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IU. Documento alternativo al documento federal de Asamblea de Puerto de la Torre-Teatinos (Málaga)

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Presentamos el documento alternativo al documento político federal, aprobado por mayoría por la Asamblea de IU de Puerto de la Torre-Teatinos (Málaga), documento que se discutirá en la asamblea precongresual provincial de IU Málaga este fin de semana.

 

IU Puerto TorreDicho documento alternativo fue redactado inicialmente por Miguel Jiménez, coordinador de dicha asamblea local, tomando como base buena parte de las enmiendas y aportaciones presentadas inicialmente por Alberto Arregui, miembro de la Presidencia Federal de IU. En la Asamblea de IU de Puerto de la Torre-Teatinos dicho documento recibió aportaciones de otros afiliados que mejoraron el texto en dos líneas: intentar presentar un programa socialista ante la crisis capitalista, junto con la defensa de una acción política que se base fundamentalmente por construir una IU que se defina fundamentalmente en la lucha popular y sindical en la calle, fábricas y centros de estudio, frente a la apuesta fundamental de la mayoría de la dirección federal de reforzar la actividad en las instituciones.

 

DOCUMENTO ALTERNATIVO AL DOCUMENTO POLÍTICO FEDERAL

Sí hay alternativa a la crisis, pero fuera del sistema

 

Hay que poner la economía al servicio de las personas

Documento aprobado por mayoría por la Asamblea de IU de Puerto de la Torre/Teatinos (Málaga capital)

La crisis que sacude a los países desarrollados desde 2007 está provocando un enorme cambio en la conciencia de millones de personas, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras, que constituyen la gran mayoría de la sociedad y son los principales afectados por sus consecuencias.

Antes de la recesión de 2008/2009, (ahora estamos entrando en la segunda), la situación distaba de ser idílica para la mayoría de la población mundial: crecían las desigualdades y el expolio de la naturaleza, pero muchos confiaban en encontrar una salida personal, que trabajando duro podría asegurar su futuro y el de sus hijos. Era lo que nos vendían insistentemente: la economía es más “sana” que nunca y las crisis son algo del pasado. Y, a los ojos de la mayoría, todo indicaba que no había alternativa al capitalismo. La caída del Muro de Berlín, reafirmó entre la izquierda sindical y política la conclusión de que el capitalismo era el “menos malo de los sistemas posibles” y asumió que su papel era gestionarlo, no superarlo.

Sin embargo, hoy todo está cambiando bajo los envites de una crisis que va mucho más allá de un ciclo recesivo. En el Estado español, terminaremos 2012 con unos 6 millones de parados e inmersos en una nueva recesión, con más recortes del gasto social y de los derechos laborales ¿cómo no poner en cuestión esta sociedad? La siguiente pregunta es: si el capitalismo no funciona ¿cuál es la alternativa? Cada vez más personas buscan una respuesta a la misma.

Izquierda Unida propone buscarla fuera del sistema, no dentro: hay que poner la economía al servicio de las personas, porque no es un problema de falta de recursos, sino de quién los tiene y en beneficio de quién se usan. Pero hacer eso nos lleva a cuestionar al propio capitalismo, no tratar de arreglarlo, de darle un rostro más humano. Y el primer paso que debemos dar para encontrar una salida al laberinto de la crisis es comprender por qué estamos en ella.

NO HAY REMEDIO SIN UN BUEN DIAGNÓSTICO. Hay recursos, sufrimos una crisis de sobreproducción

Desde la crisis de las hipotecas subprime norteamericanas, en agosto de 2007, que fue el pistoletazo de salida de esta situación económica, la idea más común es que la raíz de la crisis es financiera. Sin embargo, la realidad es que el problema de fondo va mucho más allá, naciendo en la economía productiva y las relaciones de propiedad que caracterizan al sistema capitalista. Hay que comprender la dinámica del sistema y sus consecuencias.

Una de las paradojas del capitalismo desde que existe es la sobreproducción.

Lo que nos está sucediendo hubiera parecido absurdo a cualquier persona de otra época: no estamos en crisis por una mala cosecha, una epidemia o por falta de medios. En todo el mundo hay millones de personas condenadas al paro forzoso y las fuerzas productivas están a medio gas o están siendo destruidas. En sectores como la vivienda, la sobreproducción es evidente, con millones de viviendas vacías, igual que se destruyen toneladas de alimentos para mantener los precios, pero en la industria manufacturera y otros sectores, ésta se presenta como un exceso de capacidad de producción.

La utilización de la capacidad productiva instalada española apenas supera el 70% y hay casi 6 millones de parados. Es decir, podríamos producir un 30% más con los medios de los que disponemos y tener a un 25% más de trabajadores generando riqueza con su labor. Ese exceso es crónico en el capitalismo, pues en los momentos álgidos del auge nunca se superó el 85% de utilización de la capacidad instalada, ni dejó de haber en torno a dos millones de parados, pero con la crisis el problema se agudiza drásticamente.

Así que, aparentemente, estamos en crisis porque hay demasiados recursos. Uno de los sectores que muestra de forma más aguda esta contradicción entre los recursos disponibles y su uso es la vivienda. Cientos de miles de familias están siendo desahuciadas de sus hogares por no poder pagar sus hipotecas, a la vez que hay millones de viviendas vacías. ¿Cómo es posible?

Porque las viviendas nunca se construyeron con la finalidad principal de atender la necesidad de alojamiento de las personas, sino la de ser un negocio. En el capitalismo el valor de uso está subordinado al valor de cambio.

Otro ejemplo rotundo de esa contradicción son los alimentos. La capacidad de producción que existe actualmente permitiría alimentar a 12.000 millones de seres humanos, casi el doble de la población mundial. Sin embargo, millones de personas pasan hambre y mueren por enfermedades derivadas de esa situación. Es más rentable producir biocombustibles —y especular con los alimentos— que dar de comer a las personas. Esa es la esencia del capitalismo, todo gira en torno a la ganancia.

Cuando un sector es rentable el dinero acude a él buscando beneficios, se realizan inversiones hasta que llega un punto en que la rentabilidad decae por distintos motivos y, entonces, hay una crisis que acaba destruyendo parte de la fuerza productiva creada. Una parte de los capitales desaparece, con su corolario de despidos, y otra va en búsqueda de otros sectores que ofrezcan rentabilidad. Ese es el mecanismo de mercado.

Así ha sucedido con la vivienda en el Estado Español o en Estados Unidos y otros países. Pero lo mismo acaeció con las punto.com a finales del siglo XX o con los ferrocarriles en el XIX. El mercado funciona anárquicamente, los capitales se desplazan por el mundo, compitiendo entre sí, en busca de la máxima rentabilidad y la economía crece conforme a ese objetivo, no siguiendo criterios racionales y sociales a largo plazo. Por eso hay crisis cíclicas que purgan los excesos de los auges. Cada auge prepara la siguiente crisis, que no se trata de un accidente sino de un mecanismo consustancial a la economía capitalista. En ella todo se crea o se destruye en función de la ganancia de los propietarios de los medios de producción.

En realidad, no hay demasiados medios productivos desde el punto de vista de las necesidades sociales, sino desde el punto de vista de su uso rentable por las grandes empresas privadas. Hay sobreproducción de capital.

Las ganancias no caen del cielo. La especulación no crea riqueza. El especulador actúa como el jugador de un casino, con la diferencia de que juega con los recursos de toda la sociedad.

Cuando un fondo de inversión invierte en alimentos, consciente de que la demanda de los biocombustibles combinada con malas cosechas va a hacer subir los precios, es como si se lo estuviera quitando de la boca a varios millones de seres humanos. Pero para poder robar o especular, antes debe de haberse creado la riqueza. Ésta surge del trabajo humano y de los recursos naturales, y de los medios técnicos que el esfuerzo humano ha creado con los materiales que le brinda la naturaleza y que él mismo pone en movimiento. Todo el dinero del mundo sería inútil sin esa fuerza productiva. El origen de las ganancias de la burguesía es la explotación de los trabajadores y de la naturaleza, y el resultado de las crisis es una intensificación de esa explotación de ambos.

Para comprobar lo que decimos basta ver cómo todos los planes para resolver la crisis de las entidades financieras terminan en un recorte del gasto social, de los derechos laborales, y de una reducción o eliminación de las medidas (escasas) que perseguían proteger los recursos naturales. En otras palabras, los asalariados nos veremos obligados a trabajar más horas a cambio de menos, a pagar más por la sanidad o la educación, y por todo en general, o a quedarnos en el paro con ayudas míseras o sin ellas, para amortizar los créditos fallidos del último auge y que las cuentas de resultados de las empresas sigan creciendo. Y la naturaleza seguirá siendo esquilmada más allá de su capacidad de regeneración con ese mismo objetivo.

Al final, los Bancos Centrales no crean ni un átomo de riqueza real. Le darán más o menos a la máquina de hacer dinero, anotarán en sus balances billones de euros que prestan a bajo interés a los bancos privados, pero, al final, la cuenta la paga la clase trabajadora y la naturaleza.

Una sociedad fundada en la explotación

La crisis no ha traído la explotación. Las condiciones de trabajo en las nuevas industrias chinas, en las maquilas mexicanas, los minijobs alemanes o la precariedad laboral en el Estado español, por citar sólo algunos, son fenómenos que se produjeron durante el auge y que de hecho lo explican en gran medida. En la mayoría de los países desarrollados o emergentes, el reparto de la renta fue cada vez más favorable a los empresarios.

Porque la desigualdad nace en el propio sistema productivo, que es el que determina el reparto de la renta. Y la explotación es posible porque la mayoría de las fuerzas productivas necesarias para la existencia de nuestra sociedad son propiedad privada de una clase social, la burguesía, mientras la mayoría de la población, los asalariados, no tiene otra posibilidad de ganarse la vida que vender su fuerza de trabajo, física o intelectual. Una minoría de grandes accionistas con enormes fortunas, la gran burguesía, domina a través de sociedades de inversión y desde los consejos de administración de las multinacionales, los medios de producción. Desde que empezó la crisis, la propiedad se ha concentrado más en menos manos, y sigue haciéndolo.

Hace años que grandes empresas compran millones de hectáreas de tierras cultivables, pues la alimentación y la producción de biocombustibles son un negocio garantizado. Es la misma dinámica que está llevando a privatizar la gestión del agua, de la sanidad, educación y de todos los servicios básicos, que tienen asegurado un mercado por tratarse de necesidades vitales. Y es que la explotación sólo puede funcionar si los medios de producción son propiedad privada.

Esa dinámica no es producto de la particular avaricia de los grandes accionistas o de los administradores de las empresas, por grande que sin duda sea, sino que es el resultado de la dinámica natural del sistema. La gran burguesía contemporánea, los principales accionistas y dueños de las grandes empresas transnacionales, busca la máxima rentabilidad. Sus fortunas circulan por el mundo en búsqueda de la misma y ningún gestor que no procurara alcanzar la máxima rentabilidad duraría mucho tiempo en el puesto. Aunque pusiéramos al frente de dichas entidades a la gente más generosa del mundo, el resultado no variaría sustancialmente, pues el mecanismo objetivo de la competencia desplaza las empresas menos rentables y las destruye.

A pesar del decrecimiento económico, la explotación de los recursos naturales se está acentuando pues, sean cuales sean las cifras absolutas de aumento de la economía, lo que buscan las grandes multinacionales es obtener el margen de ganancia mayor posible. Y, al final, su objetivo es pagar menos por el trabajo humano y por el uso de los recursos naturales. El mercado principal para todas las grandes empresas es el mundial y el mercado de la mano de obra también es de carácter mundial.

Buena parte de los beneficios que los capitalistas norteamericanos, alemanes o españoles han obtenido durante estos años se han invertido en países como China, en búsqueda de la mayor rentabilidad que los bajos salarios de los trabajadores chinos y las pocas restricciones a la destrucción medioambiental proporcionaban. India, Brasil, otros países emergentes, y sobre todo China han acaparado gran parte de la inversión externa internacional. Las tasas de inversión del gigante asiático doblan a las de la mayoría de los países desarrollados y, en última instancia, la razón está en esa rentabilidad.

China se ha convertido en uno de los principales talleres del mundo, con una producción que cada vez está produciendo bienes más avanzados tecnológicamente, y eso ha dado como resultado un déficit crónico de los países desarrollados hacia dicha potencia, en particular de Estados Unidos. La forma en que el capitalismo tiende a resolver ese desequilibrio es abaratando el precio de la mano de obra en Norteamérica, con lo que se reducen las importaciones y se aumenta la rentabilidad de las inversiones en su propio país. Eso supone más explotación para los trabajadores y más conflictos entre las potencias. Y eso explica la dinámica general de recortes de derechos laborales que recorre a todos los países desarrollados.

