Pagina principal Estado Español Análisis y Situación Política La Audiencia Nacional, un tribunal de excepción creado en la dictadura

La Audiencia Nacional, un tribunal de excepción creado en la dictadura

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La Audiencia Nacional ha vuelto al primer plano de la actualidad al acusar al gobierno de la Generalitat de "Rebelión" y encarcelar a 7 consellers. Mucha gente desconoce que la Audiencia Nacional, que es pintada como el paladín de la justicia y el garrote de los políticos corruptos, fue un órgano creado al final de la dictadura, en enero de 1977, cuando aún permanecían ilegalizados los partidos políticos y sindicatos obreros, así como las manifestaciones, y no existía la libertad de expresión. En realidad, la Audiencia Nacional vino a sustituir a un icono de la dictadura franquista, el Tribunal de Orden Público (TOP), encargado de reprimir la oposición política y las luchas obreras y estudiantiles.

audienciaLa creación de la Audiencia Nacional tenía como cometido asegurarse un tribunal de excepción dotado de poderes especiales, ante el inevitable cambio político que se veía venir debido al empuje irresistible de las luchas obreras, que habían tomado un carácter insurreccional y socialista creciente. La excusa era centralizar en un tribunal estatal delitos que supuestamente tuvieran un ámbito superior al provincial o regional, como ciertos delitos económicos, falsificación de moneda, “difusión de pornografía”, “peligrosidad social”, etc., a los que después se añadió los de terrorismo.

De lo que se trataba era de quitarle competencias a los tribunales territoriales inferiores a los que se suponía más expuestos a sufrir la creciente presión social del medio, particularmente de las luchas obreras y populares contra la dictadura. De hecho, tribunales excepcionales del carácter de la Audiencia Nacional, no existen en Europa ni en la mayoría de los países “democráticos”. En la mayoría de los países, los delitos, sean cuales sean, son juzgados por los tribunales del lugar donde se producen aquéllos. La Audiencia Nacional, por ejemplo, tiene prerrogativas de instrucción de las que carecen tribunales inferiores, como la prisión preventiva incomunicada, y tiene un carácter de cuasi tribunal militar por la dureza de los interrogatorios y la libertad de interpretar el carácter de determinados delitos, como el de terrorismo, para el que ya no basta cometer una acción armada para ser acusado de tal, sino que vale la simple propagación de determinadas ideas políticas defendidas por grupos terroristas, o cualesquiera otras que contravengan la ideología o los prejuicios políticos del juez de turno de la Audiencia Nacional. Lo hemos visto en el “caso de los titiriteros” en Madrid hace un año y medio, o los juicios y condenas por tuits, comentarios en facebook o chistes y canciones por parte de artistas de izquierdas, a los que se acusaba de exaltación del terrorismo o de “injurias a la Corona”, o en el caso de los 3 de Alsasua, acusados de terrorismo por una pelea en un bar con Guardias Civiles y que llevan ya un año en prisión sin juicio. También estamos viendo el papel de la Audiencia Nacional en la crisis de Catalunya, con la detención arbitraria de 7 consellers de la Generalitat, por un supuesto delito de rebelión que no se sostiene por ningún lado; más aún, profesionales cualificados han denunciado en los medios de comunicación que la Audiencia Nacional no es competente para instruir ni juzgar dicho delito.

Vergonzosamente, el mantenimiento de la  Audiencia Nacional fue otra de las concesiones aceptadas por los dirigentes del PCE y del PSOE en la Transición a favor de los herederos del régimen franquista. Un paso ineludible hacia una ampliación de los derechos democráticos en nuestro país, debe incluir necesariamente la supresión y desmantelamiento de la Audiencia Nacional y la transferencia de sus atribuciones a los tribunales territoriales ordinarios.

¿Puede haber una Justicia “independiente”?

Vista toda la podredumbre y corrupción que engulle al régimen del 78 y al aparato del Estado, ¿cabe hablar de la posibilidad de una justicia “independiente”? Suele representarse a los jueces y fiscales como gente que está por encima del bien y del mal, como seres dotados de un don superior para impartir justicia basándose en criterios de una objetividad inapelable. Esto no es así. Si la “justicia” fuera una cosa objetiva, inapelable, sin espacio alguno para ser sometida a interpretaciones personales, los jueces serían superfluos. Bastaría entonces con disponer de una supercomputadora que contuviera toda la legislación y el código penal, a la que simplemente se aportara los datos particulares demostrados de cada caso judicial, y darle a un botón para que nos diera automáticamente el resultado sobre la culpabilidad del acusado, y la pena que debiera corresponderle.

