Análisis Político
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El pasado 20 de noviembre el gobierno decidió encarcelar de forma ilegal a casi 600 personas provenientes de Argelia, cuya única intención es empezar una nueva vida. Fueron encarceladas en la cárcel de Archidona, todavía sin estrenar. Transcurrido todo este tiempo hemos podido ver cómo el gobierno del Partido Popular se ha seguido saltando las leyes en numerosas veces y los tratos inhumanos que han recibido estas personas.

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Concentración en Málaga el 30 de diciembre (foto de Larissa Saud)

Tras las numerosas protestas y el escándalo social, desde numerosos medios se intentó poner a la opinión pública en contra de estas personas, publicando imágenes donde se podían ver supuestos destrozos provocados por las personas encarceladas. Nos querían vender que estas personas vivían como reyes y esta era la forma cómo nos lo agradecían. Días más tardes nos enteramos que esto para nada era así. Estas personas llevaban todavía la misma ropa con la que llegaron a España, la cárcel carecía de calefacción, el agua no era potable y además no siempre llegaba el agua caliente. También carecían de medios médicos suficientes y solo disponían de un solo intérprete para todas las personas. A día de hoy se desconoce si se han solucionado todas estas deficiencias.

Se ha constatado que en la cárcel se han internado a menores de edad, cosa prohibida por la ley, ya que esta prohíbe que menores de edad se han internados tanto en cárceles como en CIES y además también anula su proceso de expulsión del país, y puede ser que el gobierno haya expulsado a varios de ellos.

A lo largo de estos días han circulado por las redes imágenes y vídeos del trato que están recibiendo allí dentro. Podemos ver a los antidisturbios cargando contra ellos, siendo golpeados y arrastrados por el suelo. Además hace una semana tuvimos la triste noticia del supuesto suicidio de uno de ellos. Esta persona se llamaba Bouderbala Mohammed y tenía 36 años. Según el gobierno se suicidó con una sábana en su celda (aunque el gobierno se niega a llamarlas celdas) cuando quedaban pocos días para su deportación. La autopsia realizada parece ser que confirma el suicidio aunque el informe de esta todavía no ha sido publicado y el hermano del fallecido (al cual todavía no le han permitido ver el cuerpo de su hermano) ya ha reclamado poder acceder al informe de esta y que se realice una autopsia independiente. Este también pone en duda que su hermano se halla suicidado. Aunque finalmente el juez ha archivado el caso y sin atender a las peticiones de la familia.
Varias asociaciones han pedido la paralización de las deportaciones, ya que podría haber testigos de lo ocurrido, pero estas se han seguido produciendo y curiosamente se han acelerado. Tan de moda que está últimamente para el gobierno de recurrir a la legalidad, parece que en estos casos se le ha olvidado.

Se ha creado la Plataforma Ciudadana Contra el CIE de Archidona, la cual está haciendo una gran labor manteniéndonos informados de las últimas noticias y haciendo todo lo posible por estas personas. Esta plataforma ha convocado concentraciones contra esta situación en la puerta de la cárcel de Archidona, con asistencia de activistas de Granada y otros puntos de Andalucía, y en la Plaza de la Merced de Málaga. Así mismo, ha habido concentraciones contra el encierro de los 600 de Archidona y por el cierre de los CIES en Madrid y otros puntos del Estado.

Independientemente de lo que diga la ley, no es justo encarcelar a unas personas que se han jugado la vida en venir a nuestro país para empezar una nueva. Tampoco es moral el trato vejatorio que están recibiendo allí dentro. No se ha tocado el tema de los CIES, pero darían para otro artículo para denunciar la inmoralidad de estos centros y las irregularidades que se cometen en ellos.
Y para terminar una reflexión. ¿Cuál sería la situación de estas personas si su clase social o nivel económico fuera otro? Sacad vuestras propias conclusiones.