La corrupción extrema que exhala el Partido Popular se ha convertido en un elemento principal de la crisis de régimen que atraviesa el Estado español. La última trama que ha saltado a la luz –la llamada “operación Lezo”– ha golpeado de lleno en el aparato judicial, al desvelar los mecanismos utilizados por el gobierno para influir en el nombramiento de jueces y fiscales a fin de limitar, ocultar o paralizar las investigaciones de las tramas corruptas en que está implicado el PP.

 

El próximo 21 de mayo los afiliados del PSOE elegirán a su nuevo Secretario General. La consulta actual coincide con momentos de profunda crisis en el apoyo a la Socialdemocracia y con los peores resultados electorales desde 1977. El voto socialista se ha desplomado, pasando de los 11,3 millones de 2008 a 5,4 millones el 26J de 2016.

infanta Cristina imputada caso NoosLa clase trabajadora del Estado Español ha aprendido más sobre la naturaleza del Estado en febrero de 2017 que si hubiera leído el clásico de Lenin El Estado y la revolución. La concatenación de noticias relacionadas con la Justicia vuelve a poner a las claras el funcionamiento de ésta al servicio de la clase dominante y cómo se usa para reprimir la disidencia y las luchas de la clase trabajadora.

Que España es una democracia limitada, vigilada y tutelada ya lo sabíamos. Desde que estalló la crisis del régimen del 78 esto se ha hecho mucho más evidente para la mayoría de la población. Desde que empezó dicha crisis, ante el auge de la lucha de clases, el gobierno y el aparato del Estado han puesto a punto la maquinaria represiva para blindarse.

La condena de un año de cárcel, y siete de inhabilitación absoluta, a Cassandra Vera por tuitear chistes sobre el atentado a Carrero Blanco, vuelve a destapar los vínculos del aparato del Estado con el Franquismo, así como los efectos de la legislación represiva que, con la excusa de la lucha contra ETA, pusieron en marcha los gobiernos del PP y el PSOE en las últimas décadas.