Es verdad que el aparato judicial tiene un cierto automatismo y muchos jueces y fiscales, honestamente, se consideran comprometidos con lo que ellos suponen que es la justicia. Las denuncias se presentan en los juzgados o la policía, y los jueces y fiscales están obligados a tramitarlas (o desecharlas), siguiendo el curso establecido en una serie de normas. Es en este sentido, que el aparato judicial puede adquirir cierta “independencia”  en su actuación.

Pero los jueces y fiscales son personas comunes que viven en un determinado medio, proceden de clases sociales concretas, tienen relaciones sociales y familiares específicas, e interpretan la ley (más allá de que ésta sea reaccionaria o progresista) atendiendo a sus propios prejuicios personales y políticos, y a sus visiones de la realidad, bien para encontrar atenuantes en la comisión de un supuesto delito o, al contrario, para encontrar agravantes. Los jueces y fiscales también tienen aspiraciones personales; cargos, sueldos, destinos, tribunales, prestigio; cuya consecución también están determinadas por sus propias relaciones sociales, y en una gran cantidad de veces, por sus relaciones con el poder político y la llamada “opinión pública”; esto es, los medios de comunicación.

La realidad muestra que la inmensa mayoría de los jueces procede de las clases altas, de la burguesía y de la pequeña burguesía adinerada. Hay un filtro de clase innegable en la carrera judicial. Esta gente incorpora a su labor sus prejuicios y su visión de clase, se relacionan familiar y socialmente con la gente de su clase, concurren a los mismos clubes, restaurantes, lugares de ocio, etc.

Es cierto que hay excepciones a esta regla. A veces, los pocos jueces y fiscales procedentes de las capas bajas de la clase media y, más excepcionalmente aún, de la clase trabajadora, o los que han asimilado en su juventud ideas progresistas y democráticas avanzadas, pueden llegar a instancias elevadas de la carrera judicial. Pero no es la norma. Sucede también que jueces conservadores, por miedo a la presión social y para no quedar desacreditados ante la opinión pública, en casos claros y sangrantes de delitos cometidos por los ricos o políticos burgueses, están obligados a conducirse con cierto criterio de independencia de su clase y de sus presiones.

Una de las funciones del aparato judicial es amortiguar las tensiones y los choques sociales, y velar por el “interés general” burgués, para evitar, en palabras de Engels, “que la sociedad se devore a sí misma”. Por eso, el aparato judicial juega el papel, de manera regular, de amputar y reprimir determinadas prácticas “corruptas” que implican a burgueses individuales o grupos empresariales determinados y a sus alcahuetes políticos, que puedan poner en peligro la estabilidad del sistema en su conjunto. De ahí los casos "Lezo", "Gürtel", etc.

Pero todo lo anterior, simplemente subraya el carácter de clase del sistema judicial, y que la defensa del interés de los ricos y privilegiados en el aparato judicial sólo puede ser contrarrestada por la movilización y la presión social de la clase trabajadora y de los sectores progresistas de la sociedad.

Es por esta razón, que las familias trabajadoras y lo sectores progresistas de la sociedad no podemos dar ningún tipo de aval ni confianza al sistema judicial, sino que debemos basarnos en nuestra propia agitación, propaganda y movilización para contrarrestar los intereses y presiones de las clases sociales enemigas dentro y alrededor del aparato judicial.

Por todo esto, debemos oponernos al actual sistema judicial, por antidemocrático y  clasista, y por tener mil y un vínculos con los grandes empresarios y los políticos del sistema. Es imposible “democratizar” la justicia sin eliminar el poder económico y político de la burguesía en la sociedad, mientras los cargos de juez y fiscal estén monopolizados por miembros de las clases privilegiadas, mientras el núcleo de la legislación sea la protección de la propiedad privada de los medios de producción y la explotación social.

