Educación - Movimiento Estudiantil
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

La izquierda debe legislar claramente para revertir la privatización desarrollada en todo el Estado - Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles andaluzas el miércoles 4 de marzo para defender la enseñanza pública, en el día de huelga convocado por la Plataforma de la Enseñanza Pública a la que se sumaron el resto de sindicatos docentes.

Por provincias –siempre según los datos de la Junta–, el paro ha logrado un mayor éxito "...en Cádiz, con un seguimiento del 26,5%; seguida de Granada, con un 26,3%; Almería (21,1%); Huelva (12,5%); Córdoba (12,1%); Jaén (10,3%); Sevilla (10%); y Málaga (8,2%)...".
Los datos de la Junta hay que multiplicarlos por dos, o por tres, según el caso. Estaríamos hablando de la mayor huelga del profesorado habida en Andalucía desde el 2012. El ambiente de cabreo era notorio entre los manifestantes. Explicamos el porqué.

El porqué de la movilización

El Decreto aprobado por la Junta determina que, a partir del próximo curso, en los municipios donde haya centros concertados, las familias contarán con la máxima puntuación posible para matricular a sus hijos en este tipo de centros, aun sin que se encuentre en su zona de residencia, lo que favorece que desde los centros concertados se pueda seleccionar claramente a su clientela en función de acoger a estudiantes con rentas más altas, menor fracaso educativo, etc.

Tradicionalmente, los estudiantes de entornos familiares estables y de clase media-alta, junto con los trabajadores con mejores ingresos, han sido una cantera habitual de la enseñanza privado-concertada. La LOMCE que aprobó el PP, que está a punto de ser sustituida por la nueva ley que propugna el gobierno PSOE-UP, la Ley Celaá (LOMLOE), definió que si había "demanda social", se podía incrementar indefinidamente las plazas concertadas. A este asidero legal se acoge el decreto andaluz para potenciar aún más la privatización de la enseñanza. 

El auge de la enseñanza privada

Cataluña y País Vasco, gobernadas la mayor parte del tiempo por la derecha nacionalista, fueron tradicionalmente los territorios clásicos donde se implantó con más fuerza la enseñanza concertada. En el resto del Estado, dentro de lo que ha sido la vida de nuestro estado autonómico, durante los últimos 25 años ha sido cuando la derecha accedió a mayores cuotas de poder a nivel estatal y regional, lo que coincidió en gran parte con el inicio del boom inmobiliario a finales de los 90 del siglo pasado, que ayudó a gestar un cambio social en el Estado español. Llegaron varios millones de trabajadores inmigrantes, fruto de la burbuja inmobiliaria. A lo largo de ese proceso, una pequeña parte de la clase trabajadora nativa se convirtió en clase media propietaria. En la época del boom, el crédito, el endeudamiento y la psicología de la clase dominante penetró con más fuerza entre la clase trabajadora, y el peso de la concertada subió en todos lados, partiendo de un nivel muy bajo, en particular en Andalucía. En este contexto, la "demanda social" de la concertada se incrementó ante la insuficiente financiación y deterioro de la pública. No por casualidad, durante el periodo mencionado ha sido en las regiones, provincias y comarcas del Estado español que más han crecido económicamente donde más se ha incrementado el peso de la enseñanza concertada. Al mismo tiempo, son las autonomías más pobres las que siguen teniendo más peso de la enseñanza pública: Extremadura, Canarias, Castilla la Mancha y Andalucía.

A día de hoy, mantener un centro concertado (sostenido con fondos públicos) le cuesta a la administración aproximadamente "un 70%" de lo que le cuesta mantener uno público. Los motivos son claros: el profesor en la privada gana menos; está obligado por sus patronos, en la práctica, a echar más horas. Es decir, con dinero público se incentiva una mayor explotación del trabajador.

Igualmente, los centros públicos tienen muchos más gastos que los concertados, debido a las mayores necesidades sociales de los alumnos que acoge. Todos los estudiantes con problemas acaban en la pública: los que tienen necesidades educativas especiales, sean físicas o psíquicas; los que tienen necesidades y problemáticas de tipo social: la inmensa mayor parte de las familias trabajadoras más humilde; la mayoría de los chicos con fracaso escolar, que son a su vez de barrios y familias obreras; la inmensa mayoría de los hijos de inmigrantes... Esto implica más clases de refuerzo que no se dan en la privado-concertada e invertir toda clase de recursos añadidos. Un ejemplo: en Málaga, todos los chicos sordos que estudian secundaria o ciclos de FP (que necesitan un intérprete de lengua de signos cada uno de ellos, más la atención, explicación y refuerzo de un profesor competente), están en la pública...

Por todo ello, la concertada es más "barata".

Las nuevas leyes educativas.

