del aborto, las marchas de la dignidad... Cada vez en más lugares y ámbitos, los sectores desfavorecidos se están organizando y creando espacios de decisión, que deben madurar para convertirse en estructuras de gestión popular.

Como hemos analizado antes, nuestras reivindicaciones no tienen margen de mejora bajo la actual coyuntura económica. Debemos tomar ejemplo de las luchas mencionadas y reivindicar unas telecomunicaciones públicas, de calidad, al servicio de los ciudadanos, las personas dependientes, la educación pública o la sanidad. Unas telecomunicaciones que sirvan a la mayoría en vez de enriquecer a una minoría.

Para conseguir este objetivo, es necesario conferir un carácter más extenso a la lucha; como sagazmente advierten nuestros compañeros de la CGT en su comunicado: “Nuestra lucha ya no tiene vuelta atrás y no termina aquí (…)Extel, Atento y Movistar tienen motivos para empezar a vernos como un grupo de irreductibles trabajadores”. Para alcanzar esa irreductibilidad que pretendemos, debemos vincular nuestra lucha al conjunto de luchas que están teniendo lugar en otros sectores se la sociedad. Es cierto que existen particularidades que definen cada conflicto, pero ninguna reivindicación, por justa que sea, tiene en si misma un fin independiente. Todos los males tienen el “mismo padre”, un sistema económico injusto y degradado, en manos de explotadores que ostentan la propiedad de los medios de producción; para los que el Estado no es más que el consejo de administración de la burguesía, que pervierten a su antojo a través de su brazo ejecutor: el Gobierno del Partido Popular; el cual ha demostrado en suficientes ocasiones (corrupción, recortes, represión...) su pertenencia estructural a la burguesía y el capital.

Se prevé un otoño muy caliente. Las coordinadoras de las marchas por la dignidad plantean nuevas movilizaciones. Sería interesante abrir un espacio de debate que nos permita valorar la necesidad de participar en ellas, no sólo como miembros de organizaciones o colectivos, sino como trabajadores organizados. Otros compañeros de empresas en conflicto como Coca-Cola o los mineros ya lo han hecho. Iniciemos nosotros la marea de los trabajadores de telecomunicaciones, en defensa de la dignidad del sector y los usuarios.

Coruña, 2 de julio 2014

 

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