En resumen, los intereses de la burguesía y de la clase asalariada, en su conjunto, no son compatibles sino antagónicos. No es cierto que de esta crisis se sale haciendo todos sacrificios, el capitalismo sale de las crisis explotando más a los trabajadores. En definitiva, es la lucha de clases, que nunca desapareció y que ahora se recrudece.

No es una crisis financiera

La crisis financiera es una de las manifestaciones de la crisis del capitalismo, pero no el origen de la misma. Su importancia innegable refleja que el sector financiero domina la economía como resultado del desarrollo natural del capitalismo. Pero es la industrialización de enormes zonas del planeta, particularmente en Asia, con un aumento global del número de asalariados y de los recursos naturales empleados, sin precedentes en la historia por su magnitud, lo que ha permitido a los propietarios de los medios de producción acumular inmensas fortunas. La riqueza no se ha desmaterializado, sino que se puede contar por empleos y pesar en toneladas. Sin esa riqueza real, el enorme crecimiento de las finanzas jamás hubiera sido posible.

En una sociedad capitalista la expresión última de la riqueza es el dinero. La gran burguesía acumula la máxima proporción posible de sus fortunas en forma de activos financieros, mediante los que posee el control de las grandes empresas productivas, y, si puede asegurarse con ello más rentabilidad, evita el trance de la inversión productiva con los riesgos que siempre comporta.

De ahí la baja tasa de inversión en las economías desarrolladas y el auge de la especulación. Se ha convertido en una burguesía rentista. Varios miles de grandes fortunas controlan la riqueza mundial y especulan con ella. Además, controlan el ahorro del conjunto de la sociedad y logran con ello otra fuente de ingresos.

Junto a la plusvalía que extraen al asalariado o asalariada en su puesto de trabajo, luego le obligan a devolver una parte cada vez mayor de su salario en forma de pagos por hipotecas y créditos.

No es posible distinguir entre unos capitalistas financieros, especuladores y malsanos, y otros capitalistas, productivos y saludables, como se pretende en ocasiones. La red de vínculos entre las grandes empresas, financieras o no, es muy intensa. Las participaciones recíprocas hacen imposible semejante separación. Sin duda, el desarrollo del crédito ha alcanzado tal nivel que es más importante que nunca.

Genera más inestabilidad, estimula los auges y agrava las crisis, pero no es su creador. Las empresas necesitan crédito abundante, las familias dependen del crédito para comprar muchos productos, y a los bancos, cuyo negocio es prestar, les interesa dar cuantos más créditos mejor. De hecho, ganaron mucho dinero así.

Pero, con la crisis, hoy los balances de los bancos están repletos de créditos incobrables — sobre todo de grandes empresas—, avaladas por terrenos y viviendas cuyo precio ha caído muy por debajo de su valor. Es la llamada “recesión de balances” que no es otra cosa que la necesidad de reconocer que buena parte de los activos que tienen los bancos carecen de valor.

En realidad, los bancos y las cajas españolas —y el conjunto de la banca mundial— estarían en quiebra si no fuera por el respaldo de sus respectivos gobiernos con enormes cantidades de dinero público.

La cuestión en litigio es quién paga por esos activos que se han esfumado, si los accionistas y acreedores, o la mayoría de la sociedad directamente o a través del erario público. En el primer caso, pierden más las grandes fortunas, en el segundo, pierden más los trabajadores y la pequeña burguesía. Para imponer el segundo plan, cuentan con la ventaja de utilizar como arma de chantaje que no es posible dejar caer a los bancos como a otra empresa, porque estamos hablando de los ahorros de la sociedad.

El auge de la economía española

En el Estado español, la construcción ha sido el motor del crecimiento económico en el último auge. La obra residencial y civil fueron los componentes principales de la inversión. Ello era posible por la abundancia de mano de obra relativamente barata y la disponibilidad de crédito a bajo interés, gracias a la pertenencia al Euro. La afluencia de trabajadores inmigrantes fue muy provechosa para la burguesía española, pues facilitó el abaratamiento los costes laborales. El salario medio real cayó durante los años del auge.

Por su parte, los distintos gobiernos propiciaron las condiciones para el boom inmobiliario. La vivienda es una necesidad vital de las familias y la falta de una política de vivienda pública protegida de proporciones adecuadas a las necesidades, aseguró el terreno de partida del negocio privado de la construcción. Pero, como todo lo que se produce en una sociedad capitalista, la vivienda es una mercancía más cuya finalidad prioritaria no es satisfacer una necesidad social, sino venderla al mayor precio posible. Y, por sus características, ser un bien de primera necesidad, con un alto precio y durabilidad, se convirtió en una mercancía muy apropiada para especular. Gran parte de las que se construyeron durante el auge, se vendieron como inversiones, lo que llevó a una dinámica ascendente de los precios que se retroalimentaba.

Cuánto más subía el precio de la vivienda más dinero se invertía, más viviendas se hacían, más créditos se pedían, y vuelta a empezar. Se trataba de comprar una vivienda que luego podías revender por una cantidad sustancialmente mayor. El precio de una vivienda había multiplicado varias veces su valor real, generando la famosa burbuja inmobiliaria. Pero, ni el número de viviendas ni sus precios, podían crecer indefinidamente.

Cuando la construcción empezó a perder fuerza, la burbuja que se fundaba en el incremento constante de los precios, estalló, y el círculo ascendente se convirtió en círculo vicioso. El crédito que ayer estimulaba el negocio inmobiliario provocando el famoso “efecto riqueza”, se ha transformado en el “efecto pobreza”. Desde entonces, muchas viviendas valen menos que sus hipotecas y es una de los factores decisivos —no el único— de la crisis financiera española.

La crisis que empezó en Estados Unidos, actúo como precipitador de la actual situación al dinamitar el auge del crédito barato, pero la caída era inevitable. De hecho, la rentabilidad de las empresas ya había empezado su ciclo descendente en 2007.

Como siempre en el capitalismo, el negocio primó sobre las necesidades sociales, y a pesar de que se construían más viviendas aquí que en Francia, Reino Unido y Alemania juntas, miles de familias tenían vetado el acceso a una vivienda porque no podían hacer frente a sus precios. Y otras se tuvieron que endeudar de por vida, con consecuencias nefastas que se han comprobado con la llegada de la crisis, cuando el pago de unas viviendas sobrevaloradas está devorando los ahorros de millones de familias y a otras, que las pierden, las deja en la calle y atadas a esas deudas, en una versión contemporánea de la “esclavitud por deudas” que existió en el mundo Antiguo.

¿Sabían que esto podía pasar? Es evidente, pero mientras duró fue un excelente negocio sobre todo para una minoría de grandes empresarios, que se situaron entre las principales fortunas del Estado. Y los bancos jugaron un papel clave: eran accionistas de las grandes constructoras e inmobiliarias, prestatarios de las mismas, de los clientes. Mientras el negocio fue en auge, ganaron dinero por todas partes. Durante los años del auge esa minoría se embolsó la parte principal de las ganancias, pero las deudas nos las pasan a la mayoría a través de la crisis del sector financiero.

Por otra parte, la obra civil era regada con ayudas públicas de todo tipo, fondos europeos, que convirtieron a las grandes constructoras en multinacionales del sector. La construcción de una amplia red de autopistas, el AVE y otras infraestructuras. Sólo el AVE ha supuesto 97.000 millones de euros en inversiones de dinero público.

Finalmente, que la construcción fuese el principal motor de la inversión de la gran burguesía española tuvo más consecuencias, pues implicaba la renuncia a desarrollar otros sectores productivos de tal forma que el Estado español era incapaz de compensar sus importaciones con exportaciones. Eso hizo que el déficit comercial creciera hasta los 70.000 millones de euros en 2007, una diferencia que había que compensar con endeudamiento. Una situación insostenible a largo plazo, como la crisis atestigua.

¿Qué hicieron con los beneficios del auge inmobiliario? En primer lugar, acumular enormes fortunas. En segundo lugar, muchas de las principales empresas españolas —buena parte de ellas antiguas empresas públicas privatizadas durante los gobiernos de Felipe González y Aznar— se convirtieron en multinacionales, comprando empresas latinoamericanas (muchas de ellas privatizadas) y empresas europeas. La mayoría de las empresas del IBEX 35, las mayores del Estado, ya obtenían más beneficios por sus filiales internacionales que por su actividad aquí, una tendencia que se ha acentuado con la crisis.

Igual que la inversión inmobiliaria, esa internacionalización de las grandes empresas españolas requirió de enormes créditos. Por esa razón, es el endeudamiento de las empresas el capítulo principal de la crisis financiera que hoy estamos sufriendo. Así, cuando se sanea a los bancos con dinero público, se está saneando a las grandes empresas españolas, de las cuales forman parte las propias entidades financieras.

Además, han aprovechado la crisis para liquidar las Cajas de Ahorros, tratando de presentar el problema financiero como un fenómeno de las cajas, cuando el conjunto del sistema tiene los mismos problemas. Su objetivo: sanearlas con dinero público que, al final del recorrido, sus depósitos acaben definitivamente en manos de los bancos privados.

Las consecuencias de la crisis

Quienes más se beneficiaron del auge, quienes tenían la responsabilidad de dirigir de facto la economía, sus propietarios, y los gobiernos que defendían sus intereses presentándolos como los de todos, son los principales responsables de esta situación. Han dirigido sus negocios de forma muy rentable para ellos, para los grandes accionistas (aunque no siempre), pero de forma nefasta para la sociedad. En eso consiste el capitalismo, en la máxima rentabilidad privada de una minoría, aunque eso conlleve el máximo perjuicio para la mayoría de la sociedad. Hoy eso es evidente para cualquiera.

En el Estado español hay recursos para atender las necesidades sociales. Pero la política que se ha aplicado desde que empezó la crisis ha ido orientada a incrementar la tasa de ganancia, y esa es la finalidad de las crisis en una economía capitalista. El Excedente Bruto de Explotación (EBE) —que es básicamente la renta bruta de las empresas— del año 2011 suponía el 44,8% del PIB, más de 480.000 millones de euros. Si desde el año 2000 al 2007, la participación en el PIB del EBE español había crecido en 1,4 puntos, desde 2007 a 2011 lo hace en 2,8. Las empresas que no han cerrado se han quedado el mercado de aquellas que quebraban, y han reducido plantillas y salarios con más intensidad de lo que ha caído la producción.

Es decir, están explotando más a sus trabajadores. Y eso pueden hacerlo gracias al desempleo masivo, que pesa como una losa sobre los trabajadores a la hora de luchar. Las nuevas contrarreformas laborales aprobadas por el Partido Popular, que defiende los intereses de la clase social a la que representa, profundizan las que iniciara el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero, facilitando incrementar aún más dicha explotación.

Junto con una reducción directa de los costes laborales, las grandes empresas están teniendo otro canal de ayuda: el gasto público. Reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social, bonificaciones a los contratos, una nueva ronda de privatizaciones de servicios rentables, incluso amnistías fiscales y, sobre todo, el saneamiento de la deuda financiera a través de ayudas públicas, lo que está suponiendo la conversión de facto de deuda privada en pública.

Y, la consecuencia de eso es la reducción del salario indirecto de los trabajadores que es el gasto social: recortes de plantillas públicas, recortes del gasto sanitario, educativo, en dependencia… a la par que nos suben los impuestos, tasas… Es decir, los asalariados pagamos más a cambio de menos.

El gasto social, que nunca llegó ni siquiera a la media europea, se está recortando de forma tal que nos llevará directamente a los niveles de gasto propios de la dictadura franquista. Aquí tenemos otro ejemplo que demuestra que no estamos ante un problema de falta de recursos, sino de quién los tiene y de quién se beneficia con ellos. La producción por persona (PIB per cápita) española es del 90% de la media europea, y el gasto social es del 70%, esa diferencia equivale a 70.000 millones de euros que harían innecesarios los recortes en gasto social, pero que sólo podrían salir de los ingresos de los sectores más ricos de la sociedad española.

El resultado de toda la llamada política de ajuste es un enorme trasvase de renta de los trabajadores hacia la gran burguesía.

Insistimos en la gran burguesía, porque lo que la pequeña burguesía (los pequeños empresarios) y los autónomos (en realidad, trabajadores encubiertos) puedan ganar a costa de los trabajadores, lo van a perder con el hundimiento de la capacidad de consumo de los trabajadores y el deterioro de sus propias condiciones de trabajo. De hecho, las pequeñas empresas han sufrido las consecuencias de la crisis mucho más que las grandes, pues tienen menos reservas para resistir y, además, en muchas ocasiones las grandes han externalizado pérdidas dejando de pagar a muchas de ellas o imponiéndoles peores condiciones contractuales. Ya durante el auge, la tendencia en el reparto de los beneficios fue cada vez más favorable a las grandes en detrimento de las pequeñas. En otras palabras, la crisis acentuará el proceso de concentración de capital para que el mercado se reparta entre un número menor de empresas que antes de la crisis. El mito del “capitalismo popular” ha quedado en evidencia una vez más, con la ruina de las pequeñas empresas y el saqueo de los recursos de millones de pequeños ahorradores.

Competitividad y explotación

Todo el planteamiento de la burguesía española consiste en acentuar la explotación de los trabajadores para obtener mayores beneficios y atraer la inversión extranjera de nuevo. Ese incremento de la explotación puede producirse por varias vías: combinada con inversiones en tecnología e intensificando los ritmos de trabajo, lo cual permite obtener más ganancia con la misma mano de obra, o menos (plusvalía relativa). Mediante la prolongación de la jornada laboral sin aumento salarial equivalente, incluso con reducción (plusvalía absoluta). Incluso con el recorte del salario por debajo del mínimo necesario para una vida digna, es decir, el simple y llanamente, mediante el robo. O, más probablemente, con una combinación de todas.

Actuando así también buscan hacer más competitivas las exportaciones españolas a costa de los asalariados, ya que permite obtener más producción por empleado y por hora trabajada y, así, disminuir los precios sin menoscabo de sus ganancias, incluso elevándolas. En definitiva, igualar las condiciones salariales de todos los trabajadores a la baja, acercando las de los fijos a los temporales, y, en general, a las de los empleados de empresas chinas o de otros países “emergentes”.

De hecho, el déficit comercial se ha reducido drásticamente durante la crisis, en parte por un aumento de las exportaciones —que se está cortando en esta nueva recesión general— y, sobre todo, por la caída de las importaciones por la reducción del consumo de las familias trabajadoras.

Los recortes a los trabajadores les garantiza más rentabilidad, que es lo único que realmente importa en términos capitalistas, pero no es una solución real ni evitará nuevas crisis. Es imposible que todos los países resuelvan sus problemas mediante las exportaciones. Todas las naciones no pueden tener un superávit comercial, porque dicho superávit tiene que ser el déficit de otros, necesariamente.

No hay que ir muy lejos. El déficit de la economía española, y de la mayoría de los países de la UE, ha sido simétrico al superávit alemán. Una buena parte de los beneficios que la burguesía alemana cosechaba con sus exportaciones y explotando a sus trabajadores, los invertía en el negocio inmobiliario, entrando en el capital de las empresas españolas y, sobre todo, prestándoles el dinero. Durante años se han beneficiado del boom inmobiliario español, alimentándolo. La política de Merkel tiene como objetivo primero, asegurar que recuperan el dinero de sus préstamos e inversiones, convirtiendo al propio Estado en garante de los mismos.

De hecho, el gobierno alemán ha inyectado más de 300.000 millones de euros de dinero público a sus entidades financieras para evitar su quiebra.

Pero los planes de Merkel tienen otra meta: provocar una reducción general de los salarios y un aumento de la jornada laboral, así como una reducción del gasto social que permita recortar las cotizaciones sociales de las empresas, de tal forma que el conjunto de la mano de obra europea resulte tan barata como la norteamericana y, sobre todo, la china. En el capitalismo, la fuerza de trabajo es una mercancía más que tratan de pagar al precio más bajo posible y utilizar el máximo de tiempo. Llevan años intentando consolidar medidas en esa dirección (directiva Bolkenstein, aumento del límite para la jornada laboral semanal a 65 horas, etcétera), y la crisis y el desempleo les brinda una ocasión única para tratar de vencer la resistencia de los trabajadores.

La gran burguesía española, mientras pueda permanecer en la UE que es su principal mercado, coincide plenamente con la segunda meta que señalábamos de la política de Merkel, aumentar la explotación de los trabajadores. Por supuesto, pugnan con el Gobierno alemán para lograr los nuevos préstamos en las condiciones menos onerosas posibles pero, al tiempo, la UE les brinda una excusa muy buena para aplicar la política de recortes de los derechos laborales y sociales que llevan años ansiando. Por eso, y por que tienen más que perder saliendo del euro que quedándose en él, aceptan mansamente las políticas que les impone la UE y el Gobierno alemán. El autoritarismo de la UE, y de la burguesía alemana, es el autoritarismo que necesita el capitalismo porque es la única forma de aplicar sus políticas ante el rechazo que inevitablemente suscitan. Es el mismo autoritarismo que emplea Rajoy con los trabajadores y la juventud en el Estado español.

En cuanto a los rescates, los préstamos de la UE no pueden resolver el problema de fondo del sector financiero, que es un excesivo endeudamiento, pues en realidad lo agravan al aumentarlo cuando lo que se necesita es reducirlo. La creación del “banco malo”, que continuará la tarea realizada por este gobierno y el anterior de dar respaldo público a las entidades financieras privadas, se convertirá en la vía para sanear las pérdidas. O les compran los productos tóxicos a un precio adecuado para sanearlas o deberán darles ayudas extra. Si las dejan quebrar el Estado también tiene enormes pérdidas (en avales y ayudas que ya ha dado y que no recuperaría, más de 100.000 millones de euros) sin mencionar las pérdidas para los depositantes que no podría cubrir el Fondo de Garantía de Depósitos.

Estas medidas les sirven para trasvasar la deuda del sector privado al público y, a la vez, ganar tiempo mientras imponen una tasa de explotación a los trabajadores que permita a la burguesía española seguir ganando dinero y pagando las deudas acumuladas. Ese es el secreto de la política que están aplicando en toda Europa. Su éxito depende de varios factores, los conflictos entre las distintas burguesías, pero sobre todo de que consigan imponer a los trabajadores el pago de la factura de la operación.

El “modelo” alemán

La burguesía alemana ya aplicó un recorte muy severo a sus asalariados. Ella ha sido la más beneficiada por la formación de la Unión Europea. No así sus trabajadores. Además de su amplia base industrial, la burguesía alemana ha contado con una gran ventaja en términos capitalistas, ser la primera en imponer un drástico plan de ajuste de las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores que han hecho más rentable la economía germana.

En la etapa de gobierno del socialdemócrata Gerhard Schroeder, cuando el paro en Alemania alcanzó los 5 millones, se aplicó un recorte brutal de las condiciones laborales y de los derechos sociales. Las conquistas de años, como las 35 horas, fueron eliminadas en sectores que la habían conquistado. Se redujeron los salarios y las prestaciones sociales por desempleo se recortaron drásticamente. De hecho, el reparto de la renta a favor de los beneficios de las empresas en Alemania crece más deprisa que en España hasta 2007. Ese es el secreto del “milagro” alemán.

Es necesario denunciar la falsedad de las cifras del desempleo en Alemania, pues hay varios millones de personas sin trabajo por distintos motivos —con subsidios míseros o sin ninguno— y de subempleados —que con sus sueldos no pueden mantener a sus familias— que no se contabilizan como desempleados. Además de millones de trabajadores con minijobs, salarios retribuidos por las empresas con 270 euros mensuales que son subvencionados con una pequeña ayuda pública. El paro real en Alemania no es muy distinto de aquí. Lo mismo podría plantearse en muchos países de la Unión Europea y de Estados Unidos.

Hay millones de parados ocultos porque reciben pequeñas ayudas o, simplemente, no se les contabiliza como tales. Y, además, está en auge el número de trabajadores pobres, aquellos que teniendo un empleo, sus remuneraciones son tan miserables que viven bajo la línea de la pobreza. Por eso, no hay ninguna posibilidad de que la emigración sea una salida para un número significativo de trabajadores en paro. El paro es crónico en el sistema porque es necesario para mantener la “oferta” de mano de obra por encima de la demanda y garantizar que su “precio” es bajo.

Esta etapa de crisis es particularmente profunda porque hay un enorme exceso de capacidad productiva junto con un volumen de deudas, muchas de ellas incobrables, sin precedentes por su envergadura. En términos capitalistas, salir de esta recesión implica un periodo de recesiones muy profundas con recuperaciones débiles, hasta que se corrijan ambos problemas, destruyendo parte de las fuerzas productivas y reduciendo el nivel de endeudamiento a costa de la mayoría de la sociedad. Todo eso para luego volver a preparar una nueva crisis. El “pequeño problema” de todo esto son las consecuencias para los trabajadores y para el planeta de las recetas capitalistas.

Es más, el capitalismo ha llevado la extracción de recursos naturales más allá de la capacidad de reposición de la naturaleza. Por decirlo en términos económicos, ha tomado un crédito del planeta que ahora está empezando a cobrarse sus deudas. Los gastos por desastres naturales, malas cosechas, etcétera, y el agotamiento de materias clave como el petróleo ya están teniendo consecuencias en la vida cotidiana de millones de personas. Por tanto, no cabe esperar que los ciclos habituales de la economía capitalista sigan eternamente sin consecuencias. A largo plazo, es sencillamente inviable.

Tarde o temprano habrá una recuperación económica. De hecho, hay billones de euros en las cuentas de las grandes empresas y de las grandes fortunas a escala mundial, también de las españolas, que no están siendo utilizadas en actividad productiva porque no esperan de ella gran rentabilidad por ahora. Pero lo que podemos ya anticipar con certeza es que el empleo que se creará no servirá para erradicar el desempleo y que será en pésimas condiciones. Y, finalmente, no evitará nuevas crisis. Esas son las expectativas que nos ofrece el capitalismo.

Al final, la lucha de clases

Finalmente, para entender la situación que vivimos hay que tener presente que en una sociedad en la que una clase que explota a otra, la lucha entre ellas juega un importante papel económico. Aunque el capitalismo cuenta con mecanismos objetivos para imponer sus medidas, básicamente el despido —de ahí la importancia de que el paro sea crónico— y la sustitución de mano de obra por máquinas, la conciencia y organización de la clase oprimida también pesa a la hora de establecer el reparto de la tarta. No es lo mismo la situación a la que se enfrentan las burguesías norteamericana y europea después de la Segunda Guerra Mundial, —con la existencia de un país no capitalista como la Unión Soviética, un movimiento obrero en alza (y armado en varios países por la lucha contra los nazis)— donde la amenaza de una revolución era más que real, que en la que se encuentran tras la caída del Muro de Berlín y el posterior hundimiento de la URSS. Es diametralmente opuesta.

La restauración del capitalismo en el antiguo bloque del Este y, especialmente, la transformación de China en una economía de “mercado socialista” (una contradicción en los términos, un oximorón), consolidaron en la sociedad la idea de que no había alternativa al capitalismo.

En la izquierda sindical y política se reafirmó, entre la mayoría de sus miembros, la idea de que no había alternativa a la economía mercado. El capitalismo, que ya era considerado “el menos malo de los sistemas posibles” se convirtió en el único posible. Los más “radicales” se aferraron a la máxima de “economía de mercado sí, sociedad de mercado, no”, como si fuese posible separar ambas cosas. El resultado ha sido que las políticas económicas de los principales partidos de la izquierda en los países desarrollados se parecen, como una gota de agua a otra, a las de los partidos de derechas, hasta el punto de que son capaces de gobernar en coalición.

Las consecuencias de este retroceso de la izquierda se han hecho mucho más patentes con la crisis del capitalismo pues, paradójicamente, en el momento en que éste muestra su fracaso lo que sale a relucir es la crisis de la propia izquierda que es incapaz de dar una alternativa.

Rodríguez Zapatero, en un arranque de sinceridad, lo dijo claro: “creíamos que íbamos a cambiar a los mercados, y los mercados nos han cambiado a nosotros”.

También la política sindical ha llegado a una encrucijada. Durante los años del auge, a la par que se imponían medidas que precarizaban la situación de los trabajadores por gobiernos de “izquierdas” y de derechas, la mayoría de las direcciones sindicales promovieron una política de moderación salarial en aras a una mejora de la productividad y la competitividad, que favorecieron un intercambio más desigual de la renta.

Las direcciones sindicales, aún ahora, siguen insistiendo en la necesidad del diálogo social, aunque se ha demostrado que esa vía era un callejón sin salida. No comprenden que la época del “pacto social” ha muerto, todo lo decidirá la correlación de fuerzas. Cuando gobernaba el PSOE, contaban con tener el respaldo del gobierno —cuyo voto dependía fundamentalmente de los trabajadores— pero el Ejecutivo cedió a las presiones del capital como era previsible. Ahora, el gobierno directo de la derecha y la patronal, por supuesto, ha dado varias vueltas de tuerca más. Las discrepancias están sólo en la dosis.

Esas políticas de renuncias de gobiernos de izquierda y sindicatos, reforzaban el ambiente de aceptación del capitalismo. En el caso del sindicato, su función quedaba reducida a regular el grado de explotación del trabajo, en la práctica, pero no a cuestionar dicha explotación.

Eso reforzó una concepción sindical cada vez más orientada a la gestión de servicios, frente a la concepción tradicional de ser parte de la lucha del movimiento obrero para transformar la sociedad.

Esa política de conciliación con la burguesía ha sido un factor económico muy importante, pues en lugar de aprovechar el auge para variar a favor de los trabajadores el reparto de la riqueza — el momento más favorable para los asalariados—, las rentas empresariales han ganado terreno en la mayor parte de los países desarrollados. Por eso ha crecido la desigualdad.

Si la crisis histórica de la izquierda socialista y comunista ha sido un factor muy importante en la prolongación del último auge, también está siendo un factor en el inicio de esta nueva etapa de crisis, pues la burguesía no siente que nada amenace su dominación. Tras un desconcierto inicial que les llevó a algunos a plantear la necesidad de refundar el capitalismo, incluso a pedir un “paréntesis en el libre mercado”, han comprobado que, por ahora, nada parece capaz de impedirles aplicar sus recetas tradicionales frente a la crisis.

Y, paradójicamente, es la acción de la propia clase dominante la que está cambiando la situación.

Los ataques a los trabajadores son de tal envergadura que el sindicalismo de gestión y servicios es inviable. La patronal aprovecha el descrédito de los propios sindicatos y su debilitamiento para tratar de enterrarlos definitivamente, se eliminan subvenciones y derechos adquiridos esperando con ello dejar completamente desarmados a los trabajadores. Pero es un error confundir a las direcciones sindicales y políticas con el propio movimiento obrero. La necesidad objetiva de tener unos sindicatos y organizaciones políticas capaces de defender los intereses de los trabajadores provocarán un cambio profundo en el conjunto de las organizaciones de clase, como preludio necesario e inexcusable de un cambio en la sociedad. En realidad, ambas cosas han de ir parejas.

La unidad y la organización de los trabajadores para luchar es una necesidad creciente e ineludible para hacer frente a esta etapa del capitalismo. Necesitamos unos sindicatos con una política capaz de aunar la defensa de los intereses más inmediatos de los trabajadores, sus empleos, sus salarios, sus condiciones de trabajo y vida, con una propuesta de cambio social.

No se trata sólo de defendernos de estas medidas que acentúan la explotación que sufrimos, sino de acabar con el mismo sistema de explotación.

Ya no estamos sólo ante una lucha sindical, es necesario generar una fuerza política capaz de transformar la sociedad, de poner en cuestión el sistema desde su raíz, porque no se puede ganar sólo desde el terreno sindical. documento económico.

SEGUNDA PARTE

SÍ HAY ALTERNATIVA , PERO FUERA DEL SISTEMA. Un cambio en las relaciones de propiedad

La crisis no es un producto inevitable del funcionamiento económico general, como los huracanes del clima o los terremotos de la actividad geológica. Esta crisis tiene nombres y apellidos, es el resultado de una determinada forma de sociedad, la capitalista. Pero ni los recursos productivos ni las personas son capital, sino que éste es una relación social determinada que se caracteriza porque dichos medios son propiedad de una minoría que se coloca en posición de poder explotar a una mayoría, la cual no tiene otra opción que vender su fuerza de trabajo, física e intelectual, para poder vivir. Por tanto, la economía puede funcionar de forma muy distinta si cambiamos las relaciones de propiedad que dominan nuestra sociedad.

El movimiento ecologista ha puesto en evidencia hace años que la economía no puede reducirse a magnitudes monetarias. Se trata de unos medios físicos, de personas trabajando colectivamente y de recursos naturales vitales y limitados. Agotar esos recursos irrecuperables es positivo en términos de economía capitalista, cuando en realidad es un desastre para la sociedad.

Pero eso, sólo muestra el conflicto entre la rentabilidad privada y las necesidades sociales, el conflicto entre el capitalismo y la sociedad. Un premio Nobel ya denunció que las compañías farmacéuticas no estaban interesadas en medicinas que curasen sino que preferían aquellas que cronificaban, pues eran mucho más rentables. Igualmente, cualquier gran compañía siempre situará su beneficio particular por delante de aquello más eficaz socialmente. Una empresa energética privada jamás puede estar interesada en un ahorro efectivo de energía, pues su negocio es vender cuánta más energía mejor.

Por eso, hoy es frecuente reclamar que se saquen del mercado recursos tan importantes como la tierra cultivable, los mares, la vivienda, etcétera. Sin embargo, lo que debemos hacer es sacar la economía del mercado. Sólo a partir de transformar en público el corazón del sistema productivo se puede pilotar un cambio que ponga la economía al servicio de la sociedad y no al revés, como de hecho sucede ahora. Se trata de poner en marcha una planificación democrática de la economía y, a partir de lo que existe, reformar el sistema productivo para reducir drásticamente las desigualdades económicas, hasta su desaparición, y tener en cuenta los límites de los recursos naturales.

Entonces, lo que la sociedad debe hacer es tomar lo que ya existe y transformarlo. El propio desarrollo de la economía nos ofrece los mimbres para hacerlo. No hay que ir muy lejos, la experiencia ha demostrado que suministrar agua o atender la salud se puede hacer desde el sector público mejor que desde el privado. Pero eso es extensible a todos los grandes sectores productivos: metalurgia, transporte, comunicaciones, constructoras, química, distribución, etcétera.

¿Qué son las grandes empresas? Son una minoría del total pero mueven la parte decisiva de la economía. Millones de trabajadores y una producción vital para la sociedad, porque determinan totalmente la producción, las prioridades económicas y las condiciones de vida de todos. Es ridículo hablar de libre competencia en este terreno, son oligopolios controlados por una minoría de grandes accionistas y directivos con un único objetivo: la máxima ganancia. ¿Qué ciudadano puede crear una petroquímica para competir con Down o con Repsol? Nadie.

Se trata de grandes medios de producción cuya gestión no puede dejarse en manos privadas.

Las fuerzas productivas han alcanzado tal envergadura, su integración internacional es de tal intensidad, sus efectos en el medio natural tan evidentes, que no podemos seguir tratándolas de la misma forma que en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, la clase dirigente tiene las mismas concepciones económicas que entonces, porque defiende los mismos intereses: sus ganancias y la propiedad sobre los medios de producción, que es de donde surgen. Las ideas que hoy llaman neoliberales, que ni son nuevas ni liberales, no son otra cosa que la defensa de los intereses de la burguesía y nos suenan tan absurdas porque chocan con la realidad.

El reconocimiento de su magnitud social lo hace, sin intención, el propio sistema cuando las salva y sostiene con dinero público. Basta ver que todo el sistema financiero mundial hubiera quebrado si no fuese por las ayudas públicas. Lo digan o no, ya las han nacionalizado, formal o tácitamente. Pero las salvan y siguen en manos privadas, o con la intención de devolverlas a manos privadas. Porque no están salvando el sistema financiero, sino su dominio sobre los ahorros de la sociedad. Salvan a los banqueros, no a los bancos.

Pero la situación de los bancos no es distinta a la del resto de las grandes empresas que, de una forma u de otra, se apoyan en el Estado. En la época de auge, la cantidad de gasto público creció en todo el mundo, en contra del supuesto ideario liberal. Y los más beneficiados del mismo son las grandes empresas. Un ejemplo paradigmático es la invasión de Irak, hecha para garantizar el control de las petroleras americanas sobre Oriente medio, además de ser un enorme negocio para las empresas suministradoras de armamento y apoyo logístico de más de tres billones de dólares y gran responsable de la enorme deuda pública norteamericana. En el Estado español, las grandes empresas son las que menos pagan en impuestos proporcionalmente, las que más defraudan y las que más se benefician de contratos públicos y ayudas de todo tipo. En otras palabras, el capitalismo no podría subsistir sin la intervención del Estado, su Estado.

Pero esa situación no hace sino reflejar la madurez de las fuerzas productivas para pasar a ser propiedad social, para su gestión pública y democrática por parte de sus trabajadores y de la sociedad.

Nuestro objetivo es sustituir el mecanismo de mercado, con sus crisis y anarquía, por una administración colectiva y democrática de las grandes fuerzas productivas.

Una planificación democrática de la economía

Por lo tanto, la primera idea que debemos tener clara para elaborar una alternativa a la crisis es que debe pasar por la nacionalización de las grandes empresas. Se trata de dar un carácter social, en lugar de privado, y someter a control democrático algo que ya es fruto de una labor social de millones de trabajadores y que afecta a la vida de toda la sociedad.

Es cierto que la experiencia de la URSS fracasó. De ella hemos aprendido que no basta con nacionalizar las fuerzas productivas, que además, hay que garantizar el control democrático de las mismas para evitar que surja un monstruo burocrático que ahogue la economía y a toda la sociedad. Es curioso que la mayoría de los nuevos capitalistas rusos sean antiguos burócratas estalinistas. Han pasado de gestores privilegiados de las fuerzas productivas a ser sus dueños.

Socialismo y control democrático de la economía y la sociedad deben ir unidos, o ambos fracasarán. Si los trabajadores comprueban que la dictadura del empresario ha sido sustituida por la de un nuevo burócrata privilegiado, el socialismo no podrá funcionar. Tendremos que garantizar el control real, cotidiano de las empresas, la eliminación de privilegios salariales, la limitación de mandatos en los puestos directivos, igual que en el resto de la sociedad.

Sin embargo, las condiciones materiales actuales son muy distintas de las de 1917.

Rusia era un país enormemente atrasado en el que los propios comunistas creían imposible que el socialismo triunfara si no se extendía la revolución a escala mundial, y tuvieron razón. Pero las revoluciones no las decide ningún partido, las protagonizan las masas cuando la sociedad en la que viven no les deja otra opción.

Los militantes bolcheviques tuvieron el inmenso mérito de encabezar con éxito la primera revolución socialista. No debemos confundir a Lenin con Stalin, como no debemos confundir a Robespierre o Babeuf con Luis Bonaparte. La historia de la URSS nos deja un rico legado de experiencias que pueden ayudarnos a tener éxito donde ellos no lo tuvieron. En primer lugar, y fundamentalmente, porque hoy disponemos de la base material para hacer posible otra sociedad. La enorme productividad del trabajo y la incorporación al trabajo de millones de asalariados que hoy están condenados al paro y al subempleo perpetuo, permitiría generalizar una jornada laboral reducida de tal forma que la participación en el control de la sociedad, en la actividad política en el mejor sentido de la expresión, sería algo al alcance de todos. Bajo el capitalismo, el aumento de la productividad no libera al ser humano de la explotación, por el contrario, la dinámica conduce a reducir plantillas explotándolas más intensamente. Las largas jornadas de trabajo son un obstáculo a la participación democrática de la sociedad, que ahora es posible eliminar.

Y, además, las tecnologías de la información y comunicación permitirían interconectar toda la economía y harían posible que la población pudiera participar con información suficiente en la toma de decisiones. Los mismos mecanismos que hoy utilizan las grandes empresas para su gestión interna y los sistemas financieros para dominar el conjunto de la economía, servirían al conjunto de la sociedad para controlar y determinar el uso de las fuerzas productivas.

Existen las condiciones para, en lo que a los grandes sectores productivos se refiere, sustituir el mecanismo de mercado para la asignación de los recursos por una planificación, por una administración racional y social de los recursos.

Con una columna vertebral económica pública que administre racionalmente los recursos la democracia podría entrar en la economía, el mercado iría quedando relegado a un papel cada vez más secundario en ella. Las pequeñas empresas y, sobre todo, las cooperativas se verían liberadas del lastre de unos préstamos bancarios a intereses asfixiantes y se beneficiarían de la eliminación de los monopolios e intermediarios privados que les proveen de mercancías a precios artificialmente elevados o que los someten a la dictadura intolerable de sus redes de comercialización. Pero la experiencia también les haría ver a estos sectores la conveniencia de integrarse voluntariamente a una economía nacionalizada a gran escala, productiva y eficiente. Por otro lado, la economía planificada a gran escala permitiría integrar de manera armónica y solidaria recursos, esfuerzos, conocimientos, territorios, comunidades y regiones que se beneficiarían de un plan común de producción que atendería de manera plena las necesidades sociales de cada territorio y de la población que lo habita; dejando un gran margen de iniciativa y autonomía en todos ellos para concretar y desarrollar los planes económicos comúnmente aceptados. La competencia entre países por cuota de mercado, la expoliación de las personas y los pueblos, sería sustituida por la cooperación en beneficio mutuo.

Dejaría de tener sentido producir muchos productos a miles de kilómetros del lugar de uso final, por la única razón de que la mano de obra es más barato y los costes de transporte no tienen en cuenta ni el derroche de recursos no renovables ni la contaminación. La obsolescencia programada o las patentes desaparecerían. La producción de armamento sería innecesaria y la producción de bienes de lujo también. Lo decisivo es que las personas podríamos, por fin, decidir racionalmente, con criterios de beneficio social y a largo plazo, el funcionamiento de las fuerzas productivas.

El propio capitalismo está generando un enorme monstruo burocrático en sus empresas, a pesar de todas las medidas que buscan mejorar la calidad de la producción, hay un límite objetivo que hace imposible que esas medidas puedan funcionar plenamente. Cualquier mejora que el trabajador sugiera para su trabajo, que permita aumentar la productividad, es una amenaza para sí mismo, pues propicia la reducción de plantilla, y es que la empresa obtiene sus beneficios explotándole. De hecho, el régimen de las empresas no es democrático sino que los propietarios son la autoridad inapelable. Nunca entró ni entrará la democracia en las empresas privadas, a lo sumo la lucha arrancará derechos y ciertas limitaciones a esa autoridad, que tratarán de suprimir a la primera ocasión, como hemos podido comprobar en las últimas contrarreformas laborales.

En una sociedad socialista, los trabajadores tienen que comprobar día a día que trabajan en su beneficio y de la sociedad, que los avances en la organización del trabajo y en productividad, repercuten en unas mejores condiciones de trabajo y de vida, y del conjunto de la sociedad.

Las relaciones sociales y productivas deben ser diáfanas y evidentes para todos, dominándolas nosotros a ellas y no ellas a nosotros.

Una propuesta para el Estado español y la Unión Europea

Izquierda Unida debe dar una respuesta concreta a la pregunta clave que nos haría cualquier trabajador, joven… ¿qué haríamos, si gobernásemos, para salir de esta situación?

Sólo podemos revertir la situación de paro crónico y de empobrecimiento de los trabajadores y la mayoría de la sociedad, si tomamos el control de la riqueza y los medios de producción. Sin ese control, cualquier medida de incremento progresivo de los impuestos, aumento del gasto público o de los derechos de los trabajadores, chocará con las retiradas de fondos, los cierres y la evasión de dinero. En última instancia, el movimiento del capital es libre y si no obtiene la rentabilidad que desee, se irá a otra parte a buscar mejores ingresos. Esa es su característica y su mejor arma contra el movimiento obrero. No hablamos de posibilidades, ya se han ido cientos de miles de millones de euros a lo largo del último año, conforme la crisis arrecia.

Por eso, la aplicación de una reforma fiscal mucho más progresiva, la recuperación de los derechos de los trabajadores, debe ir unida a medidas que pongan la riqueza y los medios de producción bajo control social y democrático, y eso sólo es posible mediante su nacionalización.

La actual constitución consagra que la riqueza económica tiene que tener como prioridad la atención de las necesidades sociales, y abre la puerta a la expropiación por interés general.

Pero también dice que todos tenemos derecho a un trabajo digno con un sueldo que permita mantener adecuadamente a una familia, a una vivienda, etcétera y no se cumple. En cambio la propiedad privada se defiende a capa y espada. Más tampoco cualquier propiedad privada, pues la de cientos de miles de familias desahuciadas es abolida todos los días, constantemente. La de miles de trabajadores arrojados al desempleo, y sus familias, es abolida una y otra vez devorada por las deudas financieras y la necesidad de sobrevivir. La de miles de pequeños empresarios arruinados es destruida cotidianamente. La única propiedad que se defiende a capa y espada es la de los más ricos, la de las grandes empresas, financieras o no. Si queremos defender el derecho a una vivienda digna, a un empleo en condiciones, el futuro de las pequeñas empresas, de la sanidad y la educación públicas… debemos abolir la propiedad de los más ricos, su dominio sobre los grandes medios de producción y de cambio.

No hay que ir muy lejos. El socialista francés Holland no ha necesitado ni 100 días de gobierno para acabar alineado, más o menos a regañadientes, con las políticas de Merkel. No le votaron para seguir haciendo la misma política que Sarkozy, con matices. Pero no es casualidad, quien posee los medios de producción decide la política. La burguesía francesa, igual que la española, tiene más en común con la burguesía alemana que con sus propios trabajadores y si no estás dispuesto a enfrentarte a ella, a transformar de raíz el sistema, tarde o temprano acabarás haciendo la misma política, independientemente de las buenas o malas intenciones. No existe una “tercera vía” entre el capitalismo y el socialismo.

Por eso, este programa sólo es posible si cuenta con el apoyo activo de una parte decisiva de la sociedad, porque la clase dominante no lo aceptará mansamente ya que supone la abolición de todos sus privilegios. Pero no es una propuesta a largo plazo, sino un plan de acción que un gobierno de izquierdas tendría que poner en práctica hoy mismo si conquistase el apoyo suficiente. El socialismo no es una propuesta para un futuro indefinido, sino una tarea práctica.

Y para conquistar ese apoyo hay que defenderlo abiertamente.

 

 

POR UN PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA CLASE TRABAJADORA

 

Una desmesurada orientación hacia la política institucional

Partiendo del merecido salto que hemos dado en las últimas elecciones, en el último año y medio, tenemos que sacar las mejores conclusiones sobre cómo gestionar este poder que nos otorga el pueblo en cada ciudad, comunidad autónoma o en el Congreso de los Diputados: millares de cargos públicos que deben ponerse al servicio de la clase trabajadora y sectores más humildes de la sociedad, rindiendo cuentas periódicamente ante ellos sobre su actividad.

Cuando desde IU hemos analizado los datos electorales, y los sondeos posteriores donde la tendencia de voto hacia IU es al alza, hemos encontrado que hay una horquilla que progresivamente se va ampliando. La relación que existe entre los votos y la militancia real cada vez está más separada: cada vez más, cada militante da lugar a más votos, y la ampliación de éstos no se traduce en más militancia.

Esto es preocupante e, indudablemente, tiene que ver con la cada vez mayor desafección que siente la gente hacia la política oficial. Aunque puede haber algún tipo de exageración, la encuesta última del CIS al respecto refleja que solo el 9% confía en los partidos políticos, lo que también vale para nosotros como orientación. El surgimiento del 15M y de otros actores sociales (Frente Cívico) y la entrada en todo tipo de plataformas de decenas de miles de jóvenes, lo que no se refleja del mismo modo en nuestra organización (aunque haya un goteo positivo en algunas zonas), debe hacer que analicemos con autocrítica nuestro trabajo realizado.

Hay algo que falla. Y seriamos unos simplistas si dijéramos que, hoy en día, los trabajadores y jóvenes están menos politizados, en un sentido científico. Hoy los jóvenes y trabajadores tienen un mucho más interés por hablar de política, entendida ésta de forma sencilla y amplia como la capacidad de reaccionar y tomar posición ante unos problemas determinados, actuando en consecuencia, incluso buscando comprometerse y organizarse.

Pero, debido a la desproporción de la actividad institucional, hay una evidente separación entre IU y la actividad física, real, de la vida cotidiana de jóvenes y trabajadores en los centros de trabajo, centros de estudio, barrios... En muchos sitios, durante demasiados años, la gente de a pie no ve a IU, salvo cuando hay campaña electoral o algún acontecimiento extraordinario, pero no durante su vida cotidiana, en su barrio o trabajo.

Ello llevó a un problema que se retroalimenta con el anterior: sobre todo en las áreas donde la actividad institucional es mayor, los jóvenes cuadros que hemos incorporado a la organización, en muchas ocasiones han tendido a no educarse en la necesidad de un trabajo paciente y continuado en determinadas plataformas. Esto es así, sobre todo, cuando muchos de estos compañeros pasaron después de los estudios directamente a la vida institucional sin un contacto cotidiano con el mundo del trabajo.

Hay, por este motivo, en muchas ocasiones, una incapacidad importante a la hora de no saber reclutar a compañer@s

En
muchos casos, se pasa de una tarea a otra, de una moción en el ayuntamiento a otra en la Diputación, pero sin seguir continuada y planificadamente el problema o la campaña específica. También es cotidiano el que en diferentes ciudades, en demasiadas ocasiones, la actividad institucional vaya en líneas paralelas a la de las asambleas: sin tocarse, con poca fluidez en la comunicación y sin informar todo lo que se debiera a las asambleas de base con antelación de los problemas específicos que atender a la hora de abordar el trabajo en común.

Esto revela que hay un problema muy claro en una capa de cuadros que se incorporó a las estructuras de la organización en el último periodo y que no conocen suficientemente las tradiciones sobre cómo se construyó el PCE o las CCOO en los años 60 y 70 del pasado siglo.

Al mismo tiempo, y también hay que decirlo, determinados compañeros reaccionan con abierto escepticismo cuando otros hablamos sobre las posibilidades enormes que se abren para la organización si se interviene con decisión e ideas claras ante el recrudecimiento de la lucha de clases a que estamos asistiendo.

En los últimos procesos electorales, y muy significativamente en las últimas elecciones municipales de mayo, la tendencia ha sido que en las capitales de provincia y otras ciudades importantes (donde la organización comparativamente es más débil en militantes) hemos subido más que en los pueblos. Pero ¡Ojo! Ese voto ha venido a IU cuando los votantes socialistas han decidido castigar al PSOE. En cambio, hemos perdido en datos absolutos en muchos sitios donde sí teníamos fuerza social y habíamos gestionado las instituciones.

Siguiendo con las elecciones municipales, no estamos hablando tan solo de los casos de Córdoba, Sevilla, Seseña (en Toledo) o Alcañiz (en Aragón), los exponentes de poder municipal respectivamente más importantes en cada una de sus respectivas comunidades.

Como decíamos anteriormente, en Andalucía subimos en votos en localidades de la costa o capitales de provincia (donde la militancia había declinado ya desde los años 90), pero pegamos un bajón en muchas localidades del interior que eran nuestros graneros. Hablamos por ejemplo de muchos pueblos del interior andaluz, pueblos donde, no por casualidad, compartíamos el poder en muchas Diputaciones provinciales con el PSOE, incluso allí donde los compañeros son dirigentes sindicales y hasta hace muy poco éramos capaces de llenar en muchos pueblos autobuses enteros ante cualquier manifestación o lucha.

Sucedió que, llegada la crisis tan durísima que hemos padecido en los últimos 4 años, había una inercia por parte de muchos de nuestros cargos institucionales, que siguieron con un trabajo de rutina en la Diputación o el ayuntamiento: en muchos pueblos o barrios se necesitaba que nuestros dirigentes se hubieran puesto a la cabeza a la hora de formar asociaciones de parados, que se ha hecho en muchas ocasiones debido a la iniciativa individual de determinados cuadros o activistas de la organización, allá donde teníamos una ligazón mayor con el movimiento obrero, no porque hubiera una política activa de la organización en su conjunto.

La solución al problema del paro tampoco puede venir de luchas aisladas pueblo a pueblo, o barrio a barrio: es necesaria realizar campañas específicas en comarcas enteras, o incluso a nivel provincial, defendiendo para empezar el empleo y las empresas existentes y luchando hasta el final contra cualquier tipo de cierre de empresas.

Sin embargo, las municipales demostraron en muchos pueblos y provincias que el trabajo sindical y vecinal había dejado de ser una prioridad en muchas áreas, en favor de “lo institucional”.

Los éxitos electorales han reforzado el aparato de la organización de liberados y cargos públicos.

Un buen aparato, de locales, liberados, medios técnicos, es fundamental para toda organización seria que pretenda transformar la sociedad. Pero el aparato debe estar al servicio de la organización, se deben poner los medios materiales y tener la orientación adecuada para que los dirigentes no pierdan la conexión con la militancia de base ni con la clase trabajadora, entendiendo y reflejando correctamente las aspiraciones más inmediatas de ésta.

No por casualidad, la llamada Refundación fracasó de modo casi absoluto en aquellas federaciones donde IU acumulaba mayor aparato institucional en parlamentos regionales, diputaciones y ayuntamientos: Baleares, Cataluña, Asturias, Madrid o Andalucía.

Todo esto es muy preocupante porque, justo cuando la socialdemocracia tiene la mayor crisis de la historia, las pasadas elecciones municipales y generales demostraron cómo desde IU hemos recogido una parte menor del voto que se fue del PSOE, proveniente del desencanto con Zapatero.

En este sentido, tenemos que ser críticos con la experiencia de nuestra participación en los gobiernos regionales de diferentes autonomías en el último periodo. En Baleares o en el País Vasco ello supuso un debilitamiento de la organización hasta límites ínfimos, tal como se constató en las últimas elecciones municipales.

En el caso actual de la participación en el Gobierno de la Junta de Andalucía, cada vez más trabajadores muestran un descontento mayor con la labor que ejercemos. Esta labor, a su vez, entra en contradicción flagrante con la principal que nos corresponde, que es la de participar y aspirar a tener una incidencia en las luchas que se están dando, precisamente como fruto de unos recortes en los que nuestra organización aparece directamente implicada. Tenemos que ser consecuentes con nuestro discurso y sacar todas las conclusiones de la crisis fenomenal que atraviesa la socialdemocracia en nuestro país: al igual que el sindicalismo de servicios (como veremos más adelante) ya no es posible lograr en el actual marco institucional, con un régimen fiscal que hace aguas fruto de la no cotización masiva por parte de las rentas altas a través de todo tipo de exenciones fiscales, lograr ningún tipo de avance social tampoco por esta vía, a no ser que la burguesía vea un movimiento tan profundo en la sociedad que esté dispuesta (como en los años 70) a ceder una parte de sus beneficios para no perderlo todo.

Proponemos:

- Insertar y supeditar el trabajo institucional de la organización al resto del trabajo de la construcción de la organización. La primera prioridad del trabajo de los cargos electos es construir la organización, participando continuadamente de todas las discusiones, decisiones y planes de los órganos de dirección al nivel que haya sido proclamado electoralmente (con voz y sin voto, si no ha sido elegido por la Asamblea correspondiente), junto a la presencia periódica en todas las asambleas locales de afiliados de que forme parte.

- Igualmente, todo representante institucional deberá cumplir el llamamiento de cada asamblea u órgano correspondiente, que podrá requerir la presencia del mismo si forma parte de la misma, con una antelación de quince días, a no ser que presente justificación por escrito u otro órgano superior de la organización la presente igualmente.

Hay que derrotar al gobierno del PP: exigimos elecciones anticipadas. Por un Frente de Izquierdas por los Derechos Sociales y Democráticos.

Las movilizaciones de diversos sectores van en aumento, y todas ellas chocan con una realidad: la política implacable del gobierno del PP en defensa de los intereses de la clase dominante. No existe ninguna posibilidad de cambio en la política de la burguesía, ni mucho menos de un entendimiento con el PP. Sólo hay una opción: o derrotamos al gobierno del PP, o somos derrotados. El apoyo electoral que recibió el PP se reduce cada día (de un máximo del 46% un mes después de ser elegido, el PP bajó al 29% de intención de voto en septiembre según Demoscopia-El País), y se reducirá al mínimo si somos capaces de que la sociedad vea un camino alternativo en la opción de la izquierda ¡Luchamos por derrocar al gobierno del PP!

Rechazamos cualquier intento de formar un gobierno de concentración nacional con el Partido Popular (con el PSOE mediante), que no tendría otra pretensión que la de seguir aplicando la política de recortes. Por el contrario, llamamos al conjunto de la izquierda sindical, política y social, a los movimientos sociales, al 15M, a las asociaciones de vecinos, y a todos aquellos colectivos y plataformas que estén en contra de los recortes y a favor de los derechos sociales y democráticos del conjunto de los trabajadores, sin distinción de nacionalidad, a promover un Frente de Izquierdas por los Derechos Sociales y Democráticos. Pedimos a los militantes del PSOE que rechacen las políticas de recortes y aquellos dirigentes de su partido que las aplican, y a que obliguen a su organización a unirse a la lucha contra los mismos y a la creación de un Frente con una política realmente de izquierdas.

La primera tarea del Frente es preparar y coordinar la lucha contra las políticas del PP: huelgas generales, manifestaciones, protestas en los barrios, rechazo a los desahucios, defensa de centros públicos y empresas amenazadas de cierre… Pero eso no sería suficiente, el objetivo de la movilización tiene que ser derrotar al PP y exigir elecciones anticipadas ya. No podemos esperar tres años porque sería un desastre para la clase trabajadora. Es necesaria la generalización y coordinación de las luchas para forzar la convocatoria de unas nuevas elecciones para derrotar al gobierno de la derecha.

A su vez, una derrota del PP y la victoria un gobierno con un programa de izquierdas real, supondría un enorme salto en la toma de conciencia del movimiento de los trabajadores y la juventud, dándole confianza en sus propias fuerzas y en su capacidad de transformar la sociedad. En ese contexto, sí tomaría fuerza la idea de un nuevo proceso constituyente, cuya necesidad sería vista por la mayoría de la sociedad y se abordaría en unas condiciones mucho más favorables el camino hacia una república federal, resultado de la unión voluntaria de los distintos pueblos que forman el Estado español, en el marco de un proceso de lucha por la transformación socialista de la sociedad.

Finalmente, dicho Frente debe llamar a los trabajadores del resto de países de la Unión Europea para que unamos nuestras fuerzas contra los recortes sociales, laborales y democráticos que se están aplicando en la toda la UE. La acción conjunta de trabajadores griegos, portugueses, franceses, británicos, alemanes, etcétera, ya no es una utopía, como ha empezado a demostrar la Huelga general del 14 de Noviembre; sería una fuerza imparable, capaz de revertir los recortes y promover una nueva Unión Europea socialista y democrática.

Proponemos:

- No al Pacto Social que está preparando la burguesía ante la pérdida de apoyo del gobierno PP.

- Ningún recorte a la clase trabajadora.

Organizar YA nuestro trabajo entre la clase trabajadora.

La política sindical ha llegado a una encrucijada. Durante los años del auge, a la par que se imponían medidas que precarizaban la situación de los trabajadores por gobiernos de “izquierdas” y de derechas, las direcciones de los dos grandes sindicatos promovieron una política de moderación salarial en aras a una mejora de la productividad y la competitividad, que favorecieron un intercambio más desigual de la renta.

Hemos visto cómo ha acabado todo esto: cada año se trasvasaron en el reparto global de rentas de este país decenas de miles de millones de euros de las rentas del trabajo a las rentas del capital, dándose en los últimos meses el mayor nivel en el conjunto de la renta global alcanzado jamás por parte de las rentas del capital en los últimos 40 años.

En el reciente pasado, los compañeros del sector crítico de CCOO, en los años 90 y a principios de la década del 2000 (en pleno boom económico), criticaban correctamente las limitaciones de este modelo sindical. Ahora, ante una crisis tan fenomenal del capitalismo como la que atravesamos, para la burguesía ya no tiene sentido la negociación como antaño. Desde el comienzo de la recesion del 2008, más de un 15% de las empresas españolas han cerrado. Por tanto, la propia burguesia española (empezando por la pequeña y mediana) está literalmente luchando por su supervivencia, no ve necesidad de pactar nada, pues lo que necesita es cercenar el conjunto de avances sociales levantados durante décadas de luchas por la clase trabajadora.

La concepción sindical cada vez más orientada a la gestión de servicios, frente a la concepción tradicional de ser parte de la lucha del movimiento obrero para transformar la sociedad, está en crisis abierta. El “sindicalismo de pacto”, como elemento que puede conseguir algún tipo de avance, ya está muerto.

El último pacto sindical de pensiones, en febrero de 2011, o el pacto con la CEOE en enero de 2012, justo antes de que el PP legislara la ultima reforma laboral, son claros indicativos de que el “sindicalismo de pacto y consenso”, en la etapa actual solo traen retrocesos directos para los trabajadores, debilitando públicamente la autoridad y el poder real de los sindicatos ante el conjunto de la clase trabajadora, autoridad que desgraciadamente es la más baja nunca alcanzada.

Las direcciones sindicales de UGT y CCOO, aún ahora, siguen insistiendo como estrategia en la necesidad del diálogo social, aunque se ha demostrado que esa vía era un callejón sin salida.

Los ataques a los trabajadores son de tal envergadura que el sindicalismo de gestión y servicios es inviable. La patronal aprovecha el descrédito de los propios sindicatos y su debilitamiento para tratar de enterrarlos definitivamente, se eliminan subvenciones y derechos adquiridos esperando con ello dejar completamente desarmados a los trabajadores, lo que demuestra la necesidad de un reforzamiento de la financiación de nuestras organizaciones basándonos en el dinero proveniente de nuestra clase.

Pero es un error confundir a las direcciones sindicales y políticas con el propio movimiento obrero. La necesidad objetiva de tener unos sindicatos y organizaciones políticas capaces de defender los intereses de los trabajadores provocarán un cambio profundo en el conjunto de las organizaciones de clase, como preludio necesario e inexcusable de un cambio en la sociedad. En realidad, ambas cosas van a ir parejas.

Necesitamos unos sindicatos con una política capaz de aunar la defensa de los intereses más inmediatos de los trabajadores, sus empleos, sus salarios, sus condiciones de trabajo y vida, con una propuesta de cambio social.

Ya no estamos sólo ante una lucha sindical, es necesario generar una fuerza política capaz de transformar la sociedad, de poner en cuestión el sistema desde su raíz, porque no se puede ganar sólo desde el terreno sindical.

Centrar nuestra acción en el mundo del trabajo, como muy bien han escrito compañeros de la Presidencia federal, significa concretamente que el trabajo político de IU en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras deben ser un objetivo prioritario del conjunto del trabajo de IU.

A nivel de cada provincia y de cada asamblea de base debe ser una prioridad establecer un Área del Movimiento Obrero, con el fin de realizar un trabajo sistemático y firme entre la clase trabajadora defendiendo las posiciones políticas de IU, en primer lugar entre los sindicatos, pero tambien en asociaciones de parados, comités de huelga y asambleas de coordinación de luchas... El movimiento sindical sin una orientación política más amplia es inconsistente por definición. Este trabajo sistemático es tanto más importante por cuanto en el seno de IU conviven sindicalistas de diferentes centrales sindicales, tales como CCOO, UGT, CGT, STE's, CIG, SAT, Intersindical, ELA, LAB... IU puede y debe actuar como un eficaz organizador que se destaque por abanderar en la práctica la unidad de la clase trabajadora por encima de todo sectarismo inútil.

Y es ahí donde IU puede y debe jugar un claro papel en el conjunto del Estado español, adaptando su programa a las necesidades concretas de cada empresa, interviniendo resueltamente en sus luchas allí donde podamos, generalizando la experiencia de las lecciones sacadas en cada conflicto por parte de los activistas más combativos, haciendo ver en ellos la necesidad de la organización política.

La transformación socialista de la sociedad sería impensable sin la lucha cotidiana para conseguir dar pasos adelante bajo el capitalismo. No somos indiferentes a la lucha por las reformas, sabemos que los trabajadores solo aprenden a través de la lucha y de su propia experiencia. Nuestra principal tarea es “explicar pacientemente” a los trabajadores más activos y conscientes que se encuentran en los sindicatos y partidos obreros la necesidad de la transformación socialista de la sociedad, no sólo nacional sino también internacionalmente, educarlos y formarlos políticamente.

Proponemos:

- Por la creación de Áreas de Movimiento Obrero en cada provincia y Asamblea con responsables y objetivos específicos.

- Lucha desde IU por la unidad sindical.

El 15M y el 25S. IU y los movimientos sociales

El 15M ha sido el canal de expresión por el que una nueva generación ha entrado en la escena política, una generación de jóvenes que no participó en la llamada Transición, en los años 70, generación que no está satisfecha con lo que conoce, quiere cambiarlo, si bien no sabe exactamente cómo. Esto último subraya otra de las características de este fenómeno, compuesto mayormente de jóvenes que estaban alejados de la política, y parten inicialmente de un relativamente bajo nivel político, lo que no puede ser de otra manera en una etapa inicial.

Ahora bien, hay una evolución muy clara en la toma de conciencia. Ya no estamos en el 15 de mayo de 2011, ha habido un aprendizaje. Quien quiera emplear ahora el lenguaje necesariamente confuso de entonces, inevitablemente, va a ponerse al culo del movimiento.

Lo pudimos ver en las movilizaciones que se dieron a finales de septiembre de este año, 2012, en las movilizaciones que correctamente apoyaron nuestros diputados. El 25 y 29 de septiembre decenas de miles se manifestaron (a pesar de una conocida y anticipada represión que se iba a dar de las mismas), en muchos casos con símbolos y consignas explícitas de izquierda, demandaron “la toma del Congreso”, el fin del mismo, el carácter antidemocrático de las instituciones actuales, o el comienzo de un nuevo “proceso constituyente” de carácter republicano. En el fondo, subyacía una idea profunda de la necesidad de cambiar el sistema actual, con un claro discurso que se mueve cada vez más nítidamente hacia el anticapitalismo.