Ahora, en todo el Estado asistimos a un decrecimiento de la natalidad. En muchas provincias "sobran" unidades escolares, pues las autoridades educativas de cada comunidad autónoma (independientemente de su signo político) no se plantean aprovechar esta circunstancia para reducir drásticamente el ratio de alumno por aula para favorecer una enseñanza más personalizada y de mayor calidad.

En un contexto donde, a partir de la próxima recesión de la economía, vamos a volver a la política de ajuste, para la administración pública lo obvio sería cerrar plazas en la concertada y así ahorrar dinero que se le da a la privada. Eso es "obvio", apostillamos, con una cierta mentalidad de izquierdas. En esa línea va el acuerdo de presupuestos al que llegó En Comú con ERC (en representación del gobierno catalán), que favorecerá que las escuelas que más alumnos en situación de vulnerabilidad acojan, recibirán más medios económicos, al mismo tiempo que quita las subvenciones a los centros que segregan a los chicos por sexo.

A nivel estatal, la nueva Ley Celaá, en tramitación, recuperará para el Estado (para cada administración autónomica) la capacidad de decidir la adscripción de los alumnos a los centros. Es un paso adelante, pero desgraciadamente permitirá que cada administración, en última instancia, haga lo que considere (es muy difícil que el PNV transija en esto). A no ser que el gobierno, para aprobar esta ley, considere apoyarse tan sólo en el BNG, BILDU y la CUP, además de ERC. No lo parece. Si esto es así, si la nueva legislación, como Ley Orgánica que es de obligado cumplimiento en cada autonomía, no obliga a todas las comunidades a disminuir el peso de la concertada (cosa que podría hacerse si hubiera voluntad política por parte de UP-PSOE), seguirá dándose la política de "manga ancha" actual, que permitirá al trifachito seguir haciendo lo que ya ha empezado en Andalucía. En caso contrario, si el gobierno de UP-PSOE optara por realizar una política coherente con los intereses de quienes le votaron, nuevamente podría tomar nota de Cataluña, donde existe un decreto desde hace dos años que permite que centros concertados pasen a la red pública. Dos institutos han pasado ya a lo largo del presente curso a ser públicos y una veintena están negociando el posible pase. 

Sí se puede hacer retroceder al trifachito

A pesar de que la preparación sindical de la movilización del 4 de marzo fue bastante mejorable, con pocas asambleas realizadas en los centros de estudio, el paro entre los docentes fue importante. Y esto se debe a que empieza a haber conciencia de que si los planes de Junta se llevan adelante, se empezarían a cerrar centros de estudio a decenas en el conjunto de la región desde inicios del curso próximo. No es una exageración: algunos sindicatos hablan de una reducción de lineas, entre cierres totales y cierres en favor de la concertada, de entre el 20 y 25% en un par de cursos.

Esto liquidaría, para empezar, las plazas de todos los interinos actuales, y desplazaría a centenares y centenares de funcionarios. Por eso, hasta los sindicatos más corporativos, como ANPE y CSIF, convocaron huelga el 4 de marzo. Por eso, ahora hay una buena oportunidad para ligar la defensa del puesto de trabajo a la defensa del modelo ideológico de enseñanza que defendemos desde la izquierda, ampliando la base de apoyo ideológica de la escuela pública en un sector tan corporativo como es la enseñanza. Por eso las movilizaciones deben ser lo más unitarias posibles. Por todo esto, en fin, entre profesores y maestros todavía hay capacidad para incrementar aún más el grado de movilización. Esta movilización puede tener un recorrido largo y la Junta se podría enfrentar a un movimiento de masas en Andalucía. Depende de que los sindicatos pongan la carne en el asador, amplíen reivindicaciones para sumar a toda la comunidad educativa y luchen por generar un ambiente entre la mayoría trabajadora que ahora mismo es ajena al conflicto.
Después de las manifestaciones, donde se echaron en falta a muchos más padres y estudiantes, bastantes docentes pensarán que ellos solos no pueden sostener esta movilización. Y es cierto. Ahora mismo, sin una mayor organización y conocimiento de este problema fuera de los centros de estudio, para generar una auténtica convulsión social en Andalucía, no puede realizarse de forma rutinaria una convocatoria de huelga cada quince días. Se retrocedería en el seguimiento de la misma, sería un error.

La siguiente movilización podría ser una jornada de manifestaciones en cada provincia, por la tarde, bien convocada y con mucha mayor información. El implicar a las AMPAS, a asociaciones estudiantiles y a toda la izquierda se revela como algo fundamental. Toda la izquierda política, sindical y social debe estar unida. Derrotar al trifachito en este tema, cosa que insistimos, sí se puede hacer, puede pararle los pies en otros aspectos al gobierno de la reacción.   

Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: contacto@luchadeclases.org

Para conocer más de “Lucha de Clases”, entra a este enlace

Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí