Cuestión nacional
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Con la inhabilitación efectiva de Quim Torra, el Estado español vuelve a pisotear desvergonzadamente los derechos democráticos del pueblo catalán. Todos los demócratas en general y los revolucionarios en particular tenemos la obligación de responder a este ataque movilizándonos en las calles.

[CATALÀ]

Torra ha sido inhabilitado por colgar una pancarta en el Palacio de la Generalitat en solidaridad con los presos políticos durante las elecciones de abril de 2019. Las instituciones catalanas tienen todo el derecho a reivindicar a los presos políticos y no se puede hablar del "uso partidista" de la Generalitat cuando los representantes electos del pueblo catalán están en prisión, cuando la mitad de la población está silenciada por el Estado y se niega con mano de hierro el clamor de la autodeterminación. La Generalitat no sólo tiene el derecho, sino del deber, de protestar contra este estado de cosas. De hecho, si algo podemos criticar a Torra, es su inconsistencia en la lucha por los derechos democráticos: recordemos que finalmente retiró la pancarta, ¡aunque a ojos del Tribunal Supremo tardó demasiado! Esta inhabilitación es el último episodio en una larga lista de abusos, comenzando por la represión del 1 de Octubre, el 155, el encarcelamiento de la mayoría de miembros del antiguo govern y de los Jordis, el proceso contra los CDR, etc. El propio Torra fue escogido para la presidencia después de la inhabilitación de Sánchez y Turull.

De nuevo podemos apreciar el carácter profundamente reaccionario del régimen del 78, enemigo irreconciliable de la autodeterminación y de los derechos democráticos de los catalanes, vascos y gallegos. El aparato represivo del Estado, con su ideología neofranquista, es un fiel reflejo de la clase dominante a la que representa: una burguesía parasitaria y corrupta

hasta el tuétano, que sólo se puede sostener con la ayuda de la vara. Hay que señalar en particular el papel represivo de la Justicia, ese contubernio opaco y privilegiado de jueces, fiscales, magistrados, abogados del Estado y otros buitres, que disfraza su ideología reaccionaria con una pesada verborrea legalista. Hace tan sólo unos días se vanagloriaban de su política monárquica, pidiendo la presencia del rey (que les animó en su protesta) en la ceremonia de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Efectivamente, la monarquía es el vértice de esta pirámide represiva y corrupta que es el Estado español. Esta es la panda que ha inhabilitado a Torra, Nosotros tenemos profundas diferencias con Torra y su gobierno, pero quien tiene que ajustar cuentas con él no es la Justicia neofranquista del Estado, sino la juventud, los trabajadores y los republicanos e independentistas catalanes. La inhabilitación unánime por parte del Tribunal Supremo es al

mismo tiempo un ataque contra el gobierno central, que busca ganarse el apoyo independentista en el Congreso para los presupuestos con el indulto a los presos políticos. El Estado no puede tolerar ni siquiera la política timidísimamente izquierdista del gobierno central.

Dicho esto, el gobierno "más progresista de la historia" de la democracia española muestra de nuevo su cobardía ante el aparato represivo del Estado. Al abrazar con entusiasmo es statu quo, concretamente la Constitución del 78, aceptan que el margen de maniobra para reconducir la situación en Cataluña es extremadamente reducido y que ante sí la resistencia decidida de la burguesía y su aparato estatal. ¿Y qué hacen ante esta situación? ¡Entrar en conflicto con las altas esferas del sistema judicial por haber protegido al rey del odio del pueblo catalán la semana pasada! La purga de todos los elementos franquistas y reaccionarios de la judicatura es inconcebible para el gobierno "progresista", pese a su oposición firme y

descarada al gobierno central democráticamente elegido. Más aún, buscan enérgicamente la negociación para la renovación de la cúpula judicial con el PP. Del PSOE era totalmente esperable esta actitud, no de los dirigentes de UP. Estos se están comprometiendo sin remedio a los ojos de cada vez más trabajadores y jóvenes como la pata más izquierdista del régimen del 78.

Necesitamos una nueva dirección a la altura

Con el nuevo ataque a nuestros derechos democráticos, volvemos a ver que el Estado hará todo lo que sea necesario para silenciar al pueblo catalán y contener su anhelo de autodeterminación. Tenemos un enemigo poderoso y decidido. ¿Cómo combatirlo? Aunque nos solidarizamos con Torra y su gobierno ante los ataques de la reacción, la verdad es que a estos dirigentes les falta una estrategia a la altura para enfrentarse al Estado; antes al contrario, como quedó patente con la cuestión de las pancartas, y como evidencian los acontecimientos de los últimos tres años, Torra y compañía tienden a ceder ante la presión de Madrid con una rabieta. Es más, ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo, que todo el mundo sabía que iba a ser represiva, tanto JxCat como ERC han dedicado sus esfuerzos a mantener el camino de la responsabilidad: reparto de la Generalitat sin Torra y respuesta institucional. Incluso dirigentes locales de Òmnium y la ANC, organizaciones que en general han mantenido un apoyo firme a JxCat y ERC, ayer les dirigieron duras críticas, exigiendo la desobediencia a la sentencia o la exigencia de un cambio "radical". Y no podía ser de otra manera, ya que pese a las diferencias entre ambos partidos, su estrategia general es la misma: mantener el sillón, negociar con el Estado para reconducir por vías seguras el movimiento independentista, enviar a casa al pueblo que ha salido tantas veces decididamente a luchar por la República Catalana. Aun así, esta actitud no parte de rasgos accidentales o personales, sino del carácter de clase y político pequeñoburgués y reformista de los líderes de JxCat y ERC. El derecho de autodeterminación y el derrocamiento del régimen del 78 son tareas revolucionarias que los dirigentes de JxCat y ERC no pueden llevar a cabo, sólo pueden hacer demagogia.

Así pues, la tarea a la que nos enfrentamos como movimiento para lograr la república es arrebatar la dirección a los dirigentes miedosos y cobardes de JxCat y ERC, que nos han llevado a este atolladero con su demagogia. Esta disputa por la dirección del movimiento debe basarse sobre todo en un programa netamente revolucionario, que escore el eje social del movimiento republicano hacia la clase trabajadora y su eje político hacia la izquierda. Las partes fundamentales del programa tienen que basarse no sólo en la lucha contra el régimen del 78, sino también simultáneamente en la defensa de los intereses de la clase trabajadora: salarios dignos, mejora de las condiciones de trabajo, poner fin a todos los recortes y revertirlos, impago de la deuda, acceso universal a la vivienda, expropiación bajo control de los trabajadores de todas las empresas que cierren, expropiación de la sanidad privada, de las grandes energéticas, de los bancos y de las cien grandes empresas del país. Es decir, luchar contra el estado y también contra el sistema capitalista en que se sostiene.

Desde L'Octubre pensamos que esta es la tarea de la CUP y la izquierda independentista, del sindicalismo de clase, de los CDR y de todos los demócratas consecuentes de Cataluña. Particularmente en lo que respecta a la CUP no es suficiente utilizar las instituciones para presentar propuestas, tenemos que ir más allá y utilizar el altavoz del Parlamente y también el del Congreso para presentar un programa netamente revolucionario para acabar con el capitalismo. Además, pensamos que no es suficiente sumarse y ayudar a organizar las movilizaciones; los militantes de la CUP y la izquierda independentista tendrían que participar en las manifestaciones en bloque, repartiendo material con nuestras ideas y propuestas concretas y con altavoces para fomentar la propaganda y el debate. Las manifestaciones de los próximos días deben ser una palanca para relanzar el movimiento republicano sobre bases políticas radicalmente diferentes.

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