Que esto es lo que demanda la sociedad lo podemos ver claramente en los resultados de nuestra alianza electoral en Galicia, con el AGE, donde obtuvimos el 14% de los votos con este discurso, partiendo cuatro años antes de un 0,99% de los votos.

El 15M nos desnudó políticamente, a IU, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Cuando salimos a la calle vemos cómo sí hay gente dispuesta afiliarse a IU, pero si no hay un funcionamiento vivo por parte de las Asambleas de barrio, pueblo o ciudad, es difícil aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Para empezar, debe verse a la propia IU, que debe tener una actitud proactiva a la hora de favorecer la afiliación de militantes nuevos, su inserción en la organización, la delegación de tareas en estos nuevos militantes, junto con una consolidación de los mismos en base al debate políticos, circunstancias todas estas que no son las que priman en nuestra organización.

En el recientemente formado Frente Cívico, en las asociaciones de estudiantes y juveniles, en las asociaciones de inmigrantes, de gais y lesbianas, ecologistas, movimientos pacifistas, asociaciones de vecinos, o en el trabajo entre las mujeres, nuestra organizacion se debe destacar por buscar la confluencia entre las inevitables y decisivas movilizaciones de la clase trabajadora, promoviendo la unidad del resto de movimientos sociales y ciudadanos con el movimiento vivo de los trabajadores que se está desarrollando delante de nuestros ojos.

Sí queremos subrayar algunos aspectos en el trabajo entre las mujeres, para que nos sirva de ejemplo en la necesidad de defender un punto de vista de clase a la hora del trabajo en cualquiera de los movimientos sociales arriba mencionados.

Los problemas de la mujer empiezan en el hogar y a la sociedad pero se extienden al trabajo.

Debemos tener cuidado de no caer en la trampa de muchos reformistas, empezando por los dirigentes del PSOE, que junto con las feministas burguesas piensan que la lucha de los derechos de las mujeres pasa sólo por conseguir la paridad en cualquier órgano de gobierno y que a las mujeres sólo les interesan los “temas femeninos”. Aunque muchos de estos temas son importantes, sería un error subestimar los intereses de las mujeres en otras cuestiones más amplias y cotidianas que son fundamentales.

La lucha de la mujer por sus intereses comienza en el centro de trabajo. En la lucha para organizar a las trabajadoras en los sindicatos, en la lucha para conseguir salarios decentes y condiciones laborales dignas, y en la lucha por su completa igualdad con el resto de trabajadores.

Las trabajadoras son un colosal potencial revolucionario para el movimiento obrero, como está demostrado históricamente. Las nuevas condiciones de producción, la expansión de la llamada industria de servicios, ha incrementado el número de trabajadoras, a la vez que la gran mayoría no están organizadas en los sindicatos. Éstos, e IU, debemos tomar la iniciativa para organizar a las capas desorganizadas.

Debemos dejar claro que en absoluto la defensa de los derechos de las mujeres únicamente es tarea de las organizaciones feministas. La historia demostró que el movimiento obrero organizado conscientemente se orientó hacia la consecución de los derechos más básicos de la mujer, empezando pos supuesto por aquel sector de las mujeres que debe suponer una clara prioridad para nuestro trabajo, que es la mujer trabajadora.

En este sentido, IU no aspira con su discurso y acción a luchar por mantener los derechos sociales de Rosalía Mera, que vienen determinados de su condición de segunda accionista de Inditex. Más bien, lucha por los derechos de las trabajadoras de Inditex: por sus condiciones de trabajo; por la conciliación de su trabajo con el reconocimiento de sus especifidades como mujeres, como madres, como amas de casa que la sociedad en que vivimos, para ahorrarse todo tipo de costos, hace de ellas “las esclavas de los esclavos”. De ahí viene el manteniemiento de la moral sexista y patriarcal.

Los derechos sociales de las mujeres trabajadoras de Inditex tendran que venir, inevitablemente, de la pérdida de derechos que Rosalía Mera se resiste a perder.

Nuestra lucha requiere la máxima unidad entre los trabajadores y las trabajadoras. Cualquier tendencia que se califique de feminista, que intente enfrentar a la mujer contra el hombre, que divida o segregue a las mujeres del resto del movimiento obrero en nombre de “la liberación de la mujer” u otra cosa por el estilo, es reaccionaria y debemos combatirla enérgicamente.

Claro que debemos hacer trabajo político en asociaciones feministas que jueguen un rol progresivo, pero debemos hacer mucho más énfasis del que hacemos en el trabajo específico en las vocalías sindicales, áreas de la mujer en comités de empresa o otro tipo de asociaciones que están vinculadas a la vida real de aquellas mujeres que aspiramos a representar.

Debemos elaborar un programa de reivindicaciones transicionales. El punto de partida deben ser las necesidades más inmediatas y perentorias de las mujeres, no solo en el centro trabajo sino también el hogar, cuidado infantil, educación, vivienda, transporte público, pensiones, ocio, derechos legales, etc. Debemos luchar por la eliminación de toda legislación discriminatoria; por la completa igualdad de la mujer y el hombre ante la ley; por el pleno derecho al divorcio y al aborto; por el libre acceso a los anticonceptivos y a la sanidad; por guarderías universales, gratuitas y de calidad para todos los niños.

Es la lucha de la clase trabajadora, fundamentalmente, la que puede traer más inversiones en guarderías, lavanderías, comedores públicos,... En este país, fue la lucha de los trabajadores y de los sectores más humildes de la sociedad la que logró durante la II República el voto para la mujer.

Mientras luchamos por cada una de estas reivindicaciones progresistas que tienden a mejorar la situación de la mujer, es imperativo que demos a todas estas demandas un contenido de clase, pues la crisis actual del capitalismo está degradando todas y cada unas de estos aspectos sociales y es la lucha objetiva e inevitable de la clase trabajadora, que se ve impelida a actuar colectivamente partiendo de sus centros de trabajo, la que galvanizará al resto de movimientos.

- Orientación del trabajo de IU hacia los movimientos sociales, con responsables específicos y planes en cada asamblea.

Proponemos:

- Objetivos de afiliación concretos ante cada campaña o lucha popular.

- Responsable de formación provincial y en cada asamblea con planes específicos.

Conclusión

Ya, en el pasado, con el declive de los gobiernos de Felipe González, IU igualó los resultados electorales del PCE logrados en la Transición. Ahora, los sondeos nos indican una proyección de votos superior.

La cuestión es: ¿A qué debemos aspirar hoy como IU? Si no revertimos la actual situación, donde solo crecemos electoralmente (y muy poco en afiliación), tan solo cuando un sector de votantes desencantados con la socialdemocracia que gestiona el poder quiere castigar al PSOE, nos veremos abocados a ser únicamente un mero aparato electoral que, a la hora de la verdad, no plantea una alternativa consistente al sistema capitalista ¿Ese es el fin de nuestra organización?

Los hechos, tozudos y demostrables empíricamente, son que allí donde acumulamos más poder institucional, el aparato subsiguiente que se consolidó, que hizo del municipalismo o parlamentarismo una doctrina, no sirvió para desarrollar a la organización. Antes al contrario, se convirtió muchas veces en un tapón que ahogó muchas veces casi cualquier iniciativa. En definitiva, tenemos que recuperar la calle, el debate político en nuestras asambleas, la labor de captación y formación, el que se discuta en las asambleas de IU cómo trabajar en los barrios, las empresas, los problemas cotidianos del trabajo sindical, el tener una orientación resuelta a la juventud, a la mujer trabajadora y resto de movimientos sociales, etc.

Si no resolvemos ese problema que tenemos, IU desaprovechará una oportunidad histórica para consolidarse como una alternativa clara para la clase trabajadora que demuestre a sus ojos que resueltamente lucha por superar el sistema capitalista.

Nuestro papel no puede ser el de gestionar los recortes, sino el de ser reconocibles por poner las bases para lograr la más amplia alianza popular en la calle, tal como hemos explicado, para derrotar los planes de los grandes empresarios y banqueros en España.

El desenfoque desmesurado hacia el trabajo institucional seguido en los últimos años llevó a una pérdida de contacto de muchos de nuestros cuadros con la realidad y a un debilitamiento enorme del trabajo sindical, juvenil, vecinal. Desde IU tenemos que salir de esta próxima Asamblea federal con un discurso claro y un orden de prioridades claramente delimitado que encauce las limitadas fuerzas con las que contamos ante las gigantescas tareas que tenemos por delante, que no son otras que la lucha por el socialismo.

 

PROGRAMA ECONÓMICO DE IU

1. Empleo.-

Todo el mundo tiene el derecho y la obligación de trabajar, en condiciones dignas y con un salario que le permita vivir, solo o en familia, de forma digna. Para ello es necesario:

- Reducir de manera inmediata la jornada laboral semanal a 35 horas en el plazo de un año, sin disminución salarial equivalente en ningún concepto. Se eliminan las horas extra, salvo por fuerza mayor en aquellos casos reconocidos por convenios estatales, y se establecerán 31 días de vacaciones anuales.

- Plan para bajar aún más la jornada laboral, a 32 horas semanales, para repartir el trabajo (sin reducción salarial), en caso extremo.

- Adelantar la edad de jubilación a los 60 años en el plazo de una legislatura, con contratos de relevo. Se elevará la pensión mínima hasta 1.100 euros (el SMI que reivindicamos).

- Reincorporar a los trabajadores públicos despedidos a sus empleos, estableciéndose un plan de incremento de las plantillas públicas en función de las necesidades sociales y del cumplimiento de las 35 horas, así como la restitución de todos los derechos perdidos.

- Todas las empresas con viabilidad económica, tienen que restituir a los trabajadores despedidos y aumentar las plantillas para aplicar las 35 horas y el adelanto de la edad de jubilación. La viabilidad o no de una empresa la establecerá una representación de los trabajadores y la administración, mediante una auditoría completa de la empresa.

- Poner en marcha un plan de creación de empleo público. Su cuantía vendría determinada por el objetivo de alcanzar el pleno empleo. Dada la incapacidad del sector privado para lograr el pleno empleo, la espina dorsal de la propuesta es el desarrollo del sector público, que tendrá que plantearse como objetivo el acabar con el desempleo.

- Se fija el Salario Mínimo Interprofesional en 1.100 euros brutos mensuales (y 14 pagas) y una escala móvil de salarios, que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo. Y un Salario Máximo de 5.500 euros brutos mensuales (y 14 pagas) en las empresas públicas.

- Acabar con la precariedad. Supresión del contrato temporal por circunstancias de producción. El resto de los contratos de duración determinada deberán cumplir el principio de causalidad bajo supervisión estricta de las administraciones públicas, la inspección laboral y los sindicatos. Prohibición de las empresas de trabajo temporal. La gestión del desempleo y la colocación será pública en su totalidad.

- Promulgar con carácter inmediato un subsidio de desempleo indefinido mientras no se garantice un puesto de trabajo digno, nunca inferior al SMI, pues ninguna persona debe carecer de ingresos suficientes para vivir con decencia. Esta medida es, además, imprescindible para poner en marcha una transformación del sistema productivo sin que eso suponga arrojar a la miseria a millones de trabajadores

- Nacionalización de todas las empresas que cierren (o despidan trabajadores sin autorización administrativa).

- Reparto del trabajo en los sectores de la economía que temporalmente no tengan demanda externa o interna, sin reducción salarial.

2. Hacer efectivos nuestros derechos sociales.-

El Estado garantiza todos los siguientes derechos de manera digna: la vivienda, la sanidad, la educación y la atención social en situaciones de dependencia. Se establecen, además, las siguientes medidas:

- Todos los servicios públicos privatizados serán devueltos al sector público. Sus trabajadores serán subrogados. Las empresas privadas afectadas serán indemnizadas, tras una auditoría de la empresa y del servicio prestado que determine el estado real de la empresa y su cumplimiento de los pliegos de condiciones, hasta un máximo de 100.000 euros por accionista y sin superar, en ningún caso, el precio que se pagó por su privatización. Esto incluirá los centros sanitarios de la red pública que han sido construidos y gestionados por la iniciativa privada.

- Se suprimen los conciertos con entidades educativas y sanitarias privadas en el plazo un año. Los centros concertados podrán elegir entre incorporarse a la red pública si reúnen condiciones adecuadas para ellos, con la subrogación de las plantillas, o seguir ejerciendo su labor como centros privados, sin ayudas. Supresión de la ley 15/1997.

