Economía
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La privatización de Bankia a favor de CaixaBank es un regalo escandaloso a la oligarquía financiera española, a través de una absorción que le saldrá prácticamente gratis a la entidad catalana, un firme baluarte del Ibex35 y del unionismo españolista. A fines de 2017, CaixaBank trasladó su sede central de Barcelona a Valencia, como una forma de presionar contra el Procés.

Bankia, cuyo pivote central era la antigua Caja Madrid, fue rescatada en los años de crisis 2008-2010 por 23.000 millones de euros públicos, de los que sólo se han restituido unos 3.000 millones. Estos miles de millones de euros, junto con los otros 42.000 millones de euros empleados en rescatar al resto del sector bancario, se tradujeron en sangre, sudor y lágrimas para las familias trabajadoras en los años siguientes, a través de desahucios, suicidios, recortes sociales y austeridad.

El gobierno, ni siquiera puede argüir que Bankia daba pérdidas, en 2019 consiguió beneficios de 541 millones de euros. Tenemos así un nuevo caso de socialismo para ricos: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias para la minoría de potentados que gobierna la sociedad en la sombra.

El Estado, con el 60% del capital accionarial, tenía el dominio absoluto de esta entidad, que poseía 219.000 millones de euros en activos. En lugar de emplear las decenas de miles de millones que atesora Bankia en depósitos en inversión pública e iniciativas productivas estatales de interés social, se los deriva a los cofres de los banqueros parásitos ávidos de codicia.

Lo más escandaloso de esta operación es que ni siquiera ha pasado por el Consejo de Ministros para su aprobación, quizás para evitar la vergüenza a los ministros de Unidos Podemos de tener que votar a favor de la misma. La operación ha sido dirigida e impulsada personalmente por la ministra de Economía, Nadia Calviño, la agente más entusiasta del Ibex35 en el gobierno “progresista”.

La “fusión” de CaixaBank y Bankia; en rigor, una absorción de la segunda por la primera, supone  incorporar a Caixabank las 2.267 sucursales de Bankia, muchas de ellas propiedades de la entidad que supondrán un jugoso negocio inmobiliario incorporado a la operación con la venta masiva de oficinas. CaixaBank ya ha anunciado que se cerrarán unas 1000 sucursales de la entidad resultante y el despido de unos 7.000 trabajadores, sin contar los 4.000 despidos ya producidos este año como consecuencia de los ERES aplicados. Todo esto supondrá un aluvión de millones de euros a las arcas de CaixaBank.

El Estado no recibirá un solo euro por la operación, simplemente canjeará el 60% de las acciones que tenía en Bankia por el 16% de la nueva entidad. Las familias trabajadoras debemos aceptar que los 20.000 millones de euros que Bankia tiene pendiente de devolver al Estado jamás volverán. Posiblemente, en los próximos años el Estado irá desprendiéndose de sus acciones, una vez pase la euforia alcista generada por la fusión, por apenas un puñado de euros.  Como ya afirmaba Marx en El Manifiesto Comunista, cualquier gobierno que acepte administrar el sistema capitalista, indefectiblemente termina actuando como una junta que administra los intereses comunes de la burguesía, no importa que actúe bajo la marca PSOE-UP.

Lamentablemente, la respuesta de los sindicatos a esta absorción ha sido muy tibia, aceptándolo con resignación, en lugar de haber movilizado a los trabajadores del sector a favor de una banca pública y contra la destrucción de los puestos de trabajo.

Como decíamos, el coste de la “fusión” para CaixaBank será mínimo. Habrá una ampliación de capital de 2.000 millones de euros que se conseguirán con la afluencia de nuevos accionistas. Y se plantea un “coste reestructuración” de 2.200 millones de euros. Pero, ojo, esto no significa que CaixaBank invierta ese dinero para “sanear” la antigua Bankia. Como se apresura a aclarar eldiario.es: “Si bien, [Caixabank] pretende amortizar este coste mediante un ajuste contable, conocido en la jerga financiera como badwill, que se produce cuando el valor contable de lo que se adquiere es menor al precio pagado, algo que ocurre en Bankia”. Es decir, simplemente cambiarán los balances sobre el papel sin aportar un solo euro.

La única inversión real de Criteria, el accionista mayoritario de Caixabank que posee el 40% de las acciones de la antigua compañía, será un gasto de 52 millones de euros para adquirir 25 millones de acciones de la nueva entidad que le garanticen una mayoría accionarial del 30%. No está mal el “pelotazo”: suelto 52 millones y me llevo 541 millones (los beneficios de Bankia en 2019), además de incontables propiedades inmuebles y cientos de miles de nuevos clientes. Si esto no es el chollo del siglo ¿cómo denominarlo? Quizás, ¿el saqueo del siglo al Estado y a las familias trabajadoras?

La nueva entidad resultante, que conservará el nombre de Caixabank, se sitúa ahora como la principal entidad financiera española,Tendrá, en un primer momento,  6.700 oficinas, frente a poco más de 3.000 del Banco de Santander y BBVA, 51.000 empleados, acumulará el 33% de los fondos de pensiones privados, el 30% del negocio de los seguros, el 28% del negocio hipotecario, el 25% del crédito, el 25% de los fondos de inversión y el 24% de los depósitos. Sumará 664.000 millones de euros en activos.

La banca privada no juega ningún papel progresista en la sociedad. Viven de la usura, pura y simplemente. Acumulan cientos de miles de millones de euros en depósitos que, empleados productivamente en interés social siguiendo un plan de desarrollo estatal, serían una palanca formidable para el avance del país y para comenzar a resolver los acuciantes problemas de las familias trabajadoras. Lo que se necesita es unificar todo el negocio bancario en una sola entidad pública, a través de la nacionalización del sistema financiero, sin indemnización salvo a los pequeños accionistas que tienen depositados ahí sus ahorros personales –una parte muy pequeña del capital accionarial de estas entidades– y bajo el control de los trabajadores.

(Imagen: Wikimedia Commons)

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