No al sistema corporativo y de casta del aparato judicial

Ante el descrédito del sistema judicial, sectores de la derecha, como Ciudadanos, reclaman medidas corporativistas y demagógicas, diciendo que el problema es el control que ejercen los partidos políticos sobre los órganos judiciales superiores, como la elección por el parlamento de los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, o del Consejo General del Poder Judicial. Proponen que sean los mismos jueces y fiscales, a través de sus organizaciones corporativas, quienes elijan los integrantes de estos organismos. Nosotros estamos radicalmente en contra de esto. Lo que esto conseguiría es que la casta judicial fuera aún más “independiente”, sí; pero del pueblo. Antes al contrario, sin control alguno desde abajo, la casta judicial extremaría así su dependencia ideológica y moral de la clase dominante. El sistema actual es malo, pero al menos, indirectamente, es un reflejo distorsionado del balance político de fuerzas del parlamento que, a su vez, es un reflejo distorsionado de la voluntad popular.

No obstante, no podemos quedarnos en una posición meramente negativa, hasta en tanto en cuanto, una verdadera revolución social y política desmantele el sistema capitalista opresor y sus instituciones estatales, para sustituirlas por otras verdaderamente democráticas. Necesitamos plantear medidas y propuestas de transición que debiliten los aspectos más reaccionarios del aparato del Estado y faciliten las condiciones para la futura emancipación social de la clase trabajadora. Unidos Podemos debe abrir este debate en la sociedad y dotarse de las propuestas más avanzadas y progresistas sobre este tema que ayuden a combatir la mistificación del Estado como un órgano situado por encima de la sociedad, más allá del bien y del mal.

Un programa de transición de medidas democráticas y progresistas

Una de estas propuestas debe ser la elección por sufragio universal de los jueces y fiscales, desde las instancias territoriales más pequeñas hasta los jueces del Tribunal Supremo y Constitucional. Además, deberían ser revocables en cualquier momento por quienes los eligieron. Esta medida permitiría a la clase trabajadora y sectores progresistas de la sociedad favorecer la elección de jueces y fiscales más progresistas y sensibles a los intereses de los trabajadores y de las capas más oprimidas de la sociedad, y proponer la revocación de los más reaccionarios y derechistas.

Esto debe completarse con ¡ningún privilegio! para jueces y fiscales. Como funcionarios públicos, deben tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier funcionario medio, con salarios ajustados al nivel correspondiente

Hay que introducir igualmente medidas democratizadoras que limpien en la medida de lo posible el aparato del estado. La principal debe ser la depuración del aparato del Estado de fascistas y reaccionarios, comenzando por aquellos jueces, fiscales, mandos de la policía y de la Guardia Civil que ocuparon puestos en la dictadura. Debería crearse un comité formado por las organizaciones de izquierda, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones progresistas y democráticas de jueces, fiscales, militares, soldados, policías y guardias civiles de base, entre otras, que identifiquen a esos elementos fascistas y reaccionarios para que sean apartados del aparato del estado. Este mismo comité debería encargarse del control de las academias de la policía, de la Guardia Civil y del Ejército y de los idearios con que se forma a sus integrantes. En este sentido, hay que dar plena libertad a los soldados y guardias civiles para que organicen sindicatos, y terminar con el carácter militar de la Guardia Civil.

La sociedad socialista y el aparato judicial

Somos conscientes del carácter limitado y condicional de estas medidas, expuestas a la correlación de fuerzas entre las clases, pero serían un paso adelante. En última instancia, sólo en una nueva sociedad nacida de la propiedad colectiva de los medios de producción claves (la banca, las grandes empresas y los latifundios), bajo el control democrático de los trabajadores, podríamos darnos el equivalente a un nuevo aparato judicial verdaderamente democrático, sin conexión alguna con clases opresoras, en el que participen, no estamentos privilegiados y separados del pueblo como la casta de jueces y fiscales actual, sino el conjunto de la población adulta, por medio de comités elegibles y revocables, que velen por el interés común.

En una sociedad liberada de las lacras del capitalismo, del afán de lucro, donde la explotación y la corrupción serían un mal recuerdo del pasado –una sociedad socialista– la inmensa mayoría de los delitos actuales tenderían a desaparecer y a extinguirse rápidamente, poniendo las bases para que la propia existencia de organismos represores y del Estado mismo sean innecesarios en la sociedad, y la población se habitúe, por la costumbre, a normas de convivencia sociales solidarias y fraternales que hagan innecesario ningún tipo de violencia, coerción ni represión.