- Creación de una Agencia Pública de Dependencia en todas las Comunidades autónomas, que garantice con prestaciones directas la cobertura a todas las personas dependientes.

- Se pone en marcha un plan de ampliación de los servicios públicos, aumentando el gasto social de forma que se elimine el déficit social respecto a los demás países europeos y acabar con el subdesarrollo social en el Estado español. El primer paso será restituir a sus antiguos empleos a todos los trabajadores públicos despedidos con los recortes.

- Se establece la prohibición de desahuciar a cualquier familia de su vivienda por carecer de recursos suficientes para pagar su hipoteca. La vivienda afectada por esa situación pasará a formar parte del parque público de vivienda, y la familia que la ocupaba pagará un alquiler acorde con sus posibilidades, sin que nadie pueda echarles de la misma.

- Se aplica la dación en pago con carácter retroactivo a todas aquellas familias que hayan sido desahuciadas de sus casas, por falta de ingresos suficientes.

- Se crea un Parque de viviendas en régimen exclusivo de alquiler, público y de gestión pública. Los responsables de su gestión serán las comunidades y los ayuntamientos. Tras un examen detallado, todas las viviendas en manos de entidades financieras que reúnan condiciones para ello, se considerarán expropiadas y se incorporarán a este parque.

- Ninguna vivienda podrá estar vacía, sin una causa debidamente justificada. Comunidades autónomas y ayuntamientos, mediante Agencias públicas de Alquiler, velarán por el cumplimiento de esta norma, garantizando que se alquilan a precios asequibles y dando garantías al propietario tanto del cobro del alquiler como del buen uso de la vivienda. Una familia propietaria de una vivienda alquilada podrá disponer de ella apenas la necesite cualquiera de sus miembros para vivir en ella o desee venderla.

3. Transformar en público todo el sector bancario.-

- Nacionalización del conjunto del sistema financiero (incluyendo la participación en sus empresas correspondientes), incluyendo los seguros. Su gestión será llevada a cabo por: 1/3 de representantes de la administración, 1/3 de los sindicatos y 1/3 de los trabajadores de cada entidad. Sus objetivos dependerán del plan económico de que dote el Estado a sus bancos participados.

- Después de realizar una Auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras, indemnización a los pequeños accionistas que tengan un capital menor de 100.000 euros.

- No al pago de la Deuda Pública, deuda originada por la falta de ingresos fiscales de las rentas altas tras las reformas realizadas por los gobiernos PSOE y PP en las últimas decadas.

- Se debe abrir una investigación judicial para depurar las responsabilidades de los directivos y grandes accionistas de las entidades bancarias, pudiéndoseles exigir responsabilidades económicas.

- Eliminación de la ley por la cual prescriben temporalmente los delitos con la Hacienda Pública.

- Limitación de los salarios de todos los trabajadores, como máximo, al triple del SMI en las mismas condiciones que el salario máximo de un cargo público.

> Incompatibilidad para formar parte de la dirección de cualquier persona que haya formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años.

> Obligación de rendir cuentas anual y públicamente.

- Se establecerá un control efectivo del movimiento de capitales y se intervendrán las sucursales o filiales de bancos españoles en paraísos fiscales, a fin de evitar que las grandes fortunas eludan sus responsabilidades fiscales y sociales. La banca no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.

- El parque de viviendas vacías en manos de los bancos pasará a engrosar un parque público de viviendas, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa pública de alquiler a, como máximo, el 10% de la renta de la familia necesitada. Se les condonará íntegra e inmediatamente la deuda a todas las personas desahuciadas por falta de recursos, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo.

- Como norma general, todas las personas y familias verán rebajadas su aportación a la hipoteca a un 10% de su renta disponible.

- La Obra Social de las Cajas, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los servicios públicos de las diferentes administraciones.

- Se habilitarán líneas de crédito suficientes para pequeñas y medianas empresas, y familias, a un bajo interés.

4. La economía al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad.-

- Desarrollo de los medios de producción en función de criterios sociales y ecológicos en función de los intereses de la mayoría de la sociedad y de las generaciones venideras, mediante la nacionalización por razones de interés público, de las grandes empresas de:

- El sector financiero, incluidas las compañías aseguradoras.

- Las empresas energéticas, que darían lugar a un sistema público de energía.

- Las grandes empresas de transporte, de personas y mercancías.

- Las grandes constructoras de obra civil.

- Las grandes empresas industriales básicas.

- Las grandes compañías de distribución.

- Los grandes latifundios.

- La industria farmacéutica.

Esto supone hacer posible una verdadera democratización de la economía, tal como aprobamos en la Convocatoria Social de octubre de 2011, donde abogamos por la nacionalización de los sectores estratégicos de la misma.

A su vez, esto supone poner las bases para la nacionalización del resto de empresas que conforman tanto el IBEX 35 como el Mercado Continuo (las 100 empresas fundamentales) que conforman el porcentaje básico de la economía (aproximadamente un 80%) que puede permitir que realmente un gobierno sometido a los votos populares tenga el control económico mínimo para poder transformar la sociedad sin someterse a los chantajes y presiones de los mas poderosos como sucede hasta ahora.

Indemnización a los pequeños accionistas que tengan un capital inferior a 100.000 euros. Participación de los trabajadores, a través de sus representantes en la empresa, en la gestión de la misma, para lograr la cogestión junto a los representantes de la administración, en el marco del plan económico del que se dote el Estado.

- Reforma fiscal drástica para que pague más quien más tiene.

- Eliminación progresiva de los impuestos indirectos.

- Persecución del fraude fiscal, empezando por las grandes empresas, que son las principales defraudadoras. Los trabajadores somos quienes creamos la riqueza con nuestro trabajo, que también nos tiene que ser devuelto vía impuestos. Pago efectivo del 50% del beneficio de las empresas, que provienen de nuestro trabajo.

- Pago efectivo del 55% para el tramo alto de la declaración del IRPF, que estará compuesto a partir de aquellas familias que posean una renta superior a los 100.000 euros.

- Creación de una Agencia Pública de Investigación, Desarrollo e Innovación, que gestione toda la labor en ese terreno de las universidades públicas y todo tipo de empresas y organismos públicos. Sus resultados no podrá privatizarse de ninguna manera.

- La empresa pública será fundamental para alcanzar el pleno empleo en el plazo de una legislatura. Se pondrá en marcha un plan de reindustrialización y de desarrollo de los servicios públicos que tenga como prioridad alcanzar de unas condiciones de vida y trabajo dignas para toda la sociedad.

- Todo el sector público, sus empresas y administraciones, tendrán una estructura democrática. Se dotarán de unos consejos compuestos a partes iguales por representantes de los trabajadores, de las administraciones y de los usuarios. Sus directivos serán elegidos democráticamente, sus mandatos tendrán un tiempo limitado, renovándose anualmente, y sus salarios se limitarán a los establecidos para cualquier trabajador público. Rendirán cuentas de forma pública todos los años, y ante sus trabajadores siempre que sean requeridos para ello.

- Se transforma en monopolio público el comercio exterior.

5. Medidas de carácter democrático.-

- Restitución de todos los derechos democráticos conculcados por el gobierno del PP y anteriores, y eliminación de las restricciones antidemocráticas para el ejercicio del derecho a huelga, manifestación y asociación aprobados en los últimos 30 años.

- Las fuerzas policiales no pueden estar concebidas para reprimir los derechos democráticos, sino para garantizar su libre ejercicio. Por ello es necesaria la depuración de responsabilidades por todas las actuaciones de brutalidad policial que se han ejercido contra la ciudadanía en el libre ejercicio de los derechos democráticos.

- Disolución de forma inmediata todas las unidades especiales de “antidisturbios”, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y policías autonómicas; prohibir portar armas de fuego en las manifestaciones y actos públicos, así como de las armas “disuasorias” que actualmente utilizan; erradicar la tortura y los malos tratos y dar garantías a los detenidos que eviten la posibilidad de estas prácticas (cámaras de grabación, asistencia letrada obligatoria, habeas corpus…); y cierre de las academias de enseñanza de cualquier cuerpo policial.

Puesta en marcha de un nuevo proceso constituyente con el objetivo de dotarnos de una nueva forma de organización basada en una República. El primer calificativo que debe tener este nuevo Estado es el de socialista, pues serán las medidas socialistas de control y planificación de la economía las que garantizarán la elevación de las condiciones de vida, más allá de las que disfrutan los sectores de la clase obrera con un actual mayor nivel de vida, como es el caso de los trabajadores en Euskadi. En segundo lugar, será un Estado federal, pues se garantizarán los derechos democráticos y nacionales de las nacionalidades históricas existentes en el Estado español, sin privilegios ni discriminaciones de ninguna clase, respetuosa con el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Nos comprometemos a defender en el Parlamento estatal y en el conjunto del Estado el derecho a autodeterminación de todos los pueblos. No somos partidarios de la independencia, sino de una República Socialista, Federal y Democrática, pero no aceptaremos imposiciones por la fuerza contra la voluntad de los pueblos, pues sólo traerán enfrentamiento y sufrimiento para la inmensa mayoría.

- Lanzamiento de un llamamiento a todos los pueblos del continente europeo a crear una nueva Unión Europea Socialista, que sea un baluarte de los derechos sociales y democráticos, que base su desarrollo en la cooperación económica en beneficio mutuo y no en la explotación de los trabajadores y los recursos naturales, y que sea un ejemplo para todo el planeta de que otro mundo es posible.

II.2. Por una Europa democrática y socialista

Una solución definitiva y permanente a la crisis económica y política que sufrimos sólo puede darse a escala europea, en primer lugar, y a escala internacional, en última instancia. La economía contemporánea, más que nunca, es una realidad internacional que sólo puede transformarse con medidas de carácter internacional.

Una nueva Unión Europea, democrática y socialista, sería un ejemplo muy poderoso para todo el mundo. Los trabajadores de todos los Estados de la UE tenemos mucho más en común entre nosotros que con nuestras respectivas clases dominantes. Tenemos mucho que ganar si somos capaces de ponernos de acuerdo en un programa común, y mucho que perder si nos dejamos arrastrar a la competencia entre las naciones por el reparto de las riquezas. Todos somos explotados por las grandes multinacionales, por el sistema capitalista, y todos debemos luchar por acabar con esa explotación. Es vital evitar que nos enfrenten en líneas nacionales a las clases trabajadoras de los diferentes países.

Izquierda Unida llama a todos los partidos, sindicatos y entidades sociales de izquierdas a luchar juntos a escala continental por:

- Establecer la jornada laboral de 35 horas, sin reducción salarial y la jubilación a los 60 años con contrato de relevo en toda la UE. Debe desarrollarse plenamente la Carta Social Europea, igualando al alza todos los derechos laborales de los países miembros.

- Deben derogarse todas las leyes regresivas de la UE en materia social, laboral y democrática.

- Debe nacionalizarse todo el sector financiero europeo, auditarse sus cuentas y sanearse a costa de sus grandes accionistas. Debe crearse un nuevo Banco Central Europeo, al servicio de la mayoría de la sociedad y sus necesidades, y no una marioneta de las élites económicas. Para ello, sus miembros serán elegidos por los respectivos gobiernos

- Hay que nacionalizar todos los sectores clave de la economía, puesto que no son más que oligopolios privados que actúan en beneficio de una minoría.

- Debe aplicarse una planificación económica a escala europea que permita un desarrollo equilibrado y sostenible de todo el continente, basado en la cooperación en beneficio mutuo entre países y con otros continentes, el desarrollo social y la protección medioambiental. Europa tiene recursos más que suficientes para abrir esa senda y arrastrar con su ejemplo al resto del planeta.

- Deben crearse nuevas instituciones europeas realmente democráticas, que superen las actuales y sean capaces de acabar convirtiéndose en una Unión Europea federal, democrática y socialista, que reconozca el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos y naciones del continente europeo.

IU se compromete a defender estas propuestas, y a no participar en ningún gobierno de ningún ámbito, que aplique recortes en los derechos sociales, laborales y democráticos, o que entre en contradicción con las medidas que proponemos. No aceptamos la teoría del “mal menor”, según la cuál es preferible que nos apliquemos nosotros mismos los recortes para evitar males mayores, una política que ha fracasado a todas luces. Hay recursos suficientes para que todo el mundo viva con dignidad, y lo único que lo impide es quiénes son sus propietarios y en beneficio de quién se usan.

Hoy más que nunca está vigente la vieja consigna del movimiento obrero: ¡Trabajadores de todos los países